Auditoría y daño patrimonial en Veracruz

Lorenzo Antonio Portilla, auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, dio a conocer que el próximo 1 de octubre entregará al Congreso local el resultado de las revisiones a los llamados entes fiscalizables: Gobierno del Estado en sus tres poderes, Ayuntamientos y organismos autónomos y descentralizados.

Se trata de la auditoría al ejercicio 2017, que en el caso del gobierno estatal corresponde al primero de dos años de la administración de Miguel Ángel Yunes.

Esas revisiones se relacionan también con el último de los cuatro años de los anteriores ayuntamientos veracruzanos, de tal manera que quienes fungieron como alcaldes, síndicos, tesoreros y directores de obras durante las pasadas administraciones municipales esperan esos resultados porque de ello dependerá su tranquilidad.

Recordemos que en la revisión de la cuenta pública de 2016, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado detectó irregularidades en la actuación de servidores o ex servidores públicos por presunto daño patrimonial por poco más de 718 millones 497 mil pesos; además de encontrar inconsistencias administrativas.

En esta ocasión, se comenta en el ORFIS que en la cuenta pública 2017 podría registrarse un resultado muy parecido al del año pasado en cuanto a los ayuntamientos, que fueron examinados con lupa; incluso, algunos ex alcaldes, como el de San Andrés Tuxtla, Manuel Rosendo Pelayo, todavía arrastran problemas derivados de las revisiones de 2016.

Por otra parte, las auditorías a las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal y de los organismos autónomos podrían ser este año mucho más estrictas, de tal manera que una vez que se ventilen las observaciones y los casos de probable daño patrimonial, comenzarán los problemas para quienes actualmente tienen responsabilidades administrativas en esas instancias.

De acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz, Artículo 80, la acción para fincar responsabilidades e imponer sanciones por faltas administrativas graves prescribe en siete años; de tal forma que para quienes manejaron recursos públicos y fueron observados por ello, la tranquilidad legal y penal no llegará sino hasta 2024.

El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares inició en Veracruz en diciembre de 2016, en un escándalo por presuntos actos de corrupción de la administración de Javier Duarte; y 2018 así podría terminar, pero con diferentes protagonistas; el auditado ya no será Duarte, sino Yunes y compañía.

Lo curioso es que probablemente la cuenta pública de 2017 le sea aprobada por el ORFIS al actual gobierno sin mayores problemas; sin embargo, las revisiones correspondientes al ejercicio 2018 serán una historia diferente.

Incluso, hay quien apunta que la actual administración terminará sin que el tema de la fiscalización de la cuenta pública 2017 se haya resuelto del todo en la actual Legislatura del Estado, por lo que será el siguiente Congreso, con mayoría de diputados del Movimiento de Regeneración Nacional, el responsable de los dictámenes correspondientes.

De entrada, se anticipan fuertes problemas para la actual administración en dependencias como la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, SIOP, que podría presentar al menos media centena de observaciones a la cuenta pública 2017.

Es un tema que apenas comienza y que poco a poco se podría convertir en un dolor de cabeza para los responsables de las áreas administrativas del actual gobierno estatal.

Así las cosas, el peor escenario posible para los actuales funcionarios veracruzanos es el que se registraría como consecuencia de la derrota electoral del presente año: la llegada de un partido y proyecto diferente al del gobernador en funciones; y la mayoría de Morena en el siguiente Congreso del Estado, donde se ventilará el resultado de la auditoría a los ayuntamientos y a los poderes del gobierno estatal.