Respaldada por abogados y asociaciones de la sociedad civil, la diputada federal Rosa María Hernández Espejo, se pronunció desde la Casa del Pueblo en favor de que el ayuntamiento de Veracruz emita, a través del cabildo, el retiro de la concesión de agua a la empresa Grupo Más.
La legisladora del Distrito 4 de Veracruz por Morena, indicó que la competencia de inicio le corresponde a la autoridad municipal al ser quien entregó para su explotación el servicio de agua, saneamiento y alcantarillado, para que a través del Congreso del Estado de Veracruz se inicien de una vez las acciones legislativas que permitan rescindir el contrato.
Durante su intervención, Rafael Gómez Casas, Vice-presidente del Colegio de Abogados de la ciudad de Veracruz convocó a la ciudadanía a que participen en la firma del amparo colectivo del pueblo en contra del corte injustificado del agua y el taponeo de los drenajes como parte de las acciones de presión a los ciudadanos deudores.
El también integrante del Movimiento Civil Independiente (MOCI), confirmó que la Ley 21 del Estado permite ampararse en sus artículos 105 y 106, y para tal acción invitó a la ciudadanía a que se acerquen a la Casa del Pueblo (Esteban Morales esq. Madero) de la diputada con el objetivo de firmar el documento que traerá justicia a la población.
Pedro Rivera García, abogado y militante de Morena subrayó que además de que el artículo 4 constitucional garantiza el agua como derecho humano, que no puede suspenderse, aunque sí racionalizarse, sostiene que la Ley Orgánica del Municipio Libre en su artículo 97 establece que las quejas razonadas son suficientes para la extensión de la concesión.
Remarcó que al ser el agua un derecho humano de uso doméstico no puede ser comercializada, al considerar que toda concesión a nivel nacional, con estas características representan un delito, “y si en el 2015 la legislatura del estado, el gobernador en turno, aprobaron esta concesión, fuero actos ilegales, y vamos, con el apoyo de la diputada a organizar una denuncia ciudadana para quienes resulten responsables.
Hernández Espejo indicó que el pueblo veracruzano no tendría que pagar más de 3 mil millones de peso por una supuesta reparación del daño de extinguirse la concesión, sino quienes aprobaron de manera ilegal, ventajosa y con total impunidad lo que representa a la luz de todos un negocio que beneficia únicamente a particulares y no al usuario.
