Sin avance caso contra Duarte por desapariciones; México no logra permiso para detenerlo

Pese a que desde junio de 2018 se giró una orden de aprehensión en su contra por el delito de desaparición forzada, esta no ha podido ser cumplimentada ya que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha conseguido el permiso diplomático de Guatemala para hacerlo, a un año y medio de haberlo solicitado.

Tras varias complicaciones iniciales, la solicitud fue enviada en junio de 2019 al país centroamericano. Se le pidió que hiciera una excepción en el tratado de extradición y permitiera ejecutar la orden de arresto en contra de Duarte por un nuevo delito distinto a los que originalmente se le imputaron.

Sin embargo, a diferencia de otras gestiones diplomáticas que el gobierno federal ha consumado con resultados rápidos – como la del caso Salvador Cienfuegos – el trámite del exgobernador de Veracruz se ha estancado sin que se haya conseguido una resolución favorable.

Así lo confirma un oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que Animal Político obtuvo a través de una solicitud de transparencia, en la que se le pidió conocer el estatus en que se encuentra el procedimiento.

“La solicitud de excepción a la regla de especialidad, que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos presentó al Gobierno de la República de Guatemala, con el fin de que se autorice que el señor JAVIER DUARTE DE OCHOA, quien fuese extraditado por ese país a México en 2017, pueda ser sujeto a proceso penal diverso a aquel que motivó su entrega, actualmente continúa en estudio por parte de las autoridades competentes de aquel país (…) no existe ningún pronunciamiento definitivo por parte de dichas autoridades”, respondió en el oficio la cancillería.

El permiso de Guatemala es necesario ya que dicho país extraditó en 2017 al exgobernador solo por delitos de corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada. Para que se le pueda juzgar por otra cosa se requiere lo que técnicamente de denomina “excepción al principio de especialidad”, que es un permiso para se le pueda sumar otra acusación.

Cuestionada sobre si existe un plazo legal para obtener una respuesta a dicha petición, Relaciones Exteriores dijo que el tratado firmado entre ambos países no establece ningún término para ello.

Lo que sí confirmó la Cancillería es que toda la información que Guatemala ya fue presentada por México cuando se formalizó la solicitud. Es decir, lo que está pendiente desde hace año y medio es la respuesta del país centroamericano,

Desapariciones, complicaciones e impunidad

Veracruz es uno de los focos rojos en desapariciones en México. De acuerdo con datos oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda, hay más de cinco mil las personas reportadas como no localizadas en su territorio, entre los que figuran ocho periodistas. Es la cuarta entidad con la mayor cantidad de desapariciones en el país.

En febrero de 2018, la Fiscalía General de Justicia de Veracruz reveló que investigaba más de 200 posibles desapariciones forzadas presuntamente perpetradas por policías estatales en la administración de Duarte (2010 – 2016). Ese mismo mes, en el marco de un operativo denominado Tiro de Gracia, la fiscalía cumplimentó 19 órdenes de aprehensión en contra de mandos y elementos de dicho cuerpo policial.

Al continuar con las indagatorias, la fiscalía también procedió en contra del que fuera el exfiscal General del estado Luís Ángel Bravo por posible encubrimiento y, finalmente, el 6 de junio de 2018 se obtuvo de una jueza local una orden de aprehensión en contra de Javier Duarte por desaparición forzada.

En concreto, la Fiscalía responsabiliza al exgobernador de supuestas omisiones al no haber actuado para impedir que dichas desapariciones no ocurrieran o se esclarecieran, pese a que presuntamente estaba al tanto de los hechos.

Pero a dos años y medio de que la jueza ordenara dicha aprehensión el caso se ha complicado no solo por el escollo diplomático ya descrito, sino por fallas en las indagatorias que se integraron.

Por ejemplo, en diciembre de 2018 el que fuera jefe de la policía estatal con Duarte, Arturo Bermúdez Zurita, recobró su libertad luego de obtener un amparo en el que se definió que la prisión preventiva que se le impuso no estaba sustentada adecuadamente. Ya en libertad, Bermúdez denunció que fue víctima de tortura para incriminarse y culpar a otros.

La misma suerte ha corrido el proceso en contra del exfiscal Bravo quien primero ganó un amparo para seguir su proceso en libertad y luego obtuvo otro que dejó sin efecto el procedimiento penal que se le inició. En septiembre pasado un Tribunal federal le ordenó a un juez definir, en definitiva, si existen elementos para mantener abierto en caso.

Bravo ha sostenido, como otros exfuncionarios, que fue torturado por parte de la Fiscalía para inculpar a Duarte y otros exfuncionarios de diversos delitos.

Por su parte Javier Duarte (quien cumple en el Reclusorio Norte una sentencia de 9 años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa) siempre ha negado haber tolerado y consentido las desapariciones forzadas en su administración, e incluso asegura que ordenó investigar y esclarecer todos los casos.

No obstante, el común denominador de las desapariciones es que siguen impunes. Un ejemplo es el caso de seis jóvenes detenidos en diciembre de 2013 por agentes ministeriales y navales en la colonia Formando Hogar, de Veracruz. Hasta el día de hoy el paradero de todos ellos se desconoce y no hay nadie procesado y sentenciado por el caso.

Extradición de Karime también se complica

Otro caso que también enfrenta complicaciones diplomáticas y judiciales es el abierto contra Karime Macías, exesposa de Javier Duarte y exprimera dama de Veracruz, por su probable responsabilidad en el desvío de más de decenas de millones de pesos a una red de empresas fantasma cuando encabezaba el DIF de aquel estado.

Desde mayo de 2018 un juez ordenó la detención de Macías por el delito de fraude específico, sin embargo, el proceso no ha podido ponerse en marcha.

Las dificultades surgieron a partir de la petición de extradición que el Gobierno federal presentó ante el Reino Unido, país en el que Macías reside desde hace tres años luego de que se fuera de México alegando que era víctima de una persecución política.

Autoridades federales que han participado en este proceso revelaron a Animal Político que el tribunal británico que revisa el caso consideró que la solicitud original no estaba bien sustentada, sobretodo porque no había datos bancarios que probaran la forma en como, supuestamente, Macías participó en el fraude.

El reto, explica una funcionaria que participa en el proceso, ha sido convencer a sus contrapartes inglesas de que en México la investigación no está cerrada y que mucha de la evidencia se reuniría después de que se vinculara a proceso a Macías, si es que se llega a esa instancia.

Originalmente se había previsto que en noviembre se definiera el juicio de extradición, sin embargo, los requerimientos que han hecho las autoridades británicas sumado a las complicaciones por la pandemia del COVID-19 han retrasado el procedimiento.

De manera paralela los abogados de Macías han promovido diversos recursos en México para tratar de anular la orden de aprehensión. En octubre pasado y como parte de un proceso de amparo en revisión, sus abogados consiguieron que un Tribunal federal admitiera diversas pruebas relacionadas con al tortura que habría sufrido uno de los testigos usados en su contra.

En ese contexto, la apuesta de su defensa es que en México se revoque el proceso iniciado en su contra, o que el Reino Unido desestime la petición de extradición realizada por nuestro país.

A la par de este caso Macías enfrenta investigaciones a nivel federal por el posible desvío de recursos federales, así como por delitos fiscales, pero hasta ahora no han sido judicializadas.