Cometen fraude del siglo, en agravio de 74 pescadores de Tuxpan

Humildes pescadores de Tuxpan han emprendido acciones legales contra el poderoso despacho jurídico de Horacio Polanco Carrillo y contra la exdirectiva de la Cooperativa de Producción Pesquera del Puerto de Tuxpan, por un presunto fraude que podría ascender a 80 millones de pesos.

Pero esta cantidad sólo es la punta del iceberg, ya que el despacho de Horacio Polanco, a través del expresidente de los cooperativistas, Miguel Zaleta Reyes, obtuvo ilegalmente una cesión de derechos litigiosos de un juicio que ya fue ganado a CFE y en cuya sentencia se obliga a la empresa paraestatal a invertir 1500 millones de pesos para remediar afectaciones.


Horacio Polanco Carrillo
Los pescadores cooperativistas de la laguna de Tampamachoco pasaron décadas sufriendo por el desplome de la producción pesquera debido a la contaminación que generó la Termoeléctrica Adolfo López Mateos. Hace 15 años iniciaron un juicio contra CFE y para bien de ellos, lo ganaron. Cuando pensaron que la fortuna y la bonanza les sonría, sus propios dirigentes y abogados los despojaron de un millón de pesos a cada uno.

En una reunión celebrada en la sede de la cooperativa, el abogado de la actual directiva detalló que un Juez Federal aplicó una multa de 222 millones de pesos a CFE, por incurrir en actos de desacato al no cumplir con la sentencia original de reparar afectaciones en la Laguna de Tampamachoco.

Una vez que CFE pagó esos 222 millones de pesos inició la repartición de los recursos y tocaban 2.2 millones de pesos por persona. Pero el entonces presidente de la cooperativa, Miguel Zaleta Reyes, infló el padrón de beneficiarios e incluyó hasta personas fallecidas.

Pero lo peor vino después, cuando Miguel Zaleta, Noe Blasco y el despacho Polanco descontaron 450 mil pesos a cada pescador, con el argumento de que sería para pagar los impuestos al Servicio de Administración Tributaria. Al final solo recibieron 1.2 millones de pesos, es decir, un millón de pesos menos de lo que les otorgó el Juez Federal.

Con el tiempo se dieron cuenta que habían sido víctimas de una estafa, por lo que acudieron al SAT y ahí les dejaron en claro que las prestaciones que recibieron no eran sujetas a impuestos a federales. En pocas palabras, los 450 mil que les quitaron para impuestos, nunca ingresaron al SAT.

Hay pruebas documentales que confirman que Miguel Zaleta sacó de la tumba personas fallecidas para cobrar 1.2 millones de pesos. Está el caso de Juan Cruz Herrera, que falleció el 2 diciembre de 2015 y cobró el recurso en julio 2017.



Ante ello, los 74 cooperativistas han iniciado una batalla legal contra sus exdirigentes y contra el despacho de Horacio Polanco Carrillo, un abogado ambientalista de gran poder económico y político que el año pasado aspiraba a dirigir la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA), del gobierno de López Obrador, pero no se le hizo, en su lugar nombraron a Ángel Carrizales.

Esta mención viene a colación porque los pescadores saben que se enfrentarán al poder económico en los tribunales para recuperar el dinero que les quitaron y para evitar que se cometa un nuevo despojo o fraude.

Debido a que la CFE continúa siendo renuente a cumplir la sentencia dictada en el expediente 04/2005, que la obliga a desembolsar 1500 millones de pesos, un juez federal está por aplicarle una multa de 300 millones de pesos, cuyo dinero debe ser repartido entre los pescadores.

El gran problema es que el despacho de Polanco Carrillo reclama los derechos litigiosos del juicio, lo que le daría poder para acceder a esos 300 millones de pesos. Estos derechos le fueron otorgados por Miguel Zaleta, expresidente de la Sociedad Cooperativa.

La primera batalla legal ya fue ganada por los pescadores, ya que un juez federal determinó que esa cesión de derechos es ilegal. Polanco Carrillo ha impugnado esa resolución, pero tiene pocas probabilidades de ganar, ya que obran en el expediente pruebas documentales que precisan que el despacho recibió la cesión cuando Miguel Zaleta ya no era presidente de la Cooperativa y, además, para que esto se hubiera podido dar, requería de la aprobación de los socios.

Los pescadores han hecho un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para que todos los órganos judiciales y de impartición de justicia actúen apegados a derecho, porque la contraparte tiene recursos económicos suficientes para corromper fiscales o jueces.

Samuel Bermúdez Cortés, actual presidente de la Cooperativa indicó que desde un principio Miguel Zaleta sólo pretendía darles 500 mil pesos, de los más de 2 millones de pesos que les otorgó el juez federal, de manera individual.

Jesús Jonguitud, delegado de los pescadores, indicó que fueron objeto de una mala administración, porque aun cuando el Juez decidió el monto que le tocaba a cada uno, el señor Miguel Zaleta lo repartió como quiso e infló el padrón.

Ahora el expresidente de la cooperativa y el despacho Polanco enfrentan cargos judiciales y los pescadores llegarán hasta sus últimas consecuencias.

Como represalia a la lucha que han emprendido estos pescadores, Miguel Zaleta y otros exsocios han denunciado penalmente a los socios con derechos vigentes, acusándolos de daños a sus charangas. Pero, los pescadores están tranquilos, porque saben que los bienes son de la cooperativa, no de las personas.

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