Fiscalía de Veracruz sí busca desaparecidas… siempre y cuando sean mascotas de funcionarios

En diciembre de 2017, con aprobación del fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler, se realizó un operativo para la búsqueda, localización y procesamiento… del perrito de la mamá de Elías Assad Danini, coordinador de la oficina de Comunicación Social del gobierno de Miguel Ángel Yunes.

Mercedes Adriana, de 19 años de edad, era la trabajadora doméstica que también cuidaba de la madre de Assad Danini y de su perro en el fraccionamiento exclusivo Costa de Oro, en Boca del Río, Veracruz. De acuerdo a La Jornada, Mercedes renunció en diciembre luego “de años de maltrato” y regresó a Tenampa, comunidad de la que es originaria.

A los pocos días, la policía ministerial la arrestó en su domicilio en Tenampa, la Fiscalía había integrado una carpeta de ella, sus familiares, amigos y conocidos, además de su uso de redes sociales y su número de teléfono. ¿Su crimen? La acusaban de haberse robado al perrito de la madre del funcionario.

A pesar de que lo negó todo el tiempo, la acusación y la carpeta de su contra no desapareció.

La Fiscalía lanzó un operativo especial: varios oficiales y agentes de la FGE se encargaron de la investigación, la geolocalización de Mercedes Adriana y la revisión de sus redes sociales. ¿Apareció el perrito? Quizá eso fuera lo de menos. (Vía: El Universal)

Marcela, la trabajadora doméstica fue procesada como presunta culpable de robo y, aunque fuera liberada, quedó un expediente con su nombre en la Fiscalía del estado.

Sin derechos laborales e ignorando por completo sus derechos humanos, la FGE de Veracruz se lanzó contra la trabajadora doméstica simplemente por la acusación de su empleadora, madre de un funcionario del gobierno estatal.

Casos como el de Marcela no son extraños: basta la acusación de los empleadores para que sean detenidas y procesadas sin ninguna otra prueba. En su caso, no bastó que lo negara, que mostrara sus pertenencias y que hasta se buscara dentro de su casa en Tenampa, igualmente fue procesada.

El gobierno de Veracruz tiene una larga lista pendiente: hasta el momento, la cifra oficial de desaparecidos en el estado, según la FGE, es de cuatro mil, pero organizaciones civiles señalan que podrían ser hasta siete mil; al mismo tiempo, aparecen nuevas fosas comunes con cientos de cuerpos que no han podido ser reconocidos, y, en general, la violencia en el estado parece cada día más fuera de control.

Al mismo tiempo, esa misma Fiscalía a la que se le exige que encuentre a los desaparecidos parece enfocada exclusivamente en el caso Duarte: la persecución de una condena que se le está escapando a la PGR y que la fiscalía estatal no logra consolidar. Esta atención a unos temas y el completo olvido de otros se ha convertido en una acusación de ejercicio “selectivo” de la justicia en el estado. (Vía: La Jornada Veracruz)