San Rafael, un infierno por la inseguridad

Es inevitable. Las elecciones son un plebiscito del actuar de los gobernantes. Y si no, que le pregunten a Javier Duarte de Ochoa, quien gracias a su desastroso gobierno, Miguel Ángel Yunes Linares, ganó la gubernatura el año pasado.
Pero ahora, la historia se repite. Es precisamente Yunes Linares y cada uno de los 212 presidentes municipales, cuyos gobiernos estarán sujetos al más severo escrutinio popular.
Es cierto, el mandatario estatal y los munícipes podrán excusarse con la tan sobada cantaleta de que ellos no aparecerán en las boletas. Pero explíquenle eso a los votantes quienes no perderán la oportunidad de emitir un sufragio de castigo contra aquellos abanderados que sean del mismo partido o que estén avalados por pésimos gobernantes.
Así, por ejemplo, en varios municipios habrá votos en contra de la alianza PAN-PRD, pues los ciudadanos y diversos sectores empresariales y eclesiásticos, no han visto ni una pizca del cambio prometido por el Gobernador.
Ejecuciones, secuestros, asesinatos, robos, asaltos, despidos masivos de empleados de la burocracia estatal, desempleo en el sector privado, etcétera, serán un caldo de cultivo que sabrán aprovechar muy bien los candidatos de partidos opositores al régimen.
Pero acaso el problema más candente que aqueja es el de la violencia e inseguridad. No hay un solo día en que no haya ejecutados, decapitados, embolsados o asaltos con violencia, a lo largo y ancho de la geografía veracruzana.
Las cifras son alarmantes y superan las ya registradas en el peor año de la administración duartista.
En estos primeros cinco meses y medio del gobierno de Yunes Linares, han estremecido y conmocionado a la sociedad –por citar algunos casos— el “levantamiento” y desaparición de tres elementos de la Secretaría de Marina; misma suerte que corrió el delegado de Conafor, Martín Gelacio Castillo Calipa, quien hasta la fecha no aparece; los 11 ejecutados cuyos cuerpos aparecieron el 1 de marzo en Boca del Río; el asesinato del periodista cordobés Ricardo Monlui Cabrera; el atentado del comunicador pozarricense,
Armando Arrieta Granados.
Otro caso que estremeció a la opinión pública fue el secuestro y posterior asesinato en Tantoyuca de los maestros Augusto del Ángel Martínez y Yaru Missuri Arrieta Fuentes, el intendente Pedro Rivera Mejía y el menor de edad (de apenas 6 años de edad), Luis Ángel Rivera Cruz.
Muy recientemente, el 10 de mayo, fueron hallados cinco cuerpos en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Entre las víctimas, el tesorero del municipio de Juchique de Ferrer, David Alonso Rodríguez y el contador Francisco Rafael Mendoza, cuyas desapariciones se denunciaron públicamente, con antelación, en el Congreso del estado.
Y hay otros tantos casos que luego no tienen tanta resonancia estatal, debido a que los reporteros de algunos municipios no publican por temor a represalias de los delincuentes o de grupos políticos locales coludidos con los malosos.
Todo esto viene a colación porque a finales de marzo de este año y principios de abril, los habitantes de Puntilla Aldama, municipio de San Rafael, comenzaron a tener no miedo… ¡sino pavor!, de ser asesinados o sufrir la pérdida de alguien más de sus vecinos, conocidos, de la gente con la que conviven a diario, debido a que el o los presuntos autores materiales que acabaron con la vida del agricultor Fernando López Cruz, siguen en libertad y se los encuentran a diario por las calles.
Las familias se cimbraron de miedo los días 31 de marzo y 1 de abril cuando unas fotografías comenzaron a circular por la red social WhatsApp, en las que se aprecia a un joven conocido en Puntilla Aldama, que sostiene con la mano izquierda la cabeza de Fernando López y en la otra, un machete con sangre que escurre del filo (vimos esas fotos y se nos heló la sangre).
Otra de las fotografías en las que aparece el mismo joven que viste camiseta color azul cielo y rayas blancas, un pants azul marino y cierres color rojo, con la mano derecha sostiene el pie derecho, aparentemente también pertenece al fallecido Fernando López.
La otra gráfica muestra el cuerpo desmembrado de una persona abandonada entre los arbustos que crecen al lado de los árboles de limón, el cual según autoridades del ministerio público que acudieron el sábado 1 de abril, dieron fe que pertenecía al agricultor con edad de 65 años.
Desde el viernes 31 de marzo, los usuarios de la red social WhatsApp dieron aviso a la policía municipal de las fotografías que circulaban en las que aparece el joven conocido con las partes desmembradas del cuerpo de Fernando López.
Los testigos que por temor omiten sus nombres señalaron que la policía municipal de San Rafael detuvo al joven que aparece en las fotografías de nombre “Ricardo N”, alrededor de las 22:30 del viernes 31 de marzo y fue liberado a la 1:40 de la madrugada del sábado 1 de abril, supuestamente por órdenes del presidente municipal, Héctor Lagunes Reyes, padre –por cierto—del actual candidato a presidente municipal de la alianza PAN-PRD por el municipio de San Rafael, Luis Daniel Lagunes Marín.
“Los mismos policías municipales nos dieron aviso de que el alcalde Héctor, les ordenó soltarlo, que si no lo dejaban ir le iba a hablar a los de Derechos Humanos y a la Policía estatal, porque lo detuvieron sin una orden de aprehensión del ministerio público, pero nosotros creemos que los policías estuvieron en lo correcto, porque ese muchacho lo asesinó”, acusaron.
Señalaron que en esta comunidad hay indignación entre las familias porque no ha habido justicia por el asesinato de Fernando López, hombre dedicado a cuidar su parcela de limón, responsable de su familia y cada domingo asistía a la iglesia cristiana “Jesús de Nazareth”.
Las madres de familia se mostraron preocupadas porque en los últimos años el consumo de drogas como marihuana y cocaína, así como alcohol creció entre los jóvenes y ven con tristeza cómo se involucran en estas adicciones.
Una de las mujeres con voz bajita y temor a expresarse dijo: “los que mataron a don Fernando tuvieron que estar cruzados de droga, nos dicen que fueron cuatro o cinco muchachos, que no fue uno solo, sino que eran más los que lo mataron. Nos da miedo, y ya nos enteramos que uno de chamacos ya su papá lo amparó, porque es gente de dinero”.
Los habitantes de Puntilla Aldama solicitaron el apoyo del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, porque en las comunidades de San Rafael, como Puntilla Aldama, han aparecido cuerpos de hombres sin vida, “que nada más vienen a tirarlos y se van; ahí nos dejan a los muertos”.
Refirieron que la inseguridad se disparó con los robos a casas habitación, negocios y fruta de las parcelas en la región, como el asalto a una tienda departamental “Coppel” en pleno centro del municipio vecino de Martínez de la Torre”.
Mientras tanto, si los reporteros le preguntan al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares sobre esta ola de violencia, contesta que esto es sólo mera “percepción” de los ciudadanos, no sin antes culpar a los medios de comunicación de sólo destacar este tipo de hechos.
Habrá que ver cuál será la “percepción” de los ciudadanos cuando estén en la intimidad de la urna. Esperemos que voten en conciencia y que no se dejen convencer por dinero o cualquier otro tipo de prebendas.