La CEAPP y la discriminación hacia periodistas enfermos de COVID-19

A estas alturas no se sabe quién es más mezquino o miserable, si el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez o la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas que encabeza Ana Laura Pérez, porque el famoso apoyo emergente que han prometido a los comunicadores enfermos de COVID-19, es más una limosna que una ayuda real en la emergencia.

La CEAPP meterá mano al cajón donde guardó más de 19 millones del presupuesto del 2020, para “ayudar” a los periodistas afectados por la pandemia con un apoyo único de $7,393.02. Eso sí, para poder acceder ese dinerito habrá que franquear infinidad de requisitos y comprobantes, entre ellos tener documentación oficial que confirme que se padeció o padece COVID-19.

Como ironía del destino, la Secretaría de Salud de Veracruz hasta hace poco empezó a reconocer los casos de COVID-19, porque antes, en su afán de ocultar el número de positivos diagnosticaban la enfermedad como neumonía atípica. Así que, si un reportero sobrevivió a la enfermedad, no podrá comprobar el coronavirus.

La Comisión pretende que, con poco más de 7 mil pesos, los periodistas puedan dar atención y tratamiento a una enfermedad con sintomatología asociada a COVID-19. Pero este apoyo no será permanente, solo estará disponible para quienes se registren hasta el viernes y el número de elegidos quedará supeditado al agotamiento del presupuesto.

No decimos que los 7 mil pesos no son de utilidad, lo que cuestionamos es la reacción tardía de la CEAPP ante la pandemia y los estragos que ha causado en el gremio reporteril. También indigna que sea una cantidad tan ínfima, que no alcanzará ni para surtir una primera receta.

Tal vez la justificación de la Comisión Estatal sea la falta de recursos, pero esto denota su incapacidad para gestionar recursos emergentes para atender a los reporteros que han enfermado o han perdido a seres queridos por el coronavirus.

Es cierto que el gobierno de Cuitláhuac no tiene sentido social y tampoco se compadece de las tragedias, pero lo menos que pudieron hacer era crear un fondo emergente para atender a los periodistas más afectados, no una sola vez, sino hasta que logren superar la emergencia.

Al iniciar este artículo nos preguntamos quién era más miserable si la CEAPP o el gobierno de Cuitláhuac. La realidad es que ambos y le vamos a contar por qué:

En la convocatoria que publicó la CEAPP textualmente cita lo siguiente: “El Pleno de la Comisión será quien en sesión apruebe los apoyos conforme a una lista de prelación, la cual después de ser aprobada será publicada con los nombres de los beneficiarios en la página oficial www.ceapp.org.mx”.



Obviamente esto constituye una violación a la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados. La citada ley tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para tutelar y garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de los sujetos obligados.

Publicar nombres de reporteros que padecen o padecieron COVID-19 es una violación a sus derechos humanos, pero, además, los expone a actos de discriminación. ¿A quién se le ocurrió semejante barbaridad?

Los periodistas viven al día, muchos son personas mayores, vulnerables, que ya sufren padecimientos crónicos. Esta emergencia vino a agravar su deteriorada salud y sobre todo su economía. A ellos se les debe apoyar, pero bien, no solo con 7 mil pesos.

El dinero no es de los funcionarios, es de todos los veracruzanos y debe invertir con causa social.