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La Fiscalía General de la República (FGR) realizó la notificación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre las 20 órdenes de aprehensión en contra de mandos y personal de tropa de los batallones 27 y 41 de Infantería, vinculados a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Fuentes del Gabinete de Seguridad confirmaron que la notificación al área jurídica de la dependencia es con el objetivo de que proceda a ubicar al personal que ha sido rotado desde septiembre de 2014, cuando ocurrieron los hechos en Iguala, Guerrero, a la fecha, para indicarles del requerimiento.
El pasado jueves, la FGR informó que el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, concedió 83 órdenes de aprehensión en contra de autoridades, funcionarios y policías, de los tres órdenes de Gobierno, así como de integrantes de grupos del crimen organizado.
En las ordenes están contemplados 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones de Infantería con sede en Iguala; cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policías estatales de Guerrero y 14 integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
Las fuentes consultadas explicaron que el personal militar requerido enfrentará el proceso en penal en el Fuero Común y no en el Militar, por lo que se espera que, una vez que sea ubicado y requerido por la Sedena sea presentado ante el juez de la causa.
El viernes pasado se cumplimentó la primera de estas órdenes de aprehensión, en la persona de Jesús Murillo Karam, ex procurador General de la República, detenido en su casa de la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.
El ex funcionario fue presentado ante el Juez de Control, Marco Antonio Fuerte Tapia, con sede en el Reclusorio Norte, quien decretó la prisión preventiva justificada, por lo menos hasta el próximo miércoles 24 de agosto.
Ese día el juez resolverá si vincula a proceso a Murillo Karam por su presunta participación en tortura, desaparición forzosa y obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa.
VERDAD HISTÓRICA FUE CONCERTADA POR EL ESTADO
El jueves pasado, Alejandro Encinas, titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en este caso, presentó un informe con las conclusiones, en la que se indicó que la llamada “verdad histórica” fue una acción concertada del Estado Mexicano para la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos.
En el informe se menciona la participación del general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo, como enlace operativo de la mesa de funcionarios en la que se fraguó la verdad histórica.
Su mando en el estado de Guerrero le permitía recibir la información del personal militar desplegado en los C4 de las principales ciudades, por lo que estuvo al tanto de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
Luego de su cargo, el general de Brigada recibió su promoción a General de División el 20 de noviembre de 2014, pasó a la comandancia de la 9 Región Militar, posteriormente fue designado Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea, y Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional el 30 noviembre de 2017.
El general Saavedra Hernández fue director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM), hasta el 2 de marzo de 2021.
Cuando los hechos de Iguala, el coronel José Rodríguez Pérez, era comandante del 27 Batallón de Infantería, a cargo de la supervisión en Iguala, y estuvo reportando todo lo ocurrido a su mando el general Saavedra.
Las declaraciones de los estudiantes hospitalizados señalaron al coronel Rodríguez Pérez, como el mando que estuvo al frente del personal militar que se dedicó a “fotografiarlos, hostigarlos y golpearlos durante la noche de la desaparición, al interior de una clínica”.
El Teniente de infantería Francisco Macías Barbosa, del 27 Batallón de Infantería, era el mando inmediato del soldado Julio César López Patolzin, infiltrado en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos para reportar sobre lo ocurrido en el plantel y con los estudiantes.
El soldado López Patolzin causó alta en el Ejército Mexicano en Infantería el 16 de enero de 2009, y era uno de, por lo menos tres soldados infiltrados en la normal de Ayotzinapa.
De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia, la responsabilidad del teniente Macías Barbosa consistió en que, pese a saber que López Patolzin estaba en el grupo de estudiantes atacado en Iguala y, posteriormente, desaparecido, no se aplicaron los “Protocolos para Militares Desaparecidos”, lo que pudo permitir su localización y la de otros integrantes del grupo de estudiantes.
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