La investigación en salud, cimentada en códigos éticos, es fundamental para poder detectar los conflictos de interés que se generen cuando estudios científicos son financiados por empresas del sector tabacalero o de la industria alcoholera, advirtió Juan Arturo Sabines Torres, consultor técnico de tabaco y alcohol en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), al participar en el 3er Coloquio de Investigación en Ciencias de la Salud “De la célula a la comunidad”.
El evento, organizado por el Instituto de Ciencias de la Salud (ICS) de la Universidad Veracruzana (UV), en el marco del décimo aniversario de la Maestría y el Doctorado en Ciencias de la Salud, contó con la presencia de Sabines Torres, quien fuera director de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco del Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones (Conadic).
Durante su charla “La investigación sobre alcoholismo y tabaquismo en México y su vinculación con las políticas públicas”, efectuada en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) el miércoles 1 de junio, el investigador puso como ejemplo del conflicto de interés la controversia reciente en torno a la aplicación del decreto que prohíbe la circulación y comercialización de los dispositivos conocidos como vapeadores y los cigarrillos electrónicos.
Explicó que en el caso de la investigación científica se categoriza como conflicto de interés a “aquellas condiciones en las cuales el juicio profesional tiende a estar influenciado negativamente por un interés secundario, principalmente de carácter monetario”.
Dijo además que los investigadores están sujetos a diversas situaciones en las que puede existir un conflicto de interés, en el cual pueda parecer que los resultados de sus trabajos estén o parezcan estar subordinados a los intereses de terceras partes, como las empresas.
“Especialmente en la investigación financiada por la industria, el investigador puede sentir la presión de reclutar a un cierto número de voluntarios, puesto que recibe honorarios por cada uno que finaliza un protocolo, pero también puede ver coartada su libertad de publicar sus resultados debido a las cláusulas de confidencialidad que impone el patrocinador; otro de los casos de presión es tener que presentar resultados favorables al patrocinador”, detalló Sabines Torres.
Para comprender este conflicto, citó la presión mediática de la industria tabacalera que financia la publicación de notas informativas con resultados que argumentan, por ejemplo, que el cigarro electrónico o el vapeador son 95 por ciento menos dañinos que el cigarro convencional, lo cual es falso, afirmó el especialista.
“Con preocupación, tenemos evidencia clara, real, contundente, del daño que genera el vapeo, sobre todo en personas con condiciones respiratorias; tenemos años con la evidencia que se aglomera en materia de los daños que el tabaco genera”, añadió.
“Lo más importante que la población debe saber es que no son inofensivos, por el contrario, son muy riesgosos y hay que ver este problema con preocupación porque los están utilizando jóvenes menores de edad que nunca accedieron a fumar; entonces, si se creó con la intención de ayudar a los adultos para dejar de fumar, la realidad es que la industria los está dirigiendo completamente a menores”, recalcó el consultor de la OPS
