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El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) informó que hay falsos gestores que se ostentan como empleados de la dependencia para pedir dinero a los solicitantes de crédito con el pretexto de agilizar o facilitar alguna gestión.
La operación de los falsos gestores atenta contra el patrimonio y la seguridad de los trabajadores, ya que muchos han sido defraudados y engañados con la promesa de que obtendrán un préstamo, dijo el organismo a cargo de Laura Fernanda Campaña Cerezo.
Hoy y siempre todos los trámites brindados son gratuitos y sin intermediarios, por lo que es necesario que la población trabajadora se mantenga alerta y evite caer en manos de los falsos gestores, agregó la entidad encargada de entregar créditos a los trabajadores.
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La falsificación de documentos públicos se castiga con prisión de 4 a 8 años y de 200 a 360 días de multa, y la de documentos privados se sanciona con prisión de seis meses a cinco años y de 180 a 360 días de multa, comentó.
Las sanciones pueden recibirlas los falsos gestores o defraudadores y el trabajador por la presentación de documentación apócrifa para solicitar un crédito.
También subrayó que la usurpación de funciones públicas se sancionará con prisión de uno a seis años y multa de 100 a 300 días, y que usar una marca registrada sin autorización se castigará con tres a diez años de prisión y multa de 2 mil 500 a 500 mil unidades de medida y actualización, vigente al momento de la comisión delictiva.
El Instituto llamó a los solicitantes de crédito a usar únicamente las formas correctas de tramitar sus pagos, que es a través de los recibos de nómina expedidos por los centros de trabajo.
Por ello, enfatizó que por ningún motivo los trabajadores deben realizar pagos a cuentas de particulares.
El Fonacot pidió a los trabajadores reportar de inmediato a la persona que le solicite dinero para llevar a cabo alguna gestión y recordó que, por la propia seguridad del solicitante de crédito, la documentación requerida únicamente debe entregarla en ventanilla a un funcionario acreditado, pues se trata de datos sensibles que no deben facilitarse a cualquiera.
