Atrae SCJN caso de corresponsal de "La Jornada" en Veracruz
+De acuerdo con el expediente, se registró y admitió a tramite en la SCJN la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción con el número 781/2018
Nacionales
La Jornada - 2019-01-29
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso de Eirinet Gómez, corresponsal de La Jornada en Veracruz, quien se amparó para que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai) ordene a la Policía Federal (PF) entregar una versión pública, en la cual se dan a conocer los datos, cifras o estadísticas relacionadas con los indicios encontrados en las fosas clandestinas del predio Colinas de Santa Fe, en el estado.
De acuerdo con el expediente, se registró y admitió a tramite en la SCJN la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción con el número 781/2018 y se turno a Alberto Pérez Dayán, quien lo presentará a los ministros.
En diciembre pasado, por unanimidad de votos de los magistrados Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito Carlos Alberto Zerpa Durán (presidente), Guillermina Coutiño Mata y María Alejandra de León González, resolvieron que el máximo tribunal del país retomara el caso y lo estudie para que determine acerca de las facultades del Inai.
En ese entonces le ordenó a la SCJN tenga a bien determinar acerca de la facultad de atracción que se plantea en el expediente; y en consecuencia, se remitiera a ese alto tribunal los autos del recurso de revisión en que se actúa, el juicio de amparo origen y el tomo de pruebas.
La corresponsal de La Jornada ha informado de manera puntual sobre los hallazgo del cementerio clandestino Colinas de Santa Fe - donde El Colectivo Solecito de Veracruz, conformado por familiares de personas desaparecidas, ha rescatado los restos humanos de casi 300 personas inhumadas de manera clandestina en predios aledaños a la carretera “13.5 kilómetros”, que se encuentra en la zona norte de la entidad.
En abril de 2017 Eirinet Gómez solicitó al Inai a través de una solicitud, ordenara a la PF entregar una versión pública de los hallazgos e investigaciones, pero se la negaron, ya que la Policía Federal reservó por cinco años la información, fue entonces que la reportera, asesorada por sus abogadas Marybeda Patlax Valdivia y Adriana Fuentes Manzo, de la Asociación Civil Equifonia, recurrió al amparo.
