Veracruz con focos rojos en deuda pública

Para las nueve entidades federativas que registraron elecciones en gubernatura y Jefatura de Gobierno el pasado domingo, la deuda pública representa lecturas distintas.

Es decir, para algunos territorios este indicador es un problema que heredan a las siguientes administraciones, ya sea por monto, dinámica, plazo de pago o tasa de interés, y para otros, simplemente no significa un tema de preocupación.

Del grupo de estados citados, se prenden alarmas en Veracruz y Chiapas. El primero ostenta un saldo de obligaciones financieras por 47,940.8 millones de pesos a marzo de este año, un monto superado sólo por la Ciudad de México (76,940.5 millones) en el conjunto de entidades con elección a gobernador y cuarto lugar a nivel nacional (detrás de la capital, Nuevo León y Chihuahua), de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La deuda veracruzana creció 19.8% entre el cierre del 2012 y el primer trimestre del 2018. Además, el gobierno estatal exhibe la primer posición —de las nueve entidades analizadas— en dos variables de endeudamiento: plazo promedio de vencimiento ponderado por el monto de los financiamientos (20.5 años) y tasa de interés promedio ponderada (8.98 por ciento).

Lo anterior simboliza tardar más tiempo para pagar sus obligaciones y un costo más elevado de las mismas, sumando que será mayor por el incremento de la tasa de referencia del Banco de México, la cual se ubicó en 7.75 por ciento.

A este panorama se añade que, en el Sistema de Alertas de la SHCP, Veracruz se coloca en semáforo amarillo (endeudamiento en observación), —único del grupo— por lo que su techo de financiamiento neto para el actual ejercicio fiscal es de máximo 5.0% de los Ingresos de Libre Disposición.

En Chiapas, la deuda total asciende a 22,056.1 millones de pesos, la cual aumentó 34.4% en el lapso de estudio; presentó un plazo promedio de vencimiento de 17.9 años y una tasa de interés de 7.92 por ciento.

La actividad económica de ambos territorios está en fase recesiva, por lo que reciben menos recursos federales por medio de las participaciones y por ende, resulta más complicado dejar de endeudarse por la escasez de ingresos.

Raymundo Tenorio Aguilar, especialista del Tecnológico de Monterrey, comentó que la renegociación de la deuda a plazos más largos en Veracruz garantizó trasferencias futuras, además de los elevados intereses, riegos grandes para el estado.

“En la entidad, sus niveles de pobreza, el crecimiento acelerado de sus compromisos, el plazo a pagar y que se estén dirigiendo recursos a refinanciamientos, así como a cubrir insuficiencias de liquidez, provocan que el servicio de la deuda sea un problema”, explicó Eufemia Basilio Morales, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sobre Chiapas, Kristobal Meléndez Aguilar, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), aclaró que si bien las obligaciones financieras son menores respecto a otros estados, preocupa que la pobreza dificulte el pago, ya que liquidar deuda necesita mayor capacidad recaudatoria local.

“El rezago de la entidad hace complicado elevar los impuestos y difícil reducir lo más pronto posible una deuda cuando la tasa de interés está subiendo, representando más presión para el gobierno estatal”, aseveró.

Atención
Los focos de atención son para Morelos y Tabasco, que si bien cuentan con bajos saldos de financiamientos (a marzo de este año por 6,577.8 y 5,470.4 millones de pesos, respectivamente) y plazos de pagos de 10.9 y 11.8 años cada uno, los problemas se podrían presentar en un futuro cercano.

Por un lado, la ventaja de la economía morelense es su tendencia de aceleración, pero la reconstrucción por el sismo de septiembre pasado obligó a la entidad a endeudarse; la atención se enfoca en el aumento de sus obligaciones financieras (129.1% entre el cierre del 2012 y el primer trimestre del 2018) y la elevada tasa de interés (8.88 por ciento).

En comparación con las otras entidades, en Tabasco juega a favor la tasa de interés (7.65%), el monto e incremento de la deuda (13.4%) y el plazo de pago citados; sin embargo, la recesión económica que vive por la crisis petrolera seguirá mermando la entrada de recursos públicos.

La investigadora de la UNAM indicó que la preocupación radica en que el destino de las obligaciones sea refinanciamiento y cubrir insuficiencias de liquidez, rubros que no inciden en el beneficio social.

En observación
En la Ciudad de México, Jalisco y Yucatán, la deuda no es su principal problema, aunque por algunos factores deberán observar su funcionamiento.

En la capital los resultados fueron los siguientes: saldo de 76,940.5 millones de peso (el mayor en el país), aumento de la deuda de 30.9%, plazo de 14.9 años y tasa de interés de 7.82%; su economía desaceleró en gran medida por el sismo de septiembre del 2017, pero sólo se espera la reactivación de la entidad que aporta una quinta parte del Producto Interno Bruto nacional.

Jalisco registra un crecimiento sostenido de su actividad económica y sólo ascendió su deuda 4.3% en el periodo de análisis, la cual llegó a 27,146.1 millones de pesos; la tasa de interés promedio ponderada de sus financiamientos fue de 8.57 por ciento.

Mientras Yucatán ostenta el monto más bajo de obligaciones de las nueve entidades consideradas, con 3,973.8%, no obstante, éstas mostraron un aumento de 63.8 por ciento.

El analista del CIEP puntualizó que la capital del país y Jalisco cuentan con una población más alta en comparación con otras, entonces el cálculo de la deuda per cápita da un nivel más bajo, además de que su recaudación es elevada, lo que facilita el pago de financiamientos.

“Sin embargo, el incremento a la tasa de interés del Banco de México podría afectarlos de manera importante”, agregó.

“Yucatán, por lo menos en los últimos cinco años, ha mostrado un dinamismo de actividades en comercio, sector inmobiliario y de alquiler, construcción, industria alimentaria, por lo que el servicio de la deuda no representa un problema tan fuerte”, señaló Basilio Morales.

Sin preocupaciones
Puebla y Guanajuato, con saldos de 7,812.6 y 6,525.4 millones de pesos, respectivamente, no representan riesgos en la materia, ya que fueron los únicos estados que redujeron su deuda 14.3 y 19.2%, en ese orden.

Kristobal Meléndez dijo que las características del endeudamiento poblano son más favorables, “de alguna forma, la entidad se verá afectada por las tasas de interés, aunque cuenta con más mecanismos para salir adelante, pues ha hecho presupuestos sostenibles y registra crecimiento automotriz”.

“Guanajuato, al pertenecer al dinamismo industrial de la zona del Bajío, decidió ya no endeudarse, además de que la entidad recibió inversión tanto pública como privada, por lo que no tuvo necesidad de recurrir a esta herramienta y ha podido mantener una buena disciplina fiscal”, concluyó.