Órganos autónomos rendirán un informe a los poderes Legislativo y Ejecutivo

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura aprobaron la iniciativa, presentada el 9 de mayo pasado por la diputada Magaly Armenta Oliveros, por la cual se reforma el artículo 67 de la Constitución Política del Estado y se establece que los órganos autónomos de la entidad tendrán la obligación de presentar, dentro de los primeros 15 días de cada año, a los Poderes Ejecutivo y Legislativo un informe de actividades.

Además se establece que los titulares de los órganos autónomos deberán comparecer ante el Poder Legislativo del Estado, en sesión pública, durante la última quincena del mes de enero, conforme al formato que establezca la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su respectivo Reglamento.

Asimismo, se determina que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV), solo estará obligado a presentar el informe de actividades.

El Dictamen, puesto a consideración por la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, destaca que la rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes esenciales en los que se fundamenta un Gobierno democrático y que, mediante la rendición de cuentas, es como éste explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de estas.

Refiere que la transparencia abre la información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar.

En consecuencia –añade- el Gobierno democrático debe rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones y debe transparentarse para mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos.

El Dictamen registró 41 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

Tras aprobarse el Dictamen y conforme a lo establecido en la Ley Reglamentaria del artículo 84 de la Constitución Política del Estado en materia de reformas parciales, la Mesa Directiva, presidida por el diputado José Manuel Pozos Castro, instruyó a la Secretaría General remitir el Decreto a los ayuntamientos de la entidad para su consideración.