Enrique insistió una y otra vez a Rosa, la propietaria de una fonda de comida en prestarle dinero para ampliar su negocio, y aunque ella se negó los primeros meses, finalmente se convenció y aceptó un préstamo de 400 mil pesos.
La promesa fue pagarle como ella pudiera, así durante unos meses, ella abonó a la cuenta de Enrique 5 mil pesos diarios “ casi toda la venta”. Después Enrique dejó de cobrar y cuando regresó le exigió el pago de 80 mil pesos mensuales.
Cuando Rosa N dijo que no podía darle los 80 mil pesos mensuales; Enrique junto con 3 abogados la amenazaron, hostigaron día y noche en su negocio y en su domicilio particular.
Las amenazas llegaron a tal grado que la obligaron a firmar documentos en las que ella se comprometía a pagar a Enrique la cantidad de 2 millones 200 mil pesos; sin tomar en cuenta que durante un año la mujer con apenas estudios de primaria ya les había entregado 600 mil pesos.
Al respecto, la asesora jurídica del Barzón, Teresa Carbajal expuso que así como el caso de Rosa hay cientos en Veracruz que aun cuando son víctimas de abuso de los llamados “usureros” y denuncian ante las instancias legales para buscar protección y justicia, están en la indefensión.
Explicó que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 28/2017 limita a los jueces revisar las condiciones en que se hubiera dado un contrato abusivo para ser despojados de sus propiedades.
Refirió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comete una violación a los derechos humanos al resolver limitar la obligación de los jueces de revisar las condiciones en que se hubiera dado un contrato abusivo
Aun cuando los agraviados demuestren las condiciones abusivas y tasas excesivas que imponen los usureros en sus créditos desde el inicio del proceso judicial, ya no se podrá denunciar usura en ningún otro momento del juicio.
“Esta es una medida regresiva, pues limita las herramientas de defensa a la víctima de cobros usureros”, explicó Teresa Carbajal
