La LXV Legislatura da entrada a propuesta de Ley de Austeridad

La Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz dio entrada a la iniciativa con proyecto de Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, cuyo objeto es regular la aplicación de medidas de austeridad en la planeación, programación, presupuestación, ejecución, y control del gasto gubernamental, como política pública en la entidad.

Lo anterior para cumplir con los principios de economía, eficacia, eficiencia transparencia y honradez en la administración de los recursos económicos de carácter público de que dispone el Estado.

La iniciativa de Ley de Austeridad prevé la reducción del gasto corriente respecto de los salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos de los poderes, órganos autónomos y sus entes públicos.

También la incorporación de todos los funcionarios a los sistemas públicos de seguridad social y la consecuente prohibición de establecer regímenes privilegiados de jubilación, pensión o haberes de retiro, así como el contratar a cargo de recursos públicos, seguros privados de gastos médicos, de vida o separación, cualquiera que sea su denominación.

De igual forma busca evitar el engrosamiento del aparato burocrático, desarrollando las funciones del Estado sin crear nuevas plazas. Restringir a los casos estrictamente justificados por razón de necesidad en la función desempeñada, el uso de escoltas, elementos de seguridad, secretarios privados y asesores, los cuales no podrán ser encomendados o comisionados a actividades privadas o ajenas a su función.

Prevé limitar el uso de vehículos de propiedad del Estado al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo de la población. Sólo podrán destinarse a fines diversos en los casos cuya necesidad se justifique por ser medio directo para el cumplimiento de una función pública.

Plantea restringir el gasto en propaganda oficial, disminuyendo al mínimo posible la contratación de tiempos comerciales y concentrando en una sola dependencia su difusión y establecer límites al número de viajes oficiales al extranjero de cada ente público, prohibiendo la adquisición de traslados en servicio de primera clase o equivalente.

Entre otras cosas propone establecer límites para que no se excedan los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior en los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica; combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, una vez considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación.

No podrán constituirse fideicomisos, ni fondos, mandato o análogos públicos o privados, ni se permitirá que se hagan aportaciones de cualquier naturaleza que tengan por objeto alterar las reglas de disciplina y ejercicio honesto del gasto.

La iniciativa, que consta de 13 artículos, fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado para su estudio y dictamen correspondiente.