Frustran fraude de Javier Duarte, pero quiebran a pequeños proveedores

El ex gobernador intentó pagar una deuda con dinero de impuestos. Yunes alega que en la lista hay empresas fantasma y prestanombres; los afectados reclaman 580 millones, pero éste sólo reconoce 426 que, de igual forma, se rehúsa a pagar.

Antes de dejar el poder, el ex gobernador priista de Veracruz, Javier Duarte, intentó orquestar un gran robo. Otro más, adicional a los que le imputan y que lo tienen en prisión. Se trataba de su último hurto, en este caso por más de 11 mil millones de pesos.

¿Cómo lo orquestó? A través de deudas falsas mezcladas con deudas reales que, mediante un decreto, ordenó pagar con impuestos. Eso es lo que afirma a MILENIO el actual gobernador veracruzano, Miguel Ángel Yunes: “Duarte quiso hacer lo que yo denominé "un fraude transexenal".

Lo que hicieron fue enviar a la legislatura, los últimos meses de Duarte, una relación de empresarios a los que se les adeudaba. En este listado se encontraban nada más nombres de personas y el monto que se les adeudaba, pero no se decía por qué”, cuenta el mandatario panista, quien exigió a los supuestos acreedores que subieran a un portal la documentación que acreditara sus reclamos, pero los amenazó: quien pidiera un pago no justificado, sería perseguido judicialmente.

Hasta hoy, según Yunes, los acreedores verdaderos (407, de acuerdo con su conteo) solo han comprobado, con mil 500 facturas, un adeudo del gobierno por 426 millones de pesos. Y aún así, el gobernador se ha negado a pagarles un peso; dice que hay otras prioridades.

Algunos empresarios (85) se organizaron y han documentando ,afirman, que hay una deuda con ellos de 580 millones de pesos. Tampoco les ha pagado el gobierno de Yunes. El próximo gobernador, Cuitláhuac García, que toma posesión el sábado, calcula, de acuerdo con la información que ha recibido durante el periodo de transición, que la deuda es en realidad de mil millones de pesos: “El hecho es que no pagó ninguno de los dos, ni Duarte ni Yunes. Hay opacidad. No se quiere dar a conocer. Habrá que revisar lo que se entrega, los registros y todos los elementos comprobatorios de los servicios que se prestaron y no se pagaron”, agrega en entrevista con MILENIO el político de Morena.

Pero él también sospecha de Yunes, de que el actual gobernador pudo haber actuado de forma similar a la de Duarte: "Vamos a volver a revisar, porque también podríamos tener la sospecha de que metieron recientemente (Yunes y sus funcionarios) a otros (supuestos deudores) con los que no tenía deudas el gobierno", dice.

¿Y el resto de la supuesta deuda, 10 mil millones de pesos, los que intentó pagar Duarte a supuestos proveedores y contratistas? Ese sería el intento de gran robo final del ex gobernador, según Yunes, pero el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) no sabe si se trata de deuda real o de empresas fantasma y prestanombres del ex gobernador, y tampoco sabe de qué monto sería, por lo cual instó al gobierno de Yunes a dejar las cuentas claras antes de abandonar el poder, cosa que hasta hoy ya no sucedió: “Lo pedimos en 2016 y 2017. ¿Qué pedimos para 2018? Que ya se sepa realmente cuánto es lo que se debe y cuánto es lo que no se debe”, explica Lorenzo Antonio Portilla, titular del Orfis, en charla con este diario.

El asunto se complica más porque en las oficinas del gobierno actual no hay documentos que respalden el adeudo, solo existe la palabra de Duarte, a través del decreto con el que intentó que se pagara a los supuestos acreedores por medio de dos fideicomisos y con dinero de impuestos.

En medio de la confusión hay un grupo de empresarios afectados que reclaman porque, desde 2012, nadie les ha pagado los productos y servicios que afirman haber prestado al gobierno estatal y porque esa deuda ,aseguran, los ha metido en problemas económicos serios. Enojados, porque consideran que Yunes los acusa de ser "empresarios fantasma" y "cómplices de Duarte" con el propósito de no pagarles, han hecho protestas en la capital veracruzana, Xalapa. Con el membrete de la asociación civil "Empresas SOS", en julio colocaron frente al Palacio de Gobierno un reloj digital que marca la cuenta regresiva del gobierno de dos años de Yunes, que concluirá este 30 de noviembre.

UNA DEUDA OSCURA

Los supuestos adeudos a proveedores y contratistas durante el sexenio 2010-2016 no era un tema que el ex gobernador Duarte ocultara: meses antes de irse, el 21 de julio de 2016, determinó, a través de un decreto publicado en la Gaceta Oficial del estado, que había una deuda con… dos mil 216 proveedores y 793 contratistas, que supuestamente prestaron servicios a 19 dependencias, por un monto de 11 mil 38 millones 504 mil pesos.

Duarte publicó las listas con nombres y cantidades de esos supuestos adeudos. Para pagarles, ordenó algo peculiar, inusual, a través de decreto: crear dos fideicomisos con los recursos recaudados… del impuesto sobre la nómina. Pero como se fue del estado en octubre de ese año ese decreto no surtió efectos, no se implementó. En 2017, Yunes lo desconoció: "Descubrimos que la mayor parte o casi todos los que estaban ahí eran cómplices de Duarte", asegura.

Según él, con una revisión aleatoria se identificó rápidamente a supuestos prestanombres de ex funcionarios cercanos a Duarte. "Por ejemplo, había un individuo... Raúl Hernández algo, persona física a la que se le debían 72 millones de pesos y a quien la legislatura, de la manera más arbitraria, dijo: "Se le deben y páguese con cargo al impuesto a la nómina". Este señor era el representante legal de Arturo Bermúdez Zurita, actualmente en la cárcel, ex secretario de Seguridad Pública de Duarte, y aparecía cinco o seis veces en distintas dependencias", relata.

Con base en ese caso, Yunes generalizó y consideró que todos los proveedores mencionados en la lista eran "cómplices de Duarte", incluidos quienes hoy conforman la asociación "Empresas SOS" y que han documentado sus deudas. Para, supuestamente, evitar el probable mega-fraude, Yunes ordenó la creación de una plataforma digital en la página de la Secretaría de Finanzas y Planeación, a fin de que los supuestos acreedores exhibieran documentos que respaldaran la deuda que reclamaban.

"Que todas aquellas personas físicas o morales que consideraban que el gobierno del estado les debía algo, acudieran a Finanzas y se siguiera un proceso totalmente transparente y limpio, de tal manera que llegáramos a la conclusión de a quiénes sí debíamos y a quiénes no", explica Yunes. Pero hubo una amenaza. El nuevo acuerdo fue publicado el 27 de septiembre de 2017 y se advirtió que si alguien, persona física o moral, trataba de cobrar “indebidamente”, podría ser denunciado ante la Fiscalía General del Estado "por una tentativa de fraude al gobierno estatal".