Pierden fuero diputados federales implicados en la red de empresas fantasma

El próximo 1 de septiembre dejarán de ser diputados federales cinco exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte, en el que ocuparon altos cargos en dependencias de Veracruz desde las cuales se hicieron millonarios pagos a empresas fantasma. Gracias a su fuero como legisladores no se ha podido proceder en contra de algunos de ellos.

Se trata de Antonio Tarek Abdalá quien fuera Tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz; Alberto Silva Ramos quien se desempeñó como secretario de Desarrollo Social y coordinador de comunicación social; Adolfo Mota Hernández quien ocupó el cargo de secretario de Educación; Edgar Spinoso Carrera quien trabajó como Oficial Mayor de dicha dependencia; y Noemí Guzmán Lagunes, exsecretaria de Protección Civil.

En las elecciones federales de 2015 todos ellos obtuvieron un lugar en la Cámara Baja abanderados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con excepción de Spinoso quien compitió por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Lo hicieron justo después de dejar sus cargos en el gobierno de Veracruz y cuando ya se habían realizado la mayor parte de las transferencias de recursos públicos a las compañías fachada con licitaciones simuladas.

Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción (MCCI) publicaron en mayo pasado que la administración de Javier Duarte transfirió más de 3 mil 600 millones de pesos a una red de empresas fantasma a través de distintas dependencias, entre ellas las que encabezaron los hoy diputados federales.

El año pasado la Fiscalía de Veracruz intentó proceder en contra de algunos de los legisladores pero el fuero que perderán el próximo 1 de septiembre lo impidió.

La Procuraduría General de la República también investiga, por su parte, la desaparición de recursos federales en la gestión de estos funcionarios a partir de las denuncias formales interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El personaje clave

El diputado federal Antonio Tarek Abdalá es una figura central en los pagos a la red de empresas fantasma. Desde su cargo como tesorero del Estado dio el visto bueno para la salida de los recursos e incluso, según exfuncionarios de Veracruz, por orden suya se anticiparon pagos a dichas empresas antes de que se simularan los procesos de licitación y adjudicación en las dependencias.

Al inicio del gobierno de Duarte se desempeñó como tesorero del DIF Estatal, instancia desde la cual arrancó el pago a las compañías fachada. Luego, con su llegada a la Tesorería del Estado, estos pagos se extendieron a múltiples secretarías. De acuerdo con lo documentado por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, fueron poco más de 1 mil 459 millones de pesos los pagos que salieron de la tesorería a las compañías fachada.

Abdalá estuvo presente en distintas operaciones irregulares. Por ejemplo, Xóchitl Tress –exfuncionaria del gobierno de Duarte – declaró ante el Ministerio Público que fue Tarek quien encabezó la reunión en la que usando una empresa fachada del contador Víctor López Gachuz, se le transfirió dinero para adquirir una casa.

En septiembre de 2017 la Fiscalía General de Justicia del estado de Veracruz reveló que integraba una carpeta de investigación en contra de Tarek Abdalá por su probable participación en diversos ilícitos, entre ellos abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal y peculado. Por este motivo envió una misiva al Congreso en la que solicitaba su desafuero a fin de que pudiera ser presentado ante el Ministerio Público.

Sin embargo, en octubre de ese mismo año la Sección Instructora de la Cámara de Diputados – presidida por un diputado priistas – rechazó darle siquiera trámite a la solicitud de la Fiscalía de Veracruz, bajo el argumento de que la carpeta de investigación en la que se involucraba a Tarek Abdalá no estaba resuelta.

En los últimos meses los abogados del diputado federal han promovido demandas de amparo para averiguar si hay investigaciones u órdenes de aprehensión en su contra.

El vocero

El diputado federal Alberto Silva Ramos trabajó en distintos momentos en la administración de Javier Duarte. Antes de 2015 lo hizo principalmente como secretario de Desarrollo Social y luego, tras obtener su lugar en San Lázaro pidió licencia para ocupar durante algunos meses el cargo de coordinador General de Comunicación Social. Luego de la derrota del PRI en las elecciones estatales de 2016 volvió a su escaño en San Lázaro.

La Secretaría de Desarrollo Social es la segunda dependencia del gobierno de Veracruz de donde salió una mayor cantidad de pagos a las empresas fantasma, solo detrás de Finanzas. Un parte de ellos fueron en la gestión de Silva Ramos. En total, dicha dependencia adjudicó vía contratos más de 635 millones de pesos a las compañías irregulares.

Por su parte la Fiscalía de Veracruz investigó y determinó pagos irregulares hacia empresas fantasma desde la Coordinación General de Comunicación Social, esto en la gestión de Silva y de su antecesora.

En agosto de 2017 la referida fiscalía pidió formalmente al Congreso de la Unión el desafuero de Silva Ramos. A diferencia de lo sucedido de Tarek, en este caso el proceso sí se puso en marcha por parte de la sección instructora, sin embargo, la comisión de puntos constitucionales terminó desechando el procedimiento.

Luego de conocer que era investigado formalmente por la Fiscalía de Veracruz, Silva Ramos envió una declaración ministerial por escrito a través de sus abogados al Ministerio Público, en la que negó haber actuado premeditadamente para desviar recursos, y subraya que los pagos que se llegaron a realizar eran por instrucción de la secretaría de Finanzas de la entidad.

El resto

El diputado federal del PRI Adolfo Mota Hernández, y el legislador del Verde Edgar Espinoso, laboraron en la Secretaría de Educación de Veracruz antes de llegar a la Cámara Baja. El primero lo hizo como titular de dicha dependencia y el segundo como Oficial Mayor de la misma. Además Spinoso también ocupó el cargo de subsecretario de Administración y Finanzas.

Animal Político y MCCI documentaron que la Secretaría de Educación de Veracruz realizó pagos por más de 216 millones de pesos a múltiples empresas fachada pertenecientes a la red creada por el despacho del contador Víctor López Gachuz. No hay constancia confiable de que los servicios se realizaron aunque el dinero sí se transfirió.

Investigaciones a cargo del gobierno de Veracruz advierten además que Mota podría haber fungido como supuesto prestanombres para la adquisición de propiedades en los Estados Unidos.

En el caso de Spinoso Carrera este ha colaborado con el gobierno de Miguel Ángel Yunes y ha devuelto varias propiedades, incluyendo una avioneta y un helicóptero, sin embargo, no está claro si a cambio de ello no se procederá en su contra.

En el caso de la diputada Noemí Guzmán Lagunes ella trabajó como titular de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, cargo del que renunció para buscar su lugar como diputada federal en 2015.

Durante la gestión de Guzmán, la referida dependencia otorgó contratos por casi 60 millones de pesos a compañías fachada. El concepto de dicho contratos eran supuestos apoyos con materiales y despensas para damnificados, sin embargo, cuando se solicitó vía transparencia la comprobación de que esto se realizó, la respuesta oficial es que no se encontraron los expedientes.