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La Fiscalía General de la República (FGR) logró que un juez emitiera 83 órdenes de aprehensión contra mandos militares, autoridades de distintos niveles en Guerrero y presuntos delincuentes, por distintos delitos relacionados al caso Ayotzinapa.
Se trata de 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como contra 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policías estatales de Guerrero y 14 presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
Las órdenes de aprehensión son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia, estos últimos tres delitos son los mimos por los cuales se detuvo hoy al exprocurador Jesús Murillo Karam.
“Las imputaciones, en cada caso, se darán a conocer en el proceso penal correspondiente, y el cumplimiento de las órdenes de aprehensión serán también informadas en el momento procesal que la ley autorice”, señaló la FGR en un comunicado.
Las órdenes de captura, así como la detención de Murillo Karam se dan apenas un día después de que la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa presentó su más reciente informe, el cual señala que la desaparición de los normalistas fue un crimen de Estado, en cuya atención también ocurrieron errores institucionales por acción, omisión o negligencia.
Además, reveló que había un soldado infiltrado entre los estudiantes, por lo que el Ejército pudo haber actuado y evitado su desaparición.
De acuerdo con el informe, el soldado Julio César López Patolzin tenía la encomienda de infiltrarse en la Normal Rural de Ayotzinapa para informar sobre las movilizaciones de los estudiantes.
Según lo dicho por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, los mandos militares no hicieron nada para buscar a su compañero, pese a que era su obligación.
“Sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas”, dijo el funcionario.
