PRESIDENTA DEL PODER JUDICIAL AL BORDE DE SU DESTITUCIÒN

A semejanza de su antecesora Sofía Martínez Huerta que fue removida como Presidente del Tribunal Superior de Justicia(TSJE) y en estos días enfrenta un juicio político que podría destituirla como magistrada, Inés Romero Cruz está al borde de ser separada del cargo y sometida a cargos penales, aunque por causas diferentes.

A la actual presidenta Isabel Inés Romero Cruz, la alcanzaron las consecuencias de los actos ilegales del congreso del estado, particularmente los de la Banda MORENA del diputado Javier Gómez Cazarìn- pero su verdugo sería el Poder Judicial de la Federación.

La magistrada al servicio del grupo político de MORENA, ya debe haber recibido el ultimátum del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito con sede en Boca del Río, ordenándole que en un plazo de tres días, a punto de vencer, reinstale en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia a Roberto Dorantes Romero.

El mandamiento judicial federal concluye el episodio de violación múltiple de la legislación del estado iniciado por el grupo legislativo de Gómez Cazarín para terminar de colonizar el poder judicial. No satisfechos con la camada de 13 magistrados de la marca Morena colocados en octubre de 2019, forzaron una nueva ocupación con 6 mas en julio de 2020, sacando no solo a los magistrados de plazo vencido, sino que arremetieron con los que cumplían 70 años, como fue el caso del magistrado Roberto Dorantes, retirado cuando aún le faltaban cinco años en el servicio, según su nombramiento.

El Congreso local, incumpliendo con la ley Orgánica del Poder Judicial que prevé la facultad del presidente del TSJE de notificar al gobernador las vacantes de Magistrados, a fin de proceder al trámite de nombramiento, se arrogó dicha facultad, declaró la vacante de Roberto Dorantes por retiro forzoso y abrió el proceso de nombramiento de un nuevo magistrado, el cual recayó en Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

PELEA A DOS CAÍDAS
El primer round terminó en empate; la demanda de Roberto Dorantes en juicio de amparo, si bien obtuvo la protección de la justicia federal, con artimañas legaloides en el poder judicial eludieron el cumplimiento y el juez de distrito los consintió. El juez de distrito reconoció el agravio en su contra por la aplicación retroactiva de la Ley, ya era magistrado cuando se reformó la Constitución del estado para establecer el retiro forzoso a los 70 años y se ordenó su reinstalación, pero la entonces presidenta Sofía Martínez aún les hizo el paro. Alegó que la sentencia era imposible de ejecutar debido a que la silla de Dorantes ya estaba ocupada.

Pero en la segunda instancia y definitiva, en el Tribunal Colegiado, al que elevó el recurso de Inconformidad Roberto Dorantes consiguió el triunfo final. Ya no hay pero que valga ni recurso por ejercer. La sentencia de segunda instancia y definitiva, emitida a mediados de este mes, ordena a la presidenta del TSJ y del Consejo de la Judicatura dejar sin efectos la remoción de Dorantes por retiro forzoso, se le reinstale en el cargo de magistrado debiendo pagarle las percepciones caídas y se le permita concluir su periodo de nombramiento por 10 años, a partir de noviembre de 2015.

EN EL LÍMITE
Los tres días del emplazamiento están por cumplirse. Para salvar el pellejo, se sabe que Isabel Inés Romero estaría por convocar al pleno del Tribunal a una sesión extraordinaria para dar su brazo a torcer y reinstalar a Roberto Dorantes en su cargo de magistrado. En la carambola tendrían que encontrarle acomodo a la magistrada Lizbeth o dejarla en el limbo.

De incurrir en desacato Isabel Inés Romero pagaría el costo de los excesos de la banda Cazarín. La veríamos removida por el Poder Judicial federal y sujeta a un proceso penal federal.

Con el precedente de la inconstitucionalidad del retiro forzoso para los magistrados nombrados antes de la reforma que lo estableció ( el caso del magistrado Jorge Espinoza Castillo, restituido) no era desconocida la improcedencia para la banda Cazarín. Es un caso de simulación para violar la ley, otro más, pero de los pocos revertidos-(en relación con la incidencia) por el poder judicial federal, Ahora ¿ Quien pagará el daño patrimonial por la liquidación de salarios caídos al magistrado Dorantes? ¿ Que harán con una magistrada sobrante ?

AMLO: Y SU PALABRA ES LA LEY
Va en aumento el nuevo embate del Presidente Andrés Manuel López Obrador contra el poder judicial y la división poderes. El capricho de restaurar el monopolio eléctrico del Estado por conducto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y revertir la apertura a la inversión privada del sexenio de Peña Nieto, ha desatado un combate político y legal que como otros tantos frentes de AMLO polarizan a los grupos de interés y a la opinión pública.

En el toma y daca de la política eléctrica y sus afectados a la defensiva ( las empresas privadas generadoras de electricidad), tras la derrota final del Decreto Nahle en la Controversia Constitucional, vino la contraofensiva de AMLO con la Ley de la Industria Eléctrica, donde reiteró los criterios de preferencia de los despachos de la CFE sobre los productores privados, sin importar costos ni origen, a lo que siguió una oleada de amparos que congelaron su aplicación.

Este impasse de la política eléctrica enfureció al presidente y de la intimidación a los jueces que concedieron la suspensión provisional de su ley, pasó a la amenaza de una cruzada para imponerla.

PEOR PARA LA CONSTITUCIÓN
Según declaró ayer AMLO si se llegara a considerar inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica reformará la Constitución. Lo que significa que si la constitución no le gusta al Presidente o si su objetivo la contraviene, peor para la Constitución. Entonces la cambiará a su gusto.

El monarca absolutista, tendría que realizar un proceso legislativo; dejó entrever que lo haría, al mencionar que se necesitan dos terceras partes del Congreso de la Unión para hacerlo, pero también advirtió que el ” Pueblo” por quien ya se sabe, el habla, decidiría, no sabemos ahora que significaría esa apelación al pueblo, si democracia representativa- por conducto de legisladores- o alguna de las variantes, legales o no, de la directa, la consulta popular conforme a la ley o populachera, a mano alzada en mítines o en urnas partidistas, como las que uso para cancelar el Aeropuerto de Texcoco o aprobar el Tren Maya.

Este amago de acomodar la Constitución Política a su proyecto, se suma a las criticas abiertas, del Presidente a los Jueces, descalificaciones y señalamientos de corrupción sin pruebas en la que se incluye la carta al presidente de la corte Arturo Zaldívar para que se investigue ( y en su caso sancione) Juez Juan Pablo Fierro quien concedió las primeras suspensiones a los efectos de la citada ley, por ser violatoria de la libre competencia.

El linchamiento presidencial desató una polémica, entre los simpatizantes del presidente y los que consideran excedida su intervención. Entre otros la agrupación gremial de magistrados y jueces respondieron en defensa de su autonomía ( sin mencionar directamente al presidente) y hasta el mismo Zaldívar-tenido por un subordinado de AMLO- sin refutar la injerencia, intentó conciliar con su institución, ya que reconoció la autonomía y libertad de los juzgadores.

El palo contra la ley de AMLO se repitió, pues el otro juez especializado en competencia económica, concedió suspensiones en el mismo sentido que su colega, a otro grupo de empresas demandantes de amparo

El criterio del poder judicial federal sobre el proyecto monopólico de AMLO ha sido consistente. De igual manera suspendieron y después declararon inconstitucional el llamado decreto Nahle, políticas de la SENER que buscaban los mismos objetivos que la ley de la industria eléctrica, la preferencia para la producción o despachos de CFE, relegando a productores privados, sin importar costos y origen. El desaliento a la inversión privada-extranjera y nacional- por la incertidumbre legal es un costo que no interesa al Presidente.

TODO EL PODER, LA LEY DE HERODES
Visualizando un escenario de congelamiento judicial de su plan, AMLO ahora se plantea la nueva estrategia de acomodar todas las leyes a su gusto. Ese es el contexto del anuncio de ayer de que reformará la Constitución. En paralelo, ayer el Presidente y su partido Morena presentaron otras iniciativas legales, una de ellas para modelar la Ley de Amparo, prohibiendo expresamente a los jueces concedan suspensiones ” que afecten los intereses de las empresas públicas, un traje a la medida para CFE y Pemex; otra mas, busca elevar sanciones a los jueces.

Es claro que a López Obrador le incomodan los contrapesos, los órganos autónomos y por supuesto, la división de poderes. El rol del Poder Judicial como guardián de la Constitución y la legalidad le es particularmente repulsivo.

Mas allá del caso, lo que se observa es la voluntad del Presidente para imponer su ley, no respetar la ley existente.

Es acertada la alusión que se hace de AMLO con la popular canción de José Alfredo Jiménez, El Rey, por aquella linea de Y mi palabra es la Ley, al igual que aquellas que cual Varguitas lo ubican en La Ley de Herodes.