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El diputado local del Partido del Trabajo Ramón Díaz Avila, presento un anteproyecto de punto de acuerdo para investigar la asignación y adjudicación directa de contratos y compras del Poder Judicial del Estado.
Esto ante posible riesgo que se estén contratando9 empresas fantasmas para desviar recursos públicos.
Este anteproyecto fue presentado en sección virtual del congreso local y tiene el objetivo de que la Unidad de inteligencia financiera (UIF), revise dichas contrataciones y adjudicaciones.
El anteproyecto señala que empresas contratadas por el Poder Judicial, cuentan con domicilios fiscales en construcciones de obra negra, vecindades, estacionamientos, callejones y lugares de lavado autos.
A dichas empresas se les ha otorgado millonarios contratos para adquirir papeleria, mbiliario, equipo de oficina, trabajos de sanitizacion,compra de insumos para prevención de contagios de covid, mantenimiento de aires acondicionados y equipo de computo, bajo el esquema de adjudicaciónes directas o licitaciones simplificadas, que generan opacidad y sobreprecio.
Se sospecha que se otorgo un contrato de mas de 6 y medio millones de pesos, solo para compra de muebles de oficina de una persona física cuyo domicilio fiscal se encuentra en Martínez de la Torre, donde existe una construcción en obra negra.
Esta persona tiene apenas 23 años e inicio operaciones en enero de 2019 y a finales de ese año ya contaba con capital suficiente para realizar compras millonarias como la que le fue otorgada.
Tan solo para sanitizar el inmueble del poder Judicial se gastaron 14 millones y medio de pesos, sin existir constancia de que a la persona fisica que le otorgaron dichos contratos por adjudicación directa, contara con certificaciones para brindar dicho servicio.
El legislador Ramón Diaz Avila, pidió al Sistema de Administración Tributaria (SAT), investigar listado de contribuyentes que han prestado servicios comercializado insumos al Poder Judicial de Veracruz,han emitido facturas sin contar con los activos, personal e infraestructura para otorgar los servicios o comercializar dichos bienes.
Así como corroborar si han simulado operaciones o son empresas fantasmas. De aprobarse el anteproyecto, se pedirá a la Unidad de Inteligencia Financiera, analizar las operaciones financieras y económicas y el estado patrimonial de proveedores y funcionarios del Poder Judicial del Estado.
También que el Orfis; en uso de sus atribuciones realice una auditoría integral que incluya informe técnico financiero de legalidad y desempeño de procesos de licitación, adjudicaciones directas del Poder Judicial de Veracruz, de 2019 a la fecha y de los recursos extraordinarios recibidos.
Ademas de evaluar resultados del plan de eficiencia de recursos y austeridad implementados en el ejerciocio fiscal 2021, se analice y justifique la solicitud de ampliación presupuestal por 500 millones de pesos por la supuesta crisis financiera que se resolvió con 200 millones de pesos, otorgados durante el pasado ejercicio fiscal.
