VERACRUZ, PIONERO EN LEY ANTICORRUPCIÓN

Tal vez se diga que después del niño ahogado se tapa el pozo, pero más vale tarde que nunca, sobre todo cuando el pueblo está harto de la manga ancha con la que se han conducido diversos funcionarios de la administración pública en los últimos sexenios.
Hacía falta un freno con dientes, y Veracruz podría convertirse este jueves en el primer Estado del país en reformar su Constitución para contar con una Ley de Fiscalización, una ley anticorrupción avalada por las principales fuerzas políticas. Este jueves podría ser el día en que se votaría una de las leyes más trascendentes y de avanzada en la historia del Congreso del Estado. Con esta ley, se espera, de aquí en adelante, una correcta y oportuna fiscalización y vigilancia en la aplicación de los recursos públicos.
Hay que reconocer la participación de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso y en lo particular a los integrantes de la Comisión de Vigilancia, ya que se han puesto de acuerdo en algo que en el propio Congreso Federal no se ha logrado. Ha sido una gran cruzada legislativa iniciada el 11 de noviembre pasado cuando se aprobó la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas y terminará mañana jueves, una vez que la Reforma Constitucional que permitirá su promulgación, ha sido aprobada por 160 de los 212 municipios.
Se trata de todo un logro legislativo en el que resulta imperativo resaltar la labor humilde pero firme del Presidente de la Comisión Legislativa de Vigilancia, diputado Francisco Garrido Sánchez, quien con paciencia y habilidad nata en él, tejió un fino cabildeo político. De 42 años, porteño de nacimiento y legislador plurinominal por el Partido Alternativa Veracruzana (AVE), es poseedor de experiencia en el diseño y asesorías de estrategias políticas, serio, trabajador y congruente con lo que dice y hace.
Desde que asumió la Presidencia de la vigilancia legislativa adoptó una postura valiente y entrona. Peleó palmo a palmo por la dignificación de la Comisión y con habilidad y atribuciones que le daba la Ley y el apoyo de la representación política plural que presidía, puntualizó las reglas del juego al titular del ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, en el sentido de que su papel era ser el brazo de Fiscalización del Congreso y no una entidad autónoma por encima de la Comisión Legislativa.
Sería ocioso mencionar cada uno de los aciertos de Garrido Sánchez y de la Comisión Plural; su relación imparcial y de respeto mutuo con el Poder Ejecutivo; de coordinación y reconocimiento con el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que llevaron a los directivos de la Comisión a tener encuentros de trabajo con el primer mandatario de la nación, Enrique Peña Nieto. El trabajo de Garrido Sánchez ha sido intenso y sin descanso, ha dejado el confort de la oficina para estar físicamente en más de 100 municipios en labores preventivas de rendición de cuentas in situ; sin contar su gestoría en municipios donde su partido gobierna.
Con ejemplos como los mencionados los integrantes de la Comisión de Vigilancia justificarían su paso por la legislatura. Pero, sin duda, por lo que serán recordados será por la Reforma Constitucional que dio vida y pie a la promulgación de la Nueva Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, que sin duda será aprobada en el Pleno de la Presente Legislatura, cuyo líder es Juan Nicolás Callejas.
Se trata de un paquete de iniciativas que dan cuerpo y armonizarán a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Ley Orgánica del Municipio Libre y los Códigos Financieros y Hacendario Municipal.
Esta nueva ley será un firme andamiaje jurídico para fortalecer los procesos de fiscalización en Veracruz, tal y como el diputado Francisco Garrido Sánchez, explicó y adelantó en el Foro Plural de Economistas Veracruzanos, hace un par de semanas.
Esta ley ata las manos y corta las uñas a funcionarios y alcaldes. Es una ley con dientes. Se norma la integración, presentación y el acorte de plazos para el dictamen de las Cuentas Públicas y clarifica las responsabilidades en el Sistema Estatal de Fiscalización.
Clarifica, además, al ORFIS y a los sujetos a revisión, los pasos y procesos para el debido cumplimiento de obligaciones y el deber legal. Le otorga además al ORFIS las facultades necesarias para fiscalizar ejercicios en marcha y ordenar revisiones parciales durante los ejercicios presupuestales. Se incluyen medidas de apremio y la figura de la prescripción y determinación de responsabilidades resarcitorias e imposición de sanciones.
Entran como sujetos a revisar los Programas generales de Inversión, las modificaciones y transferencias presupuestales, los avances físico-financieros y el cierre del ejercicio de los entes fiscalizables municipales. El ORFIS deberá informar de los resultados de sus auditorías y revisiones al Congreso del Estado y a las contralorías internas.
Los nuevos plazos para la entrega obligatoria de las Cuentas Públicas son: los ayuntamientos hasta el 31 de enero. Y, marzo, las dependencias de los poderes ejecutivo y judicial así como los órganos descentralizados (las Cuentas del 2015 ya estarán sujetas a estos nuevos plazos).
Otra novedad es que al ORFIS se le da de plazo hasta el 15 de octubre para rendir su Informe del Resultados. Además, se regula el registro, habilitación, contratación, control y evaluación de los despachos externos y prestadores de servicios profesionales de auditoría.
Enhorabuena para el Congreso y para los veracruzanos. Enhorabuena a las fuerzas políticas que integran la Junta de Coordinación Política presidida por Juan Nicolás Callejas Arroyo; Domingo Bahena Corbalá, del PAN; Juan René Chiunti Hernández, de Nueva Alianza; Ana María Condado Escamilla, del PRD; y Juan Eduardo Robles Castellanos del Verde Ecologista.
Integran la Comisión de Vigilancia los diputados: Francisco Garrido Sánchez, AVE, Presidente; Juan René Chiunti Hernández, NA, y David Velasco Chedraui, PRI, secretarios; vocales, Raúl Zarrabal Ferat (PRI), María del Carmen Pontón Villa (PAN), Carlos Gabriel Fuentes Urrutia (PAN), Juan Eduardo Robles Castellanos (PVEM), Juan Manuel Velázquez Yunes (PRI), Carlos Ernesto Hernández Hernández (PRI), Gustavo Gudiño Corro (PRI), Ana María Condado Escamilla (PRD), Julen Rementería del Puerto (PAN), Marco Antonio Del Ángel Arroyo (PRI), Domingo Bahena Corbalá (PAN) y Gabriela Arango Gibb (PRI).