 |  |  |  |  |
|
| ||||
| | | | |
|
| ||||
Aun cuando el gobierno federal ha reconocido que se necesitan más recursos para la seguridad en estados y municipios, el subejercicio presupuestal de este año en ese rubro asciende a 26 por ciento.
Y aunque la oposición en la Cámara de Diputados critica que los principales montos del gasto público se canalizan de manera abultada a las obras emblemáticas del sexenio y reclama una rectificación, la salida propuesta por el gobierno dependerá de hipotéticos fondos descongelados en el sistema bancario y de pagos adelantados por parte de la federación.
Se trata de un problema que se viene arrastrando y por el que hace 7 meses la bancada de Morena en la Cámara de Diputados prometió un paquete de reformas para allegarse recursos adicionales que permitieran fortalecer la seguridad municipal y responder así, a los requerimientos que les había planteada la secretaría del ramo, Rosa Icela Rodríguez.
En los días previos al periodo legislativo que iba a iniciar el primero de febrero, el coordinador de la bancada, Ignacio Mier Velasco, enunció el 25 de enero de este año las iniciativas perfiladas con la funcionaria para modificar, dijo entonces, la Ley de Instituciones de Crédito, los códigos Penal y Fiscal y la Ley de la FGR. Y aseguró que el paquete de reformas sería afinado en un lapso de 10 días.
Pero en el resto del año esas iniciativas en ningún momento se presentaron de manera formal.
Tampoco se dieron a conocer avances en las medidas que, según se informó esa vez, se formularían en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para canalizar recursos provenientes de cuentas congeladas al crimen organizado.
Buscaremos esquemas que permitan utilizar otro tipo de recursos y que, a través de esquemas simplificados, directos, transparentes, se pueda equipar a los diferentes municipios, son más de 2 mil 500 municipios en nuestro país, que puedan tener todos ellos los instrumentos necesarios, sobre todo, en equipamiento y capacitación y de coordinación con la Guardia Nacional y con los propios sistemas de seguridad estatal”, explicó el líder parlamentario a finales de enero en conferencia de prensa.
Esa pretensión que se viene perfilando desde inicios del sexenio fue reiterada este 25 de agosto, en otra reunión preparatoria del periodo legislativo que viene, por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
LEGISLAR PARA DESCONGELAR Y ADELANTAR PAGOS
En esta ocasión, Rosa Icela Rodríguez expuso a los diputados de Morena, PT y PVEM la necesidad de un paquete de 12 cambios que contribuirían con la construcción de la paz en México, dos de los cuales tienen qué ver con los recursos para la seguridad.
En el sistema bancario hay miles de millones en cuentas congeladas, procedentes del crimen organizado y del crimen de cuello blanco. Están ahí. Y hay una gran necesidad de los municipios de patrullas, de equipamiento para las policías en general. Estos recursos también se podrían utilizar para equipar a fuerzas del orden federal”, dijo este jueves en la reunión privada la funcionaria.
Este dinero es producto de la extorsión, del lavado, del crimen y de secuestros que podrían usarse para fortalecer a los cuerpos de seguridad, siempre que ustedes aprueben cambios a los artículos 61 y 115 de la Ley de Instituciones de Crédito”, remarcó Rodríguez.
A esa iniciativa postergada desde hace 7 meses, ahora el Ejecutivo federal busca sumar una más que apenas ha comenzado a cabildearse con gobernadores, a fin de que accedan y aceptar una especie de préstamo adelantado de los recursos que les corresponderían a estados y municipios en el último bienio del actual sexenio.
MORENA PREVé DESCONGELAR 600 MIL MILLONES DE PESOS
El responsable de la Coordinación Temática de Finanzas Públicas y Fiscalización de la bancada de Morena, el diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, adelanta que el esperado descongelamiento de cuentas podría ascender hasta los 600 mil millones de pesos.
Detalla que se trata de una iniciativa que busca descongelar una serie de cuentas que estarían sumando esa cantidad de la que ahora los bancos sacan provecho.
Se trata de miles de cuentas abandonadas que nadie ha reclamado.
La iniciativa que tenemos busca que ese recurso se disponga por el Estado y que se use exclusivamente para seguridad pública. Eso sí ya se planteó, es una propuesta nuestra”, detalla.
Es dinero del que nadie puede comprobar su propiedad, porque detuvieron a quienes lo habían depositado o por pertenecer al crimen organizado y lo abandonaron”, describe el legislado.
Entonces esas cuentas, ese dinero sólo lo está usando la banca para su beneficio. Y lo ahora queremos es que el Estado pueda ejercerlo. Tenemos que darle facultades a la UIF para que lo incaute, y que se mande al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y que se use exclusivamente para seguridad pública”, abunda el exsecretario del Trabajo de esa entidad.
Si bien admite que existen subejercicios presupuestales en materia de seguridad, el diputado morenista afirma que en el resto del año terminarán por ejecutarse conforme a lo previsto.
Y advierte que su bancada propondrá una mejor fiscalización de los fondos del Ramo 33 que los municipios utilizan para seguridad pública.
Vamos a pedir a la Auditoría Superior de la Federación que fiscalice de manera muy puntual esos recursos, porque estoy seguro que muchos de esos programas no se están aplicando, y que se están usando de repente para fines políticos, no me consta, hay que revisarlo”, comenta el diputado Gutiérrez Gutiérrez.
EL PROBLEMA SON LAS PRIORIDADES
Para la oposición, sin embargo, el problema son las prioridades del gobierno. Y así lo plantea el diputado Carlos Alberto Valenzuela González (PAN), secretario de la Comisión de Hacienda en San Lázaro.
Explica que tras dos trimestres transcurridos respecto al ejercicio fiscal 2022, las dependencias con mayor subejercicio son la Presidencia de la República con el 45% no ejercido; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con el 26%; la Secretaría de Salud con el 19 por ciento, la Secretaría de Defensa Nacional con el 18% y la de Bienestar con el 17 por ciento.
Resulta preocupante que secretarías como la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Salud tengan estos subejercicios, tratándose de temas visiblemente apremiantes para el país, y considerando que el mes de julio es el más violento del año y que en el caso de la SSPC es una de las dependencias con mayor incremento presupuestal en comparación con el 2021 de un 47 por ciento”, resalta el legislador de oposición.
Señala que, según el calendario de la Secretaría de Hacienda para 2022, en el caso de Salud se tenía aprobado gastar 59 mil 838 millones de pesos y, sin embargo, sólo utilizó 41 mil 136 mdp. “Un subejercicio de 31%, por 18 mil 702 millones”, precisa.
Y si se compara con el año previo, el gasto de Salud del periodo enero-abril fue 16.2% menor, en términos reales”, contrasta.
HAY IMPROVISACIÓN
Por su parte, José Francisco Yunes Zorrilla (PRI), secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, centra el análisis del subejercicio en el segundo trimestre de este año, y atendiendo las cifras del Informe sobre la Situación Económica, Finanzas Públicas y Deuda, enfatiza que el renglón de la Seguridad Nacional arrastra un subejercicio del 22.8%, una cifra que podría implicar cerca de mil 300 millones de pesos. “Son recursos que al primer semestre de este año tendrían que haberse ocupado y no ha sido así”, señala.
Expresidente municipal de Perote, el legislador priista aclara que este retraso no implica que puedan ejercerse el presupuesto pendiente en el resto del año.
En materia, por ejemplo, de asuntos de orden público y seguridad interior el subejercicio es del 12%, y en Educación es del 10%”, precisa.
Comenta que un subejercicio implica que los recursos comprometidos aún no llegaron a los rubros indicados.
Indica el diputado priista que de esa situación, “en materia de seguridad, evidentemente estamos viendo las consecuencias; un subejercicio se puede explicar sólo ante la falta de conocimiento, la improvisación de quienes tienen que estar instrumentando el presupuesto en beneficio de esas áreas”.
GASTAN DE MÁS
Para el diputado Valenzuela González, el problema no es de falta de recursos, sino la ausencia de planeación y el establecimiento de unas prioridades gubernamentales que se observan en el sobreejercicio en la Secretaría de Energía con el 100%, es decir, el doble de lo asignado.
Le sigue la Secretaría de Gobernación con 73%, Turismo con 67%, la Comisión Nacional de Hidrocarburos con el 33% y la Secretaría de Relaciones Exteriores con el 13%”, enumera el panista.
Puntualiza que este sobreejercicio se refleja en la inversión adicional destinada a obras insignias de la actual administración: la Refinería Olmeca cuenta con un sobrecosto de 200 mil millones de pesos, 125% más de lo estimado.
Con el Tren Maya se ha advertido un sobrecosto de 290 mil millones de pesos, 300% más que la primera cantidad anunciada. Y con respecto al AIFA los sobre costos son alarmantes”, dijo.
Señala que, para su bancada, ante este panorama, se requieren reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de que las adecuaciones presupuestarias que representen una variación mayor al 5% del presupuesto total del ramo sean determinadas con la aprobación de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
El diputado Valenzuela sostiene que esta modificación es viable y justificada, porque es facultad de los diputados aprobar el presupuesto y, por lo tanto, “resulta violatorio que los ejecutores del gasto modifiquen el presupuesto sin que la Cámara pueda decidir sobre ello”.
PROBLEMA DE ENFOQUE
Para la vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Mirza Flores, hay un problema de enfoque porque mientras se le da prioridad a la Guardia Nacional, se descuidan los temas de la seguridad municipal, dejando empobrecidas a sus policías.
La diputada de la bancada naranja se refiere al caso del Fortaseg que antes era un programa para invertir en infraestructura de seguridad, dando a las autoridades locales la oportunidad de generar alrededor microeconomías vinculadas a la confección y comprar de los equipos policiales.
Ahora dicho fondo es entregado a las autoridades estatales, donde no se tiene el conocimiento a detalle de lo que se necesita a nivel municipal: “Eso es lo que nos preocupa: cómo se han cambiado los intereses del ejercicio del gasto público, buscando más un beneficio electoral. Y no lo digo con un ánimo de crítica hacia el Presidente, sino como reflexión de que aún estamos a tiempo de dar un golpe de timón y enderezar la política pública del ejercicio de este gasto”, plantea la exdiputada local en Jalisco.
Legisladora federal por segunda ocasión, Mirza Flores considera que el hecho de que los recursos para las policías municipales no vayan etiquetados es un problema que debería atenderse si se asume que la seguridad es uno de los temas que más duelen al país.
Y alerta que la Guardia Nacional no está preparada ni capacitada para la atención actualmente deficitaria de las policías locales que requieren ser capacitadas y equipadas permanentemente para ofrecer los servicios comunitarios más urgentes, ante el robo y la violencia.
Pone la parlamentaria de MC otro ejemplo: el recurso que se aprobó para 2022 de más de 420 millones de pesos para los 75 refugios para mujeres violentadas “no se ha entregado en un 80 por ciento”.
CUIDADO CON EL DINERO INCIERTO
Respecto a la propuesta del gobierno de adelantar este 2022 los recursos para la seguridad municipal que se tendrían en 2023 y 2024, confirma que ésta se ha venido trabajando ya con los gobernadores.
Considera que se trata de “una reforma muy arriesgada, porque quieren apostarle a la seguridad con un dinero que no tienen presupuestado, un dinero futuro incierto, y en eso deberemos de poner mucha atención los legisladores federales, y no votar de manera irresponsable”.
Explica la diputada Flores que con esa iniciativa “quieren endeudar, vamos a decirlo así, las arcas del gobierno en tiempos futuros, es decir, que se vaya pagando en los siguientes tres años, que incluso sea transexenal este compromiso económico de invertir en la seguridad, en equipamiento para las policías municipales y estatales, con dinero que quedé comprometido a pagarse en los siguientes 3 años”.
Advierte la legisladora que de cualquier forma habría que tomar en cuenta que los equipos en este ramo tienen un tiempo de vida de apenas tres años. De manera que cuando se terminen de pagar los recursos que se pretenden asignar por adelantado, la infraestructura en la que se invertirá el dinero futuro ya sería inservible.
