A pesar de que la defensa de July Raquel N demostró que hubo tortura y abuso sexual comprobado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el gobierno de Veracruz y la Fiscalía General del Estado (FGE) estarían por rechazar la Recomendación 51VG/2022 emitida el 10 de febrero del 2022.
Durante la audiencia de juicio 51/2022-J, contra July Raquel que inició el 22 de marzo del 2022 y finalizó miércoles 06 de abril, la acusada dio a conocer el nombre del policía ministerial de Veracruz y lo señaló ante el
Juez de Juicio Francisco Reyes Contreras por haber cometido el delito de abuso sexual contra ella.
En una videograbación de la audiencia se puede escuchar al juez que dice a July Raquel “Antes de que salga, señorita July qué quiere decirme”.
Al respecto la ciudadana originaria de la Ciudad de México expresa “Juez quiero hacer de su conocimiento que la persona que está de mi lado derecho, el policía ministerial de nombre Rodolfo, hasta ahora lo sé (el nombre); fue la persona que me torturó durante todo el trayecto. Me violó y amenazó con matarme a mis hijos y mis papás”.
En la videograbación se observa de July Raquel N comienza a llorar y al no poder parar; el juez de juicio añade “señorita July sus manifestaciones quedaron registradas en el video”.
Posterior, el Juez de Juicio se dirige hacia el policía ministerial Rodolfo Jurado García señalado por July Raquel N, y le solicita que abandone la sala de juicio oral del Distrito Judicial de Xalapa con sede en Pacho Viejo municipio de Coatepec.
El juez de juicio expresa “Le agradezco que se haya presentado señor Rodolfo Jurado García, le agradezco que se haya presentado. Autorizó que le devuelvan la credencial con la que se estableció plenamente. Debido a que la persona se refirió en este juicio, le voy a pedir que no permanezca en las instalaciones”.
El martes 18 de abril el Juez de Juicio Francisco Reyes Contreras dictó sentencia condenatoria de 60 años de prisión contra la ciudadana July Raquel N, acusada por la Fiscalía General del Estado de co- participar en el homicidio doloso calificado en contra la rectora de la Universidad Valladolid, María Guadalupe N, ocurrido el 29 de junio del 2020 en el fraccionamiento Bugambilias del municipio de Emiliano Zapata.
EL GOBIERNO DE VERACRUZ ESTARÍA OBLIGADO A PAGAR 50 MILLONES DE PESOS POR REPARACIÓN DEL DAÑO, CASO JULY RAQUEL EN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Para el abogado defensor René Paratte Corona, la audiencia de juicio y la sentencia condenatoria contra July fue apresurada por la FGE y el gobierno de Veracruz para que no se inicie un procedimiento legal que le costaría al estado de Veracruz un promedio de 50 millones de pesos como reparación del daño.
Refirió que el 10 de febrero del 2022 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 51VG/2022 al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y a la fiscal general de la entidad, Verónica Hernández Giadáns, por las violaciones graves a derechos humanos cometidas contra July Raquel, quien fue torturada y abusada sexualmente, luego de ser detenida en la Ciudad de México y trasladada a Pacho Viejo en Coatepec, por parte de policías ministeriales.
Informó que el sábado 6 de noviembre de 2020, July Raquel fue detenida en un operativo conjunto de la Policía Ministerial del estado de Veracruz y de la Ciudad México. Estuvo retenida por varias horas en instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y posteriormente fue trasladada en vehículos de la policía ministerial del estado de Veracruz a Pacho Viejo para ser presentada ante un juez.
El abogado expresó que la sentencia de 60 años “es excesiva” porque a ella la señalan como co-participe, y la condenan como si ella hubiera disparado el arma.
Con respecto al video, el abogado dijo que es un medio de prueba de que se violentan los derechos constitucionales de una mujer en el estado de Veracruz.
“El juez de juicio y el juez de intermedia le solicitaron a la Fiscalía que llevaran a cabo la apertura de carpetas y hasta la fecha no lo hicieron; es más el servidor público (el policía ministerial señalado) debería ser investigado. La justicia está politizada en Veracruz”.
El abogado recordó que aún está vigente el amparo en revisión por el Protocolo de Estambul que se realizó a July Raquel N, que está a cargo del Primer Tribunal Colegiado en materia penal.
“Todavía no hay que echar campanas al vuelo, aún hay un amparo en revisión, la alegria del gobernador todavía no debería ser, porque el caso de July está en la cancha de Jueces Federales”.
Agregó que la FGE hizo uso de actos ilegales para lograr la condena por parte del juez de juicio y así evitar la orden de pago de reparación del daño hacia July Raquel por arriba de los 50 millones de pesos.
“La Fiscalía por no atender la recomendación de la CNDH, con argucias y ganar tiempo y sacar ya la recomendación de la CNDH buscaron el artilugio para resolver su propio problema; el gobernador sabe muy bien que está condenado a pagar una cantidad exhorbitante por dañar la reputación de una mujer y dañar a toda la familia de una mujer; el gobernador puede ser llevado a un juicio político por no aceptar una recomendación de la CNDH”, explicó el abogado
CNDH COMPROBÓ TORTURA Y ABUSO SEXUAL
Por su parte el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh asociación civil) señalaron que durante las más de nueve horas que duró el viaje, que debería tomar la mitad de ese tiempo, July Raquel fue víctima de actos de tortura y tortura sexual mientras se le acusaba de relacionada con el homicidio de la rectora del Colegio Valladolid.
A partir de mayo de 2021, el Centro Prodh dieron acompañamiento a July Raquel y a su familia en la exigencia de que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes ante los actos de tortura sexual cometidos por las autoridades que realizaron su detención y traslado.
Debido a la trascendencia y gravedad de los hechos, en el mes de julio de 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ejerció su facultad de atracción sobre la queja presentada por la familia de July ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, a raiz de los actos de tortura.
El Centro Prodh expuso que la investigación de la CNDH acreditó que la víctima fue objeto de diversos actos de tortura, que vulneraron su derecho a la integridad personal, a través de agresiones físicas, psicológicas y sexuales, que laceraron su dignidad, honra e intimidad, con lo cual, indebidamente, las autoridades involucradas lograron que aceptara la presunta comisión de un delito.
Las secuelas generadas quedaron constatadas a través del Informe de Evaluación Psicológica, conforme a lo establecido en el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes “Protocolo de Estambul”, en el que se dictaminó que la víctima aún presenta en su comportamiento manifestaciones como insomnio, ansiedad, hipervigilancia, respuesta exagerada de sobresalto, rechazo a la interacción con hombres y alteración de su respuesta sexual.
La CNDH determinó que aun cuando los agentes estatales tenían la obligación de garantizar la integridad de la persona detenida hasta que fuera puesta a disposición de la autoridad competente, generando condiciones de seguridad y libres de cualquier acto o contexto de violencia, debido a su género; hicieron uso de técnicas ilegales para obtener su confesión, utilizando su cuerpo y su sexualidad como un elemento más para infligir en ella actos que la afectaron gravemente.
Asimismo, tanto el médico adscrito a la Dirección General de la Policía Ministerial como las autoridades del penal de Pacho Viejo también vulneraron sus derechos fundamentales, ya que tuvieron conocimiento de los posibles actos de tortura y violencia sexual cometidos y, a pesar de ello, omitieron denunciarlos a la autoridad competente, lo que indudablemente ha impactado en el acceso a la justicia.
Por su parte la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el 10 de febrero del 2022 informó
“El conjunto de evidencias permitieron a este Organismo Autónomo acreditar violaciones graves a los derechos humanos a la integridad y seguridad personal por actos de tortura y violencia sexual; al trato digno, a la no discriminación y a una vida libre de violencia cometidos por policías ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del estado; así como al derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia y a la seguridad jurídica por parte de personas servidoras públicas de esa dependencia y de la Secretaría de Seguridad Pública local.
Por ello, la CNDH solicitó al gobernador de Veracruz inscribir a la persona afectada en el Registro Estatal de Víctimas; evaluar si existen otras víctimas indirectas del caso, a fin de que puedan acceder a una reparación integral del daño, y colaborar en la presentación de las quejas y denuncias que el organismo formule ante las instancias correspondientes para que se investigue la responsabilidad de las personas servidoras públicas que hayan participado en los hechos.
A la fiscal general de la entidad se le solicitó reparar integralmente el daño causado a la víctima, incluyendo para ello una compensación justa y suficiente; colaborar en las denuncias y quejas que se presenten para deslindar responsabilidades; actualizar el Protocolo de diligencias básicas a seguir por el ministerio público en la investigación de los delitos contra la libertad, la seguridad sexual, contra la familia, de violencia de género y feminicidio; así como de otros protocolos para la investigación de delitos contra la integridad personal.
Además, la CNDH recomendó la capacitación de personal de la fiscalía estatal y del centro penitenciario en derechos humanos y prevención de la tortura.
GOBERNADOR CUITLÁHUAC CELEBRA SENTENCIA DE 60 AÑOS CONTRA JULY RAQUEL
A un día de que el juez de juicio ordenó una sentencia condenatoria de 60 años contra July Raquel, este miércoles el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez expresó su beneplácito en conferencia de prensa.
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez felicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) por la sentencia contra July Raquel N, responsable del homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid el 29 de junio de 2020; “pues como lo dijimos desde el día que sucedió: se iba a hacer justicia y no habría impunidad”, afirma el boletín de la coordinación de Comunicación Social del gobierno de Veracruz.
El Mandatario añadió que en este proceso que enfrentó muchos recursos por parte de quien pretendía evadirse de la justicia, finalmente se demuestra que sí es responsable, sí participó y no se violaron los procedimientos a que tiene derecho, dándose pie a un castigo formal de 60 años de prisión.
Al afirmar que antes no se lograban dictámenes con la pulcritud y eficacia de ahora, reconoció el trabajo de la fiscal Verónica Hernández Giadáns y todo su equipo, “porque van cumpliendo con que en Veracruz no exista impunidad”, además de extender el saludo al Poder Judicial del Estado.
Recordó que él mismo ha señalado algunos casos de jueces “que pensamos actúan en contrasentido de la justicia; hoy me veo obligado y quiero hacer también el reconocimiento cuando hacen su labor; las sentencias dependen de los jueces y a todos ellos mi felicitación, así como a la magistrada Isabel Inés Romero Cruz”
