Llaman a ponderar estabilidad financiera de Ciudades Judiciales

El Grupo Legislativo de Morena presentó ante la Diputación Permanente un Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el cual hace un llamado al Poder Judicial del Estado de Veracruz para que investigue, valore y determine la viabilidad de los proyectos público-privados de construcción, equipamiento, conservación y el estado que guardan los centros de impartición de justicia denominados Ciudades Judiciales en la entidad, sin poner en riesgo su estabilidad financiera.

En el uso de la voz, la diputada Magaly Armenta Oliveros explicó que, de acuerdo con los compromisos adquiridos para la construcción de dichos espacios, el Poder Judicial ha iniciado la obligación de otorgar la contraprestación económica a las empresas privadas encargadas de la construcción y del equipamiento, traduciéndose en una suma económica considerable que deberán devengar por 300 meses según lo pactado, pudiendo mermar el estado financiero de dicho Poder.

Ante esta problemática, la cual se intensificará al término de la construcción de las Ciudades Judiciales restantes, la legisladora realizó un exhorto a las empresas que conformaron las Sociedades Mercantiles de Propósito Específico y encargadas del proyecto, a examinar, en conjunto con el Poder Judicial del Estado, las condiciones actuales de los contratos con el objeto de ponderar el interés social y el de las obligaciones contraídas y encontrar un esquema que favorezca a las y los veracruzanos.

En este sentido, continuó la Diputada, si bien el Poder Judicial buscaba atender una problemática muy concreta relativa a la impartición de justicia y garantizar su acceso a todas y todos los ciudadanos, “también lo es que las condiciones actuales del proyecto distan de ser asequibles en el mediano plazo y deben atenderse los criterios de racionalidad, uso eficiente de los recursos públicos y contención del gasto, en las acciones que desarrollen los entes públicos”.

Señaló que es obligación de esta Soberanía fijar y revisar el presupuesto que se asigna a los órganos públicos, “por lo que proponemos este exhorto a las partes involucradas para que revisen, investiguen y concilien de la mejor manera, en aras de otorgar a la ciudadanía un servicio digno y eficiente, sin comprometer el futuro de las instituciones del Estado”