* WINCKLER YESSIN: NOTARIO ‘MÉDIUM’

Hace cuatro semanas, el jueves 1 de junio, en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 40 con sede en la ciudad de San Andrés Tuxtla, se llevó a cabo una audiencia de ley para el desahogo de pruebas confesionales y testimoniales presidida por el magistrado Alberto Pérez Gasca, para la cual fue requerido formalmente Jorge Winckler Yessin, titular de la Notaría Pública número 35 de Salina Cruz, Oaxaca, pero el fedatario istmeño no se presentó ni mandó representante legal pese a que es una de las partes involucradas en el expediente agrario 467/2014 promovido por tres hijos de la finada María Candelaria González Amaya, del ejido Comoapan, quienes están reclamando sus legítimos derechos como herederos universales según lo acreditaron con la resolución emitida el 14 de febrero de 2011 en el juicio civil 407/2010/III.

Alejandra María Bianchi González, en representación de sus hermanos Iris Luz y Luis Leonardo, bajo protesta de decir verdad, declaró que a principios de septiembre de 2014, indagando con ejidatarios del poblado de Comoapan, municipio de San Andrés Tuxtla, le informaron que las parcelas 177 Z-1 P4/4, 180 Z-1 P4/4, 175 Z-1 P4/4 y 179 Z-1 P4/4, ubicadas en dicho ejido, fueron propiedad de su madre María Candelaria González Amaya y que “tenían entendido que nos habían pagado dichos derechos”, por lo que ante tal situación, en su carácter de albacea y heredera universal, acudió a la delegación del Registro Agrario Nacional, con sede en Xalapa, “y ahí fui informada de acuerdo a la constancia de asientos registrales que mi tío Ricardo González Amaya presentó una lista de sucesión de fecha 26 de febrero de 2005, pasada ante la fe del licenciado Jorge Winckler Yessin (…)”, en el que supuestamente su progenitora “compareció ante dicho fedatario público y lo nombró como sucesor de las referidas parcelas (…), situación que dudo haya ocurrido ya que mi señora madre falleció el 25 de mayo del 2004”, lo que constaba a su tío ya que fue él quien identificó el cadáver, según el acta de defunción número 01797, de fecha 26 de mayo del 2004.”

Bianchi González expuso, además, que con la lista de sucesión apócrifa y con la adjudicación de las parcelas que eran de su señora madre, su tío, en fecha 20 de junio de 2006, enajenó las parcelas referidas a favor de los señores Eustaquio Cosme Campechano y Ricardo Antonio Álvarez Hernández, a los que señaló como prestanombres del entonces alcalde Augusto Rafael Carrión Álvarez, ya que estos bienes pasaron a formar parte del patrimonio del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, que actualmente, bajo la administración del presidente Manuel Rosendo Pelayo, proyectaban producir especies maderables en el vivero “Luis Bianchi”, mismo que ante este conflicto legal presuntamente el munícipe pretendía entregar a la Universidad Veracruzana, cuyas autoridades también han sido requeridas en este juicio.

La agraviada asentó que a ella y a sus hermanos –que eran menores de edad cuando sus padres fallecieron– estos actos “nos indignan” porque las autoridades administrativas, municipales y registradoras se apropiaron de unos bienes inmuebles que tras el deceso de su padre Luis Bianchi Salbitano, en mayo de 2004, correspondían a su madre que murió un mes después, en mayo de ese mismo año, según lo acreditó con las actas de defunción números 00172 y 01797, respectivamente.

Por lo anterior, los herederos del matrimonio Bianchi González están demandando que por sentencia judicial que cause ejecutoria se declare la nulidad absoluta e inexistencia de la lista de sucesión de fecha 26 de febrero de 2005 certificada por el notario Winckler Yessin, en la que supuestamente su madre nombró a Ricardo González Maya y/o Ricardo González Amaya como único sucesor de las parcelas ejidales referidas.

Flaco favor le hace este notario oaxaqueño, con su fraudulento don de “médium”, a su hijo Jorge Winckler Ortiz, quien como fiscal general de Veracruz ya le había surgido un conflicto de interés por la presunta implicación que hizo MORENA de su hermana en el video escándalo de la recién desaforada diputada Eva Cadena, además de que tiene encima a los colectivos que buscan familiares desaparecidos, a los diputados locales que tildó de “corruptos” y a la opinión pública en general que le pide menos protagonismo y mayor eficiencia en la procuración de justicia.

Pero esta no es la primera vez que el padre del fiscal yunista es involucrado en un acto irregular. Como fedatario público en esa región istmeña, Winckler Yessin fue señalado en 2010 por la supuesta escrituración fraudulenta en contra de cien campesinos de Unión Hidalgo; posteriormente fue implicado en una asamblea apócrifa en San Dionisio del Mar para favorecer a la empresa eólica Mareña Renovable que quería instalarse forzosamente ahí; en 2013 fue acusado de inventar hechos para favorecer a los líderes regionales de la CTM que escrituraron a su nombre el edificio sindical; en 2015 se negó a proporcionar información al 07 Consejo Distrital del INE, en Oaxaca, pese a que fue requerido por la vía legal; y, por si fuera poco, hasta tuvo sus minutos de fama al ser denunciado en el galardonado documental cinematográfico “Presunto Culpable”.
El 17 de febrero de este año, el portal de noticias Tiempodigital.mx, publicó el caso de un terreno ubicado en Boca del Río, Oaxaca, que ha sido vendido en dos ocasiones: una vez a un particular y la otra al Ayuntamiento de Salina Cruz, en cuya transacción fraudulenta fue involucrado el tesorero municipal Víctor Manuel López Sosa. El notario que hizo la doble escrituración fue Winckler Yessin, quien hasta hace un par de meses aún no había entregado esta documentación a la nueva autoridad municipal.
Y, en 2012, el gobierno del estado de Oaxaca inició una investigación en contra de la entonces diputada federal del PRI, Sofía Castro Ríos, y su hermano José Castro por un presunto fraude con una planta productora de mezcal a la que se destinaron cien millones de pesos, para lo cual se habría simulado la conformación de una unión de sociedades de producción rural de responsabilidad limitada, denominada Magueyeros Chontales y Zapotecos de Yautepec, una figura jurídica constituida el 19 de enero de 2004 por la exlegisladora priista Castro Ríos y protocolizada ante el notario Winckler Yessin.
En 2005, el gobierno de Oaxaca, entonces encabezado por Ulises Ruiz –quien la semana anterior visitó Xalapa como impulsor de la Corriente Crítica del PRI que pugna porque sea la base militante la que elija a sus candidatos para las elecciones locales y federales de 2018–, inició gestiones ante la Federación para la ejecución del proyecto “establecimiento de una planta agroindustrial de acopio, rectificación, homogeneización y envasado de mezcal de Oaxaca”, en respuesta a la solicitud de apoyo presentada por la unión de los Magueyeros Chontales y Zapotecos de Yautepec.
Para marzo de 2006 se firmó un convenio con el gobierno de Oaxaca, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y la unión de productores por conducto de José Castro Ríos, firmando como testigo la exdiputada federal Sofía Castro.
Dicho documento tenía como objetivo obtener recursos de nivel federal, estatal y municipal a favor de la unión de productores de mezcal. La operación se realizó a través de la empresa Leadman Trade SA de CV, como financiera de los productores, firma que fue contratada por Miguel Ángel Ortega Habib, extesorero de Ruiz, por un monto de 100 millones de pesos, contratación que se realizó bajo la modalidad de adjudicación directa, cuando el monto a financiar era únicamente de 37 millones pesos.
Leadman Trade era la misma firma con la que el gobierno oaxaqueño efectuó los procedimientos de autoarrendamiento de maquinaria con Caminos y Aeropistas de Oaxaca, una empresa demandada en diferentes estados del país y cuyo exdirector se encuentra actualmente preso.
En esta operación también figuró el notario Winckler Yessin por dar fe de la convocatoria de la priista Sofía Castro para integrar la sociedad de mezcaleros, así como del acta constitutiva de la unión productora en la que el hermano de la exlegisladora aparecía como representante legal.
Los pagos realizados a la firma Leadman Trade se hicieron con el Programa Norma Estatal, que no era auditable por la Federación.
Las mismas transas que en Veracruz el fiscal Winckler y su jefe, el gobernador Miguel Ángel Yunes, dicen perseguir en contra del exmandatario Javier Duarte y algunos de sus excolaboradores que saquearon las finanzas del estado.