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La Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantener la prisión preventiva oficiosa al considerarla fundamental para evitar que los presuntos delincuentes se evadan de la justicia, atenten contra la integridad de las víctimas o amenacen a testigos en represalia por su detención.
En un comunicado conjunto, difundido por la Presidencia de la República, advirtieron que dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura.
“Es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal, tomando en consideración que, en muchas ocasiones, detenerlos implica un gran esfuerzo del Estado en recursos, inteligencia y despliegue de fuerzas.
“Se trata de evitar, de igual manera, que evadan la acción de la justicia; que, en represalia por su detención, atenten contra la integridad de las víctimas o amenacen o atenten contra testigos, o que sigan cometiendo delitos y dirigiendo actividades criminales que afectan a la sociedad”, indicaron.
Por tanto, pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, al resolver la prevalencia de la prisión preventiva, considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y “el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR), y que, en consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra ley fundamental”.
Actualmente delitos de alta gravedad implican que los presuntos culpables enfrenten el proceso en prisión son: abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción —tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones—, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; delitos cometidos con medios violentos, como armas y explosivos; delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.
Este comunicado, firmado por Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y la consejera Jurídica, María Estela Ríos, se da a conocer luego de que el Presidente ordenara dar una postura clara del poder ejecutivo sobre el tema.
Y es que en próximos días el máximo tribunal del país resolverá la propuesta de declarar inconvencional la prisión preventiva oficiosa, propuesta que de ser aprobada con mayoría calificada de ocho votos dejará de aplicarse en el país, beneficiando a miles de personas.
Aguilar Morales propone invalidar el artículo 167, párrafo séptimo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el artículo 19, párrafo segundo, última parte, de la Constitución.
