Impulsa Florencia Martínez aumento a la pensión alimenticia de adultos mayores

La diputada Florencia Martínez Rivera, integrante del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia”, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 1, de la Ley que Reconoce el Derecho de las Personas Físicas, Mayores de Setenta Años de Edad, que No Tengan Ingreso Alguno y Sin la Protección de los Sistemas de Seguridad Social del Estado o de la Federación, a recibir una pensión alimenticia del Gobierno del Estado.

La legisladora expuso que las personas adultas mayores merecen especial protección por parte de los órganos estatales y se les tiene que brindar una vida sana como a todas las personas, garantizando su protección por parte del Estado, pues constituyen un grupo vulnerable que por su avanzada edad los coloca con frecuencia en una situación de dependencia familiar, discriminación e incluso abandono.

Actualmente, abundó Martínez Rivera, las condiciones de pobreza, abandono, violencia, negligencia, maltrato y abuso económico que padecen adultos mayores en nuestro estado, les imposibilita vivir dignamente su vejez.

Dijo que esta situación de vulnerabilidad ocasiona que no puedan satisfacer la mayoría de sus necesidades básicas, en salud, nutrición y vivienda, limitando los derechos de estos miembros débiles de la sociedad, razón por la cual el Estado tiene la responsabilidad de implementar políticas públicas para brindarles una adecuada protección.

En Veracruz, la actual Ley número 223, subrayó, únicamente proporciona y hace referencia a una pensión alimenticia mensual, correspondiente a la mitad del salario mínimo vigente, lo que es insuficiente para que los adultos mayores logren tener acceso a una vida digna, poniendo a las personas que son beneficiarias de esta pensión alimenticia, en un estado de vulnerabilidad, que contribuye a la disminución de la capacidad motora e intelectual propias de la edad, que a su vez se traduce en la dependencia familiar y social, que en muchos casos en la realidad conlleva al aislamiento y discriminación familiar, laboral y económica.

Agregó que hoy en día, el Poder Ejecutivo Estatal, por mandato de la Ley, otorga una pensión alimenticia mensual a los adultos mayores de 70 años, equivalente a la mitad del salario mínimo vigente en la ciudad de Xalapa, siendo los 212 DIF Municipales en coordinación con el DIF Estatal, los responsables de entregar y suministrar los recursos económicos.

De acuerdo a datos del Gobierno del Estado, hay solamente 5,000 mil beneficiarios, a lo largo y ancho del territorio veracruzano, expuso.

La diputada señaló que los beneficiarios de dicha pensión alimenticia, tal y como establece la Ley, son adultos mayores que viven en situación de pobreza y que no cuentan con ingresos o activos, ni con pensiones del IMSS, ISSSTE, PEMEX, CFE, Fuerzas Armadas, ni con sistemas de pensiones o seguridad social, ya sea privado, del Estado, de la Federación o de empresas paraestatales.

Destacó que son personas que sistemáticamente fueron y son víctimas de exclusión laboral y de atención médica, razón por la que no cuentan con seguros médicos y tienen dificultades para acceder a los servicios de salud.

En la mayoría de los casos, abundó, esta pensión, es el único medio de subsistencia con la que ellos cuentan.

Destacó que la presente iniciativa tiene por objetivo beneficiar a los cinco mil adultos mayores, de los cuales tres mil 43 son mujeres y mil 957 hombres, aumentando y otorgándoles una pensión correspondiente a las tres cuartas partes del salario mínimo vigente en la ciudad de Xalapa.

Lo anterior, concluyó Martínez Rivera, con el fin de garantizar a los beneficiarios un ingreso económico adecuado, que permita atender sus necesidades básicas de salud, bienestar, vestimenta, alimentación, y contribuya a su plena integración social y a una mejor calidad de vida.

La iniciativa, que registró la adhesión del Grupo Legislativo del PAN, del Mixto PRI-PVEM y de la diputada Mónica Robles Barajas, del Grupo Legislativo de Morena, fue turnada a la Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.