ORFIS: SIMULACRO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Aunque el titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Lorenzo Antonio Portilla, tiene el precedente del viraje traidor cuando sus jefes políticos han perdido el poder, no se cree que hoy en su informe de resultados a las auditorías de las cuentas públicas de 2017 se atreva a exhibir las corruptelas del primer año de gestión del Gobierno de Miguel Ángel Yunes.
Al parecer hoy su circunstancia es distinta. Si bien hace dos años, en la revisión de la cuenta pública de 2015, repentinamente Portilla descubrió el extendido sistema para saquear el presupuesto implantado por la administración que encabezó Javier Duarte (lo ratificó en la de 2016), entonces estaba ya sometido al próximo gobierno de Yunes. Antes, en los tres años previos que revisó la gestión de Duarte, Portilla no vio nada, como miembro funcional de la banda, encubrió los desvíos multimillonarios, el sobre endeudamiento, las empresas fantasmas y la falsa contabilidad.
Auditor agarrado de la cola
Pese a que ahora el gobierno de Yunes y el PAN perdieron las elecciones, no hay señales de que Portilla se les vaya a salir del guacal, y no tanto porque haya modificado su ética de sumisión al poder, o les profese lealtad, sino porque todo indica lo tienen agarrado. Se sabe que en la Fiscalía no han cerrado las investigaciones sobre los presuntos sobornos del gobierno de Duarte al auditor, los recibos por 20 millones de pesos que le señalaron recibió de la Tesorería del Estado, provisionalmente declarados “falsos”, pero sin peritajes suficientes, que en su caso podrían repetirse; además de que se le conocen las prácticas de extorsión y arreglos de dictámenes a Ayuntamientos a través de sus operadores familiares (sus sobrinos), la imposición de sus despachos de auditoría técnica y financiera con la figura de la habilitación, para disimular los moches, y desde luego, la administración también familiar del presupuesto del Orfis –los 193.6 millones anuales que opera su pareja “sentimental” en la estructura administrativa–. Tiene mucha cola Portilla en el ORFIS y el gobierno de Yunes se la tiene pisada; por ahora.
Otro elemento que hace distinta la transición para Portilla esta vez es el nulo contacto con el gobernador electo Cuitláhuac García. No se sabe si por desconfianza (merecida) en Portilla y el Orfis o por tenerlo ajeno al mapa local de instituciones, pero en ningún momento ha requerido su intervención en los múltiples casos de corrupción denunciados por el gobernador electo y los militantes de Morena. Otra diferencia es que en la pasada transición a Portilla le faltaban 3 años del periodo para el que fue nombrado y además podía ser acusado por las omisiones en que incurrió en la revisión a ciegas de las cuentas “limpias” de Duarte. Ahora ya ganó tiempo, le resta solo uno, y según parece le teme más a Yunes que a Cuitláhuac.
Casos relevantes
En el ejercicio de recursos públicos de 2017 hay muchos casos del gobierno de Yunes bajo sospecha corrupción en los que se podrán evaluar los servicios del Orfis. Se destacan la reestructura de la deuda pública, así como los pagos de comisiones y asesorías; la cancelación arbitraria de 43 mil millones de pesos de la cuenta de pasivos de corto plazo, por la cual desconocieron los adeudos heredados; las obscuras prórrogas por 20 años, anticipadas en las concesiones carreteras del Libramiento Plan del Río y Cardel-Veracruz a empresas vinculadas al gobernador Yunes; los contratos de obra y servicios por 70 millones otorgados a empresas del dirigente estatal del PAN, Jesús Mancha(do) y sus familiares; las compras masivas de despensas con sobreprecio, adjudicadas directamente por el DIF estatal y la Secretaría de Desarrollo Social, así como los arrendamientos de vehículos en varias dependencias; la contratación de obras públicas sin concurso o, si lo hubo, a los precios más altos; las observaciones que se filtraron de la auditoría a la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas por 400 millones de pesos, en las que Portilla se ya se apresuró a exonerar a su entonces titular, Julen Rementería. El negocio de la compra de medicamentos en la Secretaría de Salud, la compra sin licitación pública y sin transparencia de las videocámaras de vigilancia y la contratación de los servicios de instalación y operación; la aplicación que se dio a los excedentes de cerca de 13 mil millones de pesos que recibió el gobierno de Yunes en recursos federales. La regla del primer año en materia de contratismo amigo fue la adjudicación directa o la licitación amañada. ¿Tiene algo que decir el Orfis?
Informe entre cuates
Acomodada la legislación del estado para que este informe de resultados se entregara al Congreso en octubre –antes era en noviembre– el objetivo hoy queda claro; que lo revise y apruebe la legislatura de mayoría PAN-PRD que aún controla el gobierno de Yunes.
No faltarán las duras observaciones… a los Ayuntamientos que terminaron su gestión en 2017, a los organismos paramunicipales y algún organismo público descentralizado, de los que no se arreglaron con despachos y sobrinos.
Pero nadie apuesta a que Portilla, tan servil como medroso del poder, se atreverá a señalar algún daño patrimonial al gobierno de Yunes. Hoy lo confirmaremos.