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Más del 90 por ciento de los expedientes por muertes violentas de 2014 a la fecha, relacionadas o que tienen indicios de participación del crimen organizado, se encuentran estancados y probablemente así se queden para siempre.
Lo anterior, porque, aunque testigos o familiares de las víctimas sepan quiénes fueron los autores materiales, no se atreven a declarar ministerialmente, confirmaron a PRESENCIA Sureste fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) inmersas en las indagatorias.
En expedientes oficiales existen 196 homicidios desde junio de 2014, cuando inició la ola sangrienta de muertes en este municipio y por las condiciones en que se registraron, los antecedentes de las víctimas y otros indicios, se documenta que en más del 80 por ciento tuvo que ver algún grupo del crimen organizado.
Entre el 20 y el 25 por ciento del total de las víctimas, eran del sexo femenino, establecen las cifras oficiales. Se trató de mujeres adultas, jóvenes, adolescentes y hasta niñas que, en medio de la guerra delincuencial, perdieron la vida injustamente.
De igual manera, hubo mujeres a las que se les relacionó con actividades ilícitas, algunas con antecedentes penales por venta de drogas y terminaron torturadas, baleadas o estranguladas. Además, cinco de las víctimas todavía tenían entre 8 y 16 años de edad.
México ocupa el sexto lugar entre los países más violentos del mundo, pero algunos de sus Estados, como Colima, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Veracruz, tienen una tasa superior de crímenes que El Salvador, Jamaica, Honduras, Sudáfrica o Venezuela, que preceden a México, revela un informe de la organización Impunidad Cero.
De acuerdo con casos documentados y con cifras oficiales de autoridades ministeriales, en el año 2015 ocurrieron 46 asesinatos; en el 2016 fueron 30; en el 2017, subió a 43, y en el 2018 fueron 13 ejecuciones; en el 2019 se registraron 41 casos más y el 2020 cerró con 23 homicidios, lo que arroja un total de 196 muertes violentas.
Las Choapas, también acumula cada año cifras de desaparecidos; personas que de repente fueron “levantadas” en sus casas o en plena vía pública y jamás se supo de ellos. Los únicos que los recuerdan son sus familiares, las autoridades tienen esos archivos en algún rincón de su edificio.
En la actualidad, con el afán de revolver algunos de los casos de homicidios, autoridades de la Fiscalía han buscado contactar a los familiares de las víctimas, pero se encuentran con que han abandonado el municipio.
Por testimonios de propios vecinos o conocidos, se confirma que tras perder a uno o más miembros de sus familiares, decidieron abandonar sus domicilios e irse a otro municipio o estado del país.
Este fenómeno también ocurre en la zona rural, concretamente hacia la congregación del Cerro de Nanchital, tras la masacre de 12 personas en enero de 2021, aunado a otros hechos violentos que se venían registrando continuamente en esa región ante la impunidad con la que gozaban los grupos llamados “autodefensas”.
