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La LXVI Legislatura aprobó, con 47 votos a favor, cero en contra y sin abstenciones, diversas reformas y adiciones al Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de dar cumplimiento a los principios de legalidad, seguridad jurídica y transparencia en materia de información del uso y destino de los recursos públicos del estado.
Durante la Quinta Sesión Ordinaria, el Pleno avaló el Dictamen con Proyecto de Decreto, suscrito por la diputada Rosalinda Galindo Silva y por los legisladores José Magdaleno Rosales Torres y Genaro Ibáñez Martínez, presidenta, secretario y vocal respectivamente de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado.
Dicho dictamen deriva de la iniciativa con proyecto de decreto presentada ante esta Soberanía por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el 19 de mayo de 2022, y turnada a la mencionada comisión en la Tercera Sesión Ordinaria, el 25 de mayo del mismo año.
La reforma aprobada incorpora criterios generales que regirán la contabilidad en el Gobierno del Estado y la emisión de información financiera de los entes públicos, y busca, mediante una adecuada armonización, facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos, gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso público.
Esta actualización de los artículos 179 segundo párrafo, 186 fracción XLII, 258 fracciones VI y VII, 263 fracción IV, 264, 276 primer párrafo y la adición de los artículos 263 Bis y 276 Bis de dicho Código, permitirá que los titulares de las unidades administrativas de las dependencias den cumplimiento a la responsabilidad de informar a la autoridad y a la sociedad de las acciones de gobierno en relación con el gasto y destino de los recursos públicos, para publicitarlos y transparentarlos ante la propia ciudadanía.
Además, homologa los ordenamientos locales con las reformas relativas a disciplina financiera, transparencia y rendición de cuentas, emitidas por el Congreso de la Unión.
Asimismo, esta incorporación posibilita que las dependencias y las entidades de la Administración Pública Estatal presenten los informes que correspondan a su ámbito competencial, en el sentido de la optimización de recursos humanos, tiempo y materiales.
