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Un juez federal se negó a abrir un proceso penal por el delito de peculado en contra del extesorero de Veracruz y exdiputado priista, Antonio Tarek Abdalá, y de paso exhibió, en plena audiencia, la falta de coordinación y cooperación entre dos áreas de la misma Fiscalía General de la República (FGR).
Lo anterior luego de que, a criterio del juez, la Fiscalía Anticorrupción de la FGR intentó procesar indebidamente a Abdalá por los mismos hechos por los cuales la Unidad de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, también de la FGR, concedió al exfuncionario un criterio de oportunidad que impide que sea sometido a juicio, y que hasta la fecha sigue vigente.
“Hubiera sido encomiable que en todo caso hubiera habido mayor coordinación entre las propias áreas de la FGR y pudieran estudiar de mejor manera las investigaciones correspondientes… Una cosa que en este caso no sucedió”, dijo el juez Gustavo Stivalet Sedas.
Andrea Rovira del Río, abogada del exfuncionario de Veracruz, acusó que los derechos de Abdalá fueron violados al habérsele intentado procesar cuando ha sido testigo clave en casos que la propia fiscalía está promoviendo. “Pudo terminar en un reclusorio con personas que hoy están procesadas por testimonios que le ha dado, con el riesgo que representa”, dijo en entrevista.
La referida audiencia tuvo lugar el pasado 11 de agosto a solicitud de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) que, tras una investigación inicial, concluyó que Abdalá era responsable de haber autorizado la transferencia ilegal de alrededor de 3 millones de pesos en 2014.
Se trataba de recursos federales que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) había transferido al gobierno de Veracruz, entonces encabezado por Javier Duarte, previa firma de un convenio. El dinero se tenía que haber aplicado para temas ambientales pero Tarek Abdalá lo transfirió a otra cuenta con distintos fines. La conclusión de la FECC es que eso lo hacía probable responsable del delito de peculado.
Sin embargo, al arrancar la audiencia realizada por videoconferencia, la defensora de Abdalá expuso al juez que esta no podía llevarse a cabo, ya que el caso que pretendían imputar los fiscales corresponde a los mismos hechos que él ya había confesado desde 2018, y que le habían servido para obtener el beneficio de ser testigo colaborador de la misma FGR. La única diferencia es que aquella colaboración se había hecho con otra unidad, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), y no con la FECC.
“Los hechos que se le pretenden imputar a Tarek están suspendidos por un criterio de oportunidad, por lo que la acción penal que ejercitó la FECC viola su derecho a no ser perseguido por los mismos hechos. Este asunto es el colmo de la desorganización burocrática de la fiscalía”, dijo la defensora.
Rovira sostuvo que notificó con antelación a la Fiscalía Anticorrupción de esta situación, y añadió que desde julio del año pasado la Agencia de Investigación Criminal (AIC) —también de la FGR— envió un oficio en el que confirma que Abdalá está relacionado con un amplio número de carpetas de investigación por las cuales recibió el criterio de oportunidad.
La abogada consideró negligente el hecho de que no se hubieran presentado a la audiencia los fiscales de la FECOC que conocen plenamente que el extesorero de Veracruz está colaborando con las autoridades y, por lo tanto, goza de la inmunidad procesal —al menos momentánea— que le otorga el criterio de oportunidad.
“Me parece en verdad escandaloso que quieran proceder contra un testigo protegido que les ha sido útil durante cuatro años y que incluso les sirvió para condenar a Javier Duarte en su momento; es una ineficiencia burocrática enorme en la que no se pueden poner de acuerdo”, remató la litigante.
¿No revisaron bien?
Tras escuchar a la abogada, el juez Stivalet corroboró que él también conocía de esta situación debido a que, con anterioridad, le ha tocado encabezar audiencias en las que han sido procesados exsecretarios de Finanzas de Veracruz y otros altos exfuncionarios de la entidad. Esto, a partir de las confesiones que ha hecho Tarek Abdalá.
Stivalet cuestionó a los agentes del Ministerio Público Oscar Felipe Vázquez, Eliza Salazar y José Salvador Gómez, sobre si no habían solicitado y revisado los antecedentes y declaraciones de Abdalá, dado que era evidente que lo que imputaban estaba relacionado con un mecanismo en el cual, a través de la Tesorería de Veracruz, se habían desviado no solo 3 sino hasta 55 mil millones de pesos. Incluso, el juez les cuestionó si el dinero había terminado en una cuenta de BBVA Bancomer, hecho que los fiscales confirmaron como correcto.
Al tomar la palabra en distintos momentos, los fiscales intentaron explicar que sí habían tenido comunicación con los agentes del MP de la FECOC y que conocían que existía un criterio de oportunidad. No obstante, aseguraron que no tuvieron acceso a las declaraciones del exfuncionario dado que sus colegas les informaron que ninguna de las carpetas abiertas en aquella instancia estaba relacionada, específicamente, con el convenio denunciado por la Semarnat por el cual se había iniciado esta indagatoria.
“Si bien es cierto el criterio de oportunidad abarca una modalidad de recursos, no necesariamente son estos recursos. Nosotros hicimos conocimiento a la FECOC de esta carpeta de investigación e incluso le solicitamos que atrajera el asunto en caso de que hubiera alguna conducta prevista en sus expedientes y, sin embargo, decidió que no era procedente atraer el expediente por no tratarse de los mismos hechos”, señaló uno de los fiscales.
El juez, sin embargo, no dio por válidos esos argumentos y puso un ejemplo: dijo que si esto se tratara de un fraude a múltiples personas, el hecho de que hubiera un denunciante y luego otro distinto no significaba, de forma alguna, que se tratara de fraudes distintos, sino en todo caso, del mismo pero con más víctimas.
En ese contexto, dijo que no podía obviarse que se estaba hablando, al menos, de hechos conexos, pues se trataba del mismo modus operandi, con los mismos funcionarios implicados e incluso las mismas cuentas. Pretender obviar esto, añadió el juez, y procesar a una persona que, al mismo tiempo, ha recibido un criterio de oportunidad por hechos relacionados, representaría una flagrante violación a la ley de parte de la FGR y del propio Poder Judicial.
“Hasta en tanto la fiscalía no levante la suspensión que tiene otorgada en favor de Tarek, y hasta en tanto Tarek no incumpla su palabra de comparecer en juicio, yo me encuentro impedido para permitir que se escuche una imputación que tiene este beneficio del criterio de oportunidad”, dijo el juez, para acto seguido cuestionar a los fiscales sobre su falta de coordinación en estos casos.
Otras indagatorias
El desvío de 3 millones de pesos de recursos de la Semarnat que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR intentó promover en contra de Tarek Abdalá no es la única indagatoria sobre él. De acuerdo con autoridades judiciales, existen por lo menos tres casos más presentados ante jueces federales, y en los que las indagatorias iniciales corroboran irregularidades por múltiples millones de pesos.
Las audiencias iniciales relacionadas con esos casos han sido programadas para las próximas semanas, aunque desde la óptica de la defensa del exfuncionario, si la fiscalía no se desiste el resultado será el mismo, pues los casos se enmarcan en la misma mecánica de fraude que el extesorero ya confesó, y por el cual recibió el criterio de oportunidad.
En su momento, la propia FECC también inició una carpeta de investigación relacionada con la forma en cómo la entonces PGR y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le concedieron el referido criterio de oportunidad al exfuncionario en 2018. Esto, bajo la línea de investigación de posibles hechos de corrupción, toda vez que con ese mecanismo se frenaron más de 30 indagatorias en las que estaba implicado el exfuncionario, sin que se le reclamara el pago de una reparación del daño. Hasta la fecha no se conocen resultados de dicha indagatoria.
La defensa de Abdalá y la propia ASF han señalado que, gracias a tres declaraciones ministeriales que el exfuncionario ha rendido como testigo colaborador, se ha conseguido abrir procesos en contra de al menos cuatro exsecretarios de Finanzas de Veracruz y, a su vez, se logró la sentencia condenatoria en un procedimiento abreviado en contra del exgobernador Duarte.
Hasta la fecha, el monto de recursos federales desviados en Veracruz y que al momento no han sido devueltos supera los 60 mil millones de pesos. Animal Político documentó desde 2016 que buena parte de estos recursos, tanto estatales como federales, fue extraída de las cuentas públicas a través de la simulación sistemática de contratos con empresas fantasma.
Defensa: Hubo violaciones, se preparan amparos
Mas allá de los problemas de coordinación y cooperación al interior de la FGR evidenciados por el juez, los abogados de Tarek Abdalá advirtieron que promoverán juicios de amparo pues consideran que lo ocurrido representa una violación a los derechos básicos de su representado.
“Consideramos que hay una violación constitucional al artículo 23 que habla de no ser juzgado dos veces por los mismos hechos. El que lo intenten perseguir penalmente por estos mismos hechos representa una violación a eso. Con lo que acaba de suceder en la audiencia pasada, vamos a buscar que se desista la Fiscalía Anticorrupción de seguir por esta línea, y si no lo logramos estaremos promoviendo juicios de amparo”, dijo Rovira en entrevista.
La abogada rechazó que el criterio de oportunidad que se dio a Abdalá en 2018, y que hasta el momento le ha permitido no pisar la cárcel, sea equivalente a que hubo impunidad, pues dijo que el exfuncionario está obligado a aportar información y a comparecer las veces que sea necesario en los juicios que se inicien a partir de lo que él ha declarado.
El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones, explicó Rovira, significa al exdiputado priista un riesgo pues la fiscalía, si así lo decide, puede suspender los beneficios legales y reactivar indagatorias en su contra.
En ese contexto, la litigante insistió en que el hecho de que la FECC intentara proceder penalmente en contra de Abdalá, con un criterio de oportunidad que sigue vigente, no solo significa una pobre coordinación burocrática, sino que pone en entredicho la palabra de una autoridad tan relevante como la fiscalía federal.
