Policías de Alvarado, todavía utilizan resorteras contra el crimen

La Policía Municipal de Alvarado sigue prestando funciones de seguridad armada con resorteras, utilizando piedras como municiones, y no existe fecha para que el Gobierno del Estado regrese el armamento asegurado el 24 de julio pasado por la supuesta falta de licencia de los elementos para su portación.

El presidente municipal Bogar Ruiz Rosas aseveró que la administración estatal incumplió con un acuerdo que se había logrado luego de que intervino y desarmó a los elementos locales, para que recibiera la documentación que acreditaba a un cuarto de los elementos de la corporación para poder hacer uso de su arma asignada.

El edil detalló que en ese entonces se determinó que el proceso para realizar la comprobación y continuar con la certificación del resto de los elementos sería el 2 de julio, un día después de las votaciones, para evitar que el tema pudiera ser politizado.

Sin embargo, afirmó que así lo ha hecho la administración estatal, que después de eso se ha negado a recibir la documentación comprobatoria para regresar el armamento a 40 policías municipales acreditados.

"Cuando recibí el municipio contaba con una policía de 40 elementos, éstos estaban acreditados conforme a los lineamientos estatales y federales, pero vimos que eran muy pocos y por eso crecimos la Policía Municipal a 120 elementos, obviamente los nuevos elementos al no estar acreditados no contaban con armas asignadas, pero ahora el Gobierno del Estado no quiere que resolvamos el problema" Bogar Ruiz Rosas, presidente municipal de Alvarado.

ABUSOS

En un comunicado emitido el viernes 20 de julio entre la población de Alvarado, el Ayuntamiento se deslindó de las acciones realizadas por elementos de la Policía Estatal y de la Fuerza Civil, que llevan a cabo la vigilancia del municipio desde hace casi un mes.

En el escrito difundido principalmente en redes sociales se indica: “Hemos recibido un sinfín de quejas de diversas zonas de nuestro municipio, relacionadas con actos de abuso de autoridad y amedrentamientos".

El presidente nacional de la Asociación de Consejos de Participación Ciudadana, Arturo Matiello Canales, aseveró que los únicos afectados en este caso son los ciudadanos, ya no existe seriedad en la estrategia de seguridad. Afirmó que existe una clara intención, de ambas partes, de politizar el asunto, lejos de buscar una solución inmediata.

Matiello Canales señaló que para poner fin a la disputa basta con que el Ayuntamiento muestre la documentación que acredite la certificación de los elementos y que el gobierno estatal brinde las condiciones para la operación de un cuerpo local de seguridad.

CASO POSITIVO
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, Luis Alberto Martín Capistrán, coincidió en que existe un ánimo por politizar el tema en ambos gobiernos, tanto en el municipal como en el estatal. Sin embargo, dijo, es un asunto que tiene como única solución la vía legal, para lo cual es necesario hacer a un lado las diferencias.

Dijo que si bien no existe una violación a la autonomía municipal, como afirma el alcalde Bogar Ruiz, tampoco se observa que se estén dando condiciones propicias para la acreditación de la policía.

“Creo que la política en el estado de Veracruz está permeado en casi todo, por eso estamos pensando que los casos políticos se debe dejar a los partidos, pero temas de legalidad se deben atender únicamente en el marco de derecho”, declaró.

Pese a lo anterior, Martín Capistrán indicó que es la oportunidad para iniciar una depuración profunda de la policía, en un municipio como Alvarado, que es el segundo más grande en extensión territorial y con comunidades dispersas.

“Creo que en principio lo que pasó es que se detectó que eran más los policías no acreditados que los acreditados, entonces es la oportunidad para poder certificar a toda la policía en su conjunto”, declaró.