Abogados de los 11 detenidos en un operativo del pasado 24 de enero en el municipio de Nanchital, aseguran que se le ha negado las audiencias y el juicio a las presuntas víctimas. Hasta ahora sólo se sabe que legalmente son acusados por el delito de ultrajes a la autoridad, aunque de inicio se habrían señalado como "autodefensas".
Cuando fueron detenidos se implementó un operativo el 24 de enero, entre 5 y 6 de la mañana. Se les relaciona con el delito de ultrajes a la autoridad, porque estaban obstaculizando trabajo de la Policía Ministerial, dijo el abogado Salvador García.
“Venimos a esta ciudad para solicitarle al gobernador una audiencia para dialogar con él, referente a once detenidos que se encuentran desde el día 24 de enero del presente año, mismos que fueron detenidos por supuestamente por el delito de ultrajes a la autoridad, esto con el fin de relacionarlos con posterioridad con el asunto de once personas que aparecieron sin vida en esa zona. Hemos querido a través de una mesa de diálogo por la paz para que podamos platicar referente a este asunto, perro el gobernador en ningún momento nos ha querido recibir”.
Dijo que la gente que se encuentra detenida son campesinos, son gente trabajadora, no son personas relacionadas con ningún tipo de grupo cómo lo han estado manifestando a través de algunos medios de comunicación.
“en la zona sur de Veracruz, no existe ningún tipo de grupos de autodefensas como lo han señalado es pura gente trabajadora, son campesinos agricultores, ganaderos son gente de trabajo”.
Este lunes llegaron a la capital del Estado, a solicitar audiencia con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que se investigue y se siga conforme a derecho el proceso judicial, pues aseguran que los 11 representados, en su mayoría jornaleros y personas dedicadas al campo, son inocentes y ajenos a la masacre de una decena de personas en la zona sur del estado.
Tras una manifestación en la plaza Lerdo, la representación legal y esposas de los detenidos ingresaron al Palacio de Gobierno y confiaron en que la intervención del Estado facilite las acciones legales que hasta ahora están suspendidas.
