La renegociación de la deuda de los veracruzanos

Para su análisis y dictaminación fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Congreso del Estado la iniciativa con iniciativa con proyecto de decreto, por el que se autoriza al Gobernador del Estado, Miguel Angel Yunes Linares y la secretaria de Finanzas, Clementina Guerrero para llevar a cabo la celebración de una o varias operaciones, refinanciar y/o reestructurar, las veces que sea necesario, la deuda directa vigente del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por un monto de hasta $42,000,000,000.00 (cuarenta y dos mil millones de pesos 00/100 M.N.).
En la iniciativa que fue entregada este lunes en la noche en el Palacio Legislativo, se establece que las operaciones de endeudamiento que lleven a cabo con base en este Decreto serán pagaderas en un plazo máximo de 50 (cincuenta) años, contados a partir de la fecha en que se suscriban los contratos o se emitan los títulos respectivos, incluyendo los años de gracia para el pago de capital que en cada caso se convenga.
En la exposición de motivos de la iniciativa, el gobernador Miguel Angel Yunes Linares afirma que de acuerdo con la información oficial disponible, cuyo contenido ha sido difundido y discutido públicamente durante los últimos meses, el Estado de Veracruz tiene cuantiosos compromisos de deuda pública de largo plazo por el orden de cuarenta y dos mil millones de pesos, además de los pasivos circulantes que aún están siendo revisados, y que estas cantidades, aunque hayan sido debidamente inscritas en los registros oficiales de obligaciones y empréstitos a cargo del Estado, generan compromisos de pago que podrían comprometer la capacidad del Gobierno Estatal para hacer frente a sus gastos ordinarios, y para generar la infraestructura pública que requiere el desarrollo de Veracruz, lo que hace pertinente la revisión de sus términos y condiciones, con el propósito de buscar que éstos puedan mejorarse, precisamente a través de las operaciones de reestructura o de refinanciamiento de las que se ocupa esta iniciativa.
De acuerdo con la información consignada en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, que actualiza trimestralmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Veracruz tiene veintiún obligaciones financieras constitutivas de deuda pública con un plazo promedio de 226 meses, que hasta el 30 de septiembre del 2016 registraban aún saldos pendientes cuya suma total ascendía a la cantidad de $41,529’580,201 (cuarenta y un mil quinientos veintinueve millones, quinientos ochenta mil doscientos un pesos 00/100 M.N.),
Se comenta en el mismo documento de iniciativa de decreto que el escenario de incumplimiento de las obligaciones de pago a cargo del Estado resultaría sumamente perjudicial para la economía de la entidad, agravándose así la crítica situación con la que inicia el Gobierno en turno, además de que, en virtud de los contratos y compromisos suscritos por la entidad en materia de empréstitos y emisión de títulos de deuda, provocaría la inmediata aceleración de las obligaciones de pago, generando situaciones de imposible cumplimiento que terminarían por cancelar definitivamente el acceso al financiamiento para la administración estatal y para todas las entidades que dependen de ella.
En la propuesta de decreto que seguramente será discutido en la próxima sesión del jueves en el Congreso se establece que el destino de los recursos obtenidos por medio de las operaciones autorizadas será únicamente la restructuración o refinanciamiento de la deuda pública del Estado de Veracruz, ya sea mediante el pago anticipado o mediante la modificación de los términos y condiciones de los contratos de crédito o de los títulos que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de este instrumento, así como para el pago de proveedores de servicio, la creación de fondos de reserva, el pago de penalidades por pago anticipado, y la contratación de títulos o mecanismos de cobertura, entre otros gastos conexos de los financiamientos.
También se autorizará realizar el número de operaciones que resulte pertinente para la reestructuración o refinanciamiento parcial o total de las obligaciones financieras vigentes que hubieren sido adquiridas por las administraciones anteriores o las derivadas de este Decreto, por medio de la emisión de títulos o de la suscripción de contratos de crédito con las entidades del sistema financiero mexicano o personas morales mexicanas, por hasta $42,000’000,000.00 (cuarenta y dos mil millones de pesos 00/100 M.N.), más gastos conexos de los financiamientos que podrán sumarse al monto de los mismos.
Se especifica que las operaciones de refinanciamiento o reestructura que se celebren al amparo de este Decreto podrán realizarse mediante la emisión de bonos, valores, certificados u otros títulos de deuda pública en los mercados financieros mexicanos, o bien, mediante la celebración de créditos con personas morales mexicanas o entidades financieras mexicanas; V. Las obligaciones financieras se fijarán con las tasas que más convengan a la hacienda estatal, considerando las proyecciones que las agencias especializadas en el ámbito financiero tengan sobre el comportamiento futuro de los mercados mexicanos.
En la sesión de la Legislatura Estatal de este martes, también fue ampliamente discutido y finalmente, no fue aprobado porque no se tuvo una mayoría de votos y solo se obtuvo 29 a favor nueve en contra y seis abstenciones, por lo que no se actualiza el número de regidores de ayuntamientos del Estado.

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