Detención de JDO se “politiza”

El gobernador del cambio Miguel Ángel Yunes Linares, “politizó” la detención del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y la soberbia, característica principal de él, lo llevó atribuirse el trabajo realizado por la Procuraduría General de la República con el apoyo de la Interpol y del Gobierno de Guatemala.
Desde los primeros minutos de la aprehensión en Guatemala del ex mandatario, cabecilla de la banda de políticos que saquearon los recursos de los veracruzanos durante el sexenio pasado y que tiene al estado en una crisis al borde del colapso económico, la PGR dio a conocer su postura y de los trabajos de inteligencia que realizaron para dar con el paradero de Javidu.
Pero la sociedad veracruzana lo que ha exigido, demanda y pide es que “el dinero que se llevaron JDO y su banda de políticos saqueadores, sea recuperada” y canalizada a cada una de las dependencias que corresponde.
Las denuncias interpuestas por la Auditoria Superior de la Federación y la Secretaría de Hacienda, en el 2014 dieron resultado. La PGR el mismo sábado 15 de abril, luego de la aprehensión de JDO de inmediato mandó a través de Comunicación Social el comunicado 618/17.
Se anunciaba “la Procuraduría General de la República informa de la detención provisional con fines de extradición internacional de Javier Duarte de Ochoa”.
Asimismo empezaron las conjeturas de analistas y columnistas políticos, en el sentido de que la clave para la detención de JDO en Guatemala, fueron sus hijos, quienes junto con familiares volaron del aeropuerto de Toluca al país de centro américa.
La Policía Nacional Civil de Guatemala a través de la Interpol informó después de la detención de JDO que era por los delitos de crimen organizado y operaciones de recursos procedencia ilícita.
A los pocos minutos circularon en las redes sociales los memes sobre la detención de JDO, la postura del PRI, de representantes de Morena y otros partidos políticos.
Lo cierto, es que si JDO empieza hablar sobre todos los delitos cometidos en Veracruz durante su administración, sin duda alguna, rodarán muchas cabezas en los diferentes niveles de gobierno.
Pero también es cierto que algunos saqueadores gozan de fuero y se encuentran en el Congreso del Estado sin ser molestados por las autoridades ministeriales y el nuevo gobierno del cambio.
El ex gobernador tiene tanto que declarar que el tiempo que resta al nuevo gobierno estatal no le será suficiente para aclarar los crímenes y atentados a los periodistas, cuanto saquearon de las diferentes dependencias, sobre las fosas clandestinas y desapariciones de miles de personas, de los beneficios que obtuvo con los contratos de la empresa Odebrecht en el período de Felipe Calderón, de los miles de millones de pesos que mando a EPN.
De los 8 mil millones de pesos de las aportaciones para la salud, educación básica, para la seguridad; de la relación que sostuvo con las células delictivas y delincuencia organizada que se apoderaron de Veracruz.
También es cierto, que hay denuncias pendientes en Veracruz en contra de JDO, pero la aprehensión del ex gobernador se debió a las interpuestas por la Auditoria de la Federación y la Secretaría de Hacienda.
Que el presidente Enrique Peña Nieto “sacrificó” a Javier Duarte de Ochoa, también es cierto. Que no se descartan “acuerdos” en su detención, también.
Lo que ha sido severamente cuestionado y criticado por prestigiados columnistas nacionales y estatales, es que MAYL se haya acreditado la aprehensión de JDO como un logró de él, asegurando haber “cumplido su promesa”.
Era de esperarse tal situación al llevarse la detención del uno de los ex gobernadores de Veracruz más corrupto, que la soberbia lo llevo a enriquecerse de manera criminal con el dinero de los veracruzanos.
Pero faltan muchos de sus cómplices, por lo que el Gobierno Federal durante los interrogatorios que hagan a JDO una vez que lo extraditen a México o Veracruz, tendrá que dar seguimiento a la demanda de una sociedad cansada de la impunidad, el abuso, el saqueo, la inseguridad, la presencia de células criminales, la falta de empleo, de espacios educativos, de empresas y el desarrollo de la entidad.
¡Todos los responsables, deben de ser castigados! La Ley debe de ser aplicada a todos los funcionarios corruptos que han robado al pueblo de Veracruz, a los mexicanos, sin importar siglas partidistas, compromisos en las altas esferas políticas y acuerdos de los dirigentes de los partidos.
Si el gobierno federal ya procedió en contra de JDO, que lo haga con otros funcionarios que se encuentran en la misma situación, con varias carpetas de investigaciones abiertas y pendientes de determinar para que se giren las ordenes de aprehensión.
Los delitos son similares, enriquecimiento ilícito, complicidad con células delincuenciales, utilizar recursos de procedencia “dudosa”, entre otros.
Pero sin duda alguna, lo que más gusto dará a los veracruzanos es que le incauten las cuentas bancarias a JDO, las propiedades, las empresas, joyas, vehículos de lujo, piezas de arte, entre otros, para que sean vendidas y se recupere el dinero de la entidad.
De igual manera a sus cómplices. Porque es triste, pero defraudan, roban, se llevan, saquean, se apropian, miles de millones de pesos y luego, un juez los libera con una ridícula “fianza” de unos cuantos millones de pesos ante el malestar de la ciudadanía que nada puede hacer.
En Veracruz y en México se necesita un castigo ejemplar, para que “políticos” deshonestos no sigan robándose el dinero del pueblo a sabiendas que en caso de ser detenidos, con una “fianza” irrisoria salgan libres a disfrutar del dinero mal habido. Hasta la próxima, Primero Dios”