Justicia y reparación de daño, a víctimas de desaparición: Margarita Corro

Al presidir el proceso de entrevistas a aspirantes a una vacante del Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda, la diputada presidenta de la Comisión de Gobernación Margarita Corro Mendoza, dijo que la desaparición de personas es una violación de los Derechos Humanos.

“La desaparición y desaparición forzada de las personas es una violación pluriofensiva de derechos humanos, toda vez que además de causar daños irreparables a las víctimas provoca sufrimiento en sus familiares al ignorar el destino que aquéllas correrán, generándoles por tiempo indefinido temor y la incertidumbre de conocer su paradero, así como implica un deterioro económico y de salud física y mental”, parafraseando la Legisladora la conceptualización hecha por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Afirmó que se seguirá legislando para garantizar a las víctimas directas e indirectas, verdad y reparación de daños en un pleno Estado de Derecho.

Corro Mendoza, reconoció que si algo puede causar dolor y prolongada angustia es la desaparición de un familiar, un ser querido o cualquier ciudadano; peor aun cuando existe un contexto de alta criminalidad que amenaza la vida de las y los desaparecidos.

Indicó que los tratados internacionales suscritos por México buscan no sólo crear leyes que prevengan y sancionen la desaparición de personas, ya como un delito autónomo, sino que las víctimas conozcan las circunstancias del hecho, la evolución y los resultados de la investigación y la suerte del o la desaparecida y, por tanto, participar principalmente en las investigaciones y persistir en éstas hasta que se encuentre a la persona privada de la libertad o aparezcan sus restos.

Resaltó la urgencia de consolidar la coordinación de los diferentes niveles e instancias de gobierno junto con la sociedad civil ante este delito que lacera a toda la comunidad.

Con la convocatoria para ocupar seis vacantes del Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda, dijo, busca fortalecer la estructura de la administración pública que dé coherencia a la organización de las diversas instituciones para que la búsqueda de personas sea pronta y eficiente.

“Con el aporte de sus experiencias y el diagnóstico de necesidades para hacer efectiva su tarea, de manera coordinada con el Poder Legislativo se siga legislando en la materia y podamos garantizar a las víctimas, directas e indirectas, verdad y reparación de daños en un pleno Estado de Derecho”, expresó.

Exhortó a los diputados Genaro Ibáñez Martínez y Paul Martínez Marie, integrantes de la Comisión de Gobernación, elegir a las ciudadanas y ciudadanos más capaces, honorables y comprometidos con la búsqueda de personas y se pueda, en corto plazo, garantizarle a la ciudadanía la necesaria prevención de este delito o, en su caso, el castigo ejemplar a los delincuentes.

Dejando un claro mensaje de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, así como a las víctimas y sus familiares una justicia plena, el derecho a saber la verdad y la reparación del daño.

Este miércoles en el congreso local del Estado, se entrevistó a Nallely Guarneros Zarandona (centro), Ramón López Anaya (norte) y Carlos Rigoberto Vera Hernández (norte), representantes de familiares de personas desaparecidas.

Para las vacantes de especialistas se dieron cita Patricia Eugenia Zamudio Grave, de la asociación Protección y Defensa de Derechos Humanos, y María Karina Palmeros Barradas, de Búsqueda de Personas Desaparecidas y no Localizadas.

Como representantes de organizaciones de la sociedad civil de Derechos Humanos acudieron Enrique Santillán Cruz, de Fuerza Social Veracruzana “Francisco I. Madero”, así como Pablo Gilberto Lobato Cruz, MotusLab A. C.

La comisión sesionó teniendo como testigos a representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Gobierno del Estado.