En septiembre entra en vigor la Ley de Desaparición de Personas

La Ley Número 677 en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz ha sido publicada en la Gaceta Oficial del Estado, y entrará en vigor en un plazo de 30 días.

La presente Ley tiene por objeto:

I. Establecer las distribución de competencias y las formas de coordinación entre el Estado y sus municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias para buscar a las Personas Desaparecidas y No Localizadas, y esclarecer los hechos; así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados señalados por la Ley General;

II. Establecer el Mecanismo Estatal de Coordinación en materia de Búsqueda de Personas;

III. Crear la Comisión Estatal de Búsqueda;

IV. Garantizar la protección integral de los derechos de las Personas Desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la atención, la asistencia, la protección y, en su caso, la reparación integral y las garantías de no repetición, en términos de esta Ley y la legislación aplicable; y

V. Garantizar la participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas; así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir Información, aportar indicios o evidencias, de acuerdo a los lineamientos y protocolos emitidos por el Sistema Nacional.

A partir de hoy y en tanto la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia no emita el protocolo homologado como lo establece la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Fiscalía General del Estado deberá cumplir con las obligaciones de búsqueda conforme a los ordenamientos que se hayan expedido con anterioridad, siempre que no se opongan a la Ley.

La Fiscalía, además de los protocolos previstos en la Ley General, continuará aplicando los protocolos existentes de búsqueda de personas en situación de vulnerabilidad.