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Como parte de los avances en las indagatorias por el Cártel Inmobiliario de Benito Juárez, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara informó que las pesquisas han revelado la participación de más funcionarios y empresarios del sector de bienes raíces, por lo que se podría dar pie a nuevas carpetas de investigación por enriquecimiento ilícito.
"Asimismo, damos a conocer que en la medida en que avanzan las indagatorias, ha surgido diversa información que puede dar pie a nuevas líneas de investigación. Tan es así, que hemos descubierto más relaciones, probablemente orientadas al enriquecimiento ilícito y al uso indebido del servicio público, entre empresarios dedicados al sector de bienes raíces y exfuncionarios de la alcaldía", declaró el funcionario en un mensaje a medios de comunicación.
Agregó que "se ha detectado que entre estos actores establecieron distintos tipos de sociedades que probablemente constituyan un conflicto de intereses, lo cual los pudo haber llevado a quebrantar las facultades legales de la administración pública local, actos que pueden dar pie al inicio de nuevas carpetas de investigación".
Detalló que lo anterior ha sido posible a partir de la información recabada por los elementos de la Policía de Investigación (PDI), quienes lograron asegurar equipo de cómputo producto de las diligencias de cateo recientemente realizadas a un total de 42 inmuebles, posiblemente relacionados a dos ex servidores públicos que son Luis "N", quien está detenido y Nicias "N", prófugo de la justicia.
"A estas indagatorias se han integrado más inmuebles que guardan algún tipo de relación con los exservidores públicos investigados, ya sea en su construcción, propiedad, comercialización u otro tipo de usufructo como el arrendamiento", señaló.
Detalló que descubrieron que en estos inmuebles el común denominador es la posible irregularidad con la que se autorizaron sus permisos, tanto para ser construidos como para ser habitados.
"Así lo hizo de conocimiento en su oportunidad la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, quien dirigió recomendaciones en 2014 y subsecuentes años a los titulares de las Delegaciones respecto a inmuebles ya construidos", indicó.
Lara afirmó que, en su informe, la PAOT asienta que estos inmuebles incumplieron con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano al haber construido más niveles de los permitidos, así como incumplir con los requisitos necesarios para registrar su manifestación de construcción.
"Entre los resolutivos se recomendó al entonces jefe delegacional iniciar los procedimientos administrativos y sancionar con la demolición de los niveles excedentes de los inmuebles investigados, así como iniciar las acciones administrativas y/o penales en contra del director Responsable de Obra y/o servidores públicos involucrados, sin que esto hubiese ocurrido hasta el momento", recalcó.
Cabe señalar que el vocero se refirió a esta investigación como la "organización enfocada en el sector de bienes raíces, posiblemente relacionada a actos de corrupción ocurridos en la alcaldía Benito Juárez" y no como el Cártel Inmobiliario de Benito Juárez, como lo había hecho en ocasiones anteriores, debido al amparo que interpuso uno de los imputados.
Fue Juan de Castro, titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo de Ciudad de México, quien otorgó una suspensión definitiva a Luis “N", exdirector jurídico y de Gobierno en Benito Juárez, para que la fiscalía deje de utilizar este término, pues consideró que viola sus derechos constitucionales y los criminaliza.
