* CEIS: DE MAL EN PEOR

Tal parece que en el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad, (CEIS), salieron de Guatemala para entrar a “Guatepeor”.

Y es que, como se recordará, a mediados de junio pasado salió como tapón de sidra el doctor Julio César Sosa Mirós, el primer director del CEIS en la administración yunista, a raíz de la protesta que en su contra realizaron alrededor de 200 cadetes de las generaciones 18 y 19 de la Policía Acreditable, los cuales se quejaron de humillaciones, maltratos y de haber sido echados a medianoche de las instalaciones de El Lencero sin un peso en la bolsa para que retornaran a sus lejanos lugares de origen, pues les debían 15 mil pesos en promedio a cada uno correspondientes a cinco quincenas de sus becas.

El que tuvo que sofocar el escándalo mediático fue el propio secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie, quien de inmediato le pidió su renuncia a Sosa Mirós.

En lugar del académico universitario y exconsejero electoral fue designado el general retirado Jorge Justiniano González Betancourt, quien en el sexenio del gobernador Miguel Alemán Velasco dirigió la Academia Estatal de Policía de El Lencero y luego fue invitado por el PAN como diputado federal plurinominal.

Sin embargo, a escasos tres meses de haber relevado a Sosa Mirós, el general González Betancourt ya está colocado en el ojo del huracán.

Y es que personal que labora en el CEIS nos ha hecho llegar un escrito en el que piden investigar una serie de irregularidades, arbitrariedades y de presuntos “actos de corrupción y humillación” que le atribuyen a la señora Iliana López Vázquez, secretaria particular de González Betancourt.

Entre otras cosas, señalan que esta persona no habría aprobado los exámenes de control y confianza en el año 2013, además de que la consideran peligrosa ya que entre sus antecedentes le imputan amenazas vertidas a periodistas de Martínez de la Torre.

Afirman que en el CEIS ya amenazó a varios empleados que no ceden a sus caprichos, por lo que temen no sólo perder su trabajo sino hasta por su propia integridad física.

Están sorprendidos del poder que ha llegado a concentrar, pues pese a ser solo la secretaria particular “mueve toda la Academia a su antojo y conveniencia, sin que el General haga algo al respecto ya que lo maneja como un títere a su antojo…” Además se quejan de la manera prepotente, agresiva y humillante con que suele tratar al personal.

“Si a los periodistas por hacer su trabajo les tomaba foto y los amenazaba tanto a ellos como a su familia, qué nos esperamos nosotros que tiene acceso a toda la información personal dentro de la institución”, exponen los empleados del CEIS, quienes solicitan hacer pública su queja para que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y su secretario de Seguridad Pública ordenen pronto una investigación porque “no es posible que sigamos aguantando a una persona de este tipo”.

Y es que señalan que recientemente corrió a una cadete y a un instructor, a los que uno de sus incondicionales despojó de sus teléfonos celulares para revisarlos, violando sus derechos y privacidad.

También la acusan de que al personal que le cae bien, los privilegia laboralmente; pero a los que no, los castiga mandándolos a la cocina o a realizar labores de mantenimiento. Además afirman que a los que se atreven a cuestionarla, los amenaza con enviarlos lejos de su familia o inclusive hasta de muerte, ya que presume ser protegida del General y del Ejército. ¿Será? Ojalá investiguen.


FISCALÍA FACCIOSA

A estas alturas a nadie le queda duda ya que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, a través de su “Fiscal carnal”, busca empatar los cartones luego del descalabro político que le propinaron sus burdos ex empleados que operaban a través de la asociación civil “Yúnete”, los cuales fueron exhibidos por pretender sacarle raja electoral a la entrega de despensas a damnificados de Coatzacoalcos.
Este miércoles, el presidente del CDE del PRI, Renato Alarcón Guevara, lamentó la actuación de la Fiscalía General del Estado, pues dijo que está enfocada en desviar la atención e inventar delitos donde no los hay, en lugar de perseguir a los verdaderos delincuentes y abatir la inseguridad que preocupa a los veracruzanos.
El dirigente estatal del PRI calificó de arbitraria la detención del presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Veracruz, Juan Pinilla Rodríguez, y de 14 miembros más de dicho Colegio, que en una caravana transportaban despensas que entregarían a un centro de acopio de la Cruz Roja para los damnificados de los sismos.

Alarcón Guevara dijo que días antes de esta detención, gente extraña tomó fotografías cerca del lugar donde guardaban parte de los apoyos que se han donado por dicho Colegio, y que posteriormente se desplegó un numeroso operativo de más de 40 elementos policiacos con armas de alto calibre, amedrentando a ciudadanos honestos y reconocidos por su solidaridad y altruismo.
“Es reprobable que la prioridad del fiscal Jorge Winckler sea desviar la atención de los verdaderos problemas que vive Veracruz en materia de seguridad por una cortina de humo, queriendo configurar un delito donde no lo hay y afectando la imagen e integridad de veracruzanos honestos”, acusó el líder priista, quien refirió que el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Veracruz es un organismo serio y respetable, con más de 20 años de servicio en el estado y solidario con el pueblo mexicano.
Alarcón destacó que además de recolectar víveres entre sus agremiados para ayudar a los damnificados por los recientes sismos, este Colegio de profesionistas, de manera altruista, ha realizado también el peritaje de las estructuras de más de 320 escuelas en Veracruz afectadas por los movimientos telúricos, según han informado los medios de comunicación.
El presidente del CDE del PRI afirmó que éste es uno más de los abusos de poder de la administración del gobernador Miguel Ángel Yunes, y que forma parte de su estrategia para distraer del caso “Yúnete”, en el que sí se entregaron despensas con los colores y tipografía del partido en el gobierno, por lo que existen denuncias de promoción de la imagen personal del mandatario estatal y de otros funcionarios con fines político-electorales, sin que hasta el momento exista un solo detenido o avances en la investigación.
El ex delegado federal del ISSSTE rechazó “una Fiscalía partidista que distorsiona la función de procuración de justicia y que sirve de herramienta de persecución a ciudadanos honestos, cuando hay severos y crecientes problemas de inseguridad en casi toda la entidad”.
Por su parte, el senador priista Pepe Yunes Zorrilla, a través de su cuenta de Twitter, calificó de “abusivo y faccioso el trato a Juan Antonio Pinilla Rodríguez por tratar de ayudar a damnificados”, señalando que “pretenden equiparar hechos incomparables, evidentemente distintos ¡Es vergonzoso!”.

SOBRE EL CASO GIBRÁN

Por cierto, sobre el caso de la desaparición forzada del cantante Gibrán David Martínez Díaz al que aludimos en el texto de ayer, se nos ha informado que la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de la FGE obtuvo el día 20 de junio del presente año, 7 órdenes de aprehensión en contra de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que materialmente realizaron la privación ilegal de la libertad del ex concursante de La Voz México, así como de José Eduardo de la Cruz Caballero y de un menor de edad.


Que ese mismo día, y durante el siguiente, se logró la captura de tres de ellos, en contra de quienes se obtuvo auto de vinculación a proceso el día 28 de junio del 2017, por el delito de desaparición forzada.

Según se nos comentó, este caso era ejemplo de impunidad, pues desde 2014 existían elementos claros para proceder y, sin embargo, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado solamente les indilgó el delito de incumplimiento de un deber legal, por el que fueron condenados para, después, conmutar la pena.

Y si bien los defensores han esgrimido que la FGE estaría juzgando a los policías por segunda vez por el mismo delito, en la audiencia de vinculación a proceso la Fiscalía Especializada argumentó que se trata de una “cosa juzgada aparente o fraudulenta”, ya que sostienen que nunca existió una voluntad real de someterlos a la acción de la justicia, siguiendo la jurisprudencia en casos de delitos de lesa humanidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

También se nos informó que el proceso penal 130/2017 se encuentra en curso, en este momento, dentro del período otorgado por el Juez de Control para la investigación complementaria.