PAN debe probar que hay corrupción en el Orfis: Vicente Aguilar

Que dé a conocer nombres de alcaldes y municipios a los que les solicitaron moches para limpiar sus cuentas

Política

Nicolás Cruz Hernández - 2022-08-30

“Si el PAN dice que hay corrupción en el Orfis, que lo pruebe y de nombre de quienes son los ex alcaldes y de cuales municipios han sido visitados por funcionarios del ORFIS que ofrecen maquillar las cuentas públicas del 2021”.


Así lo dijo en conferencia de prensa el coordinador estatal del partido del trabajo Vicente Aguilar Aguilar al comentar lo expresado por el dirigente del PAN en el Estado, Federico Salomón Molina en el sentido de que tres ex alcaldes de Acción Nacional habían sido visitados por intermediarios, supuestamente enviados por el ORFIS, que ofrecieron maquillar sus cuentas públicas del ejercicio 2021.


Reiteró que habría que exigirle a este dirigente informe de nombres y cargos, tanto de Ayuntamientos como de supuestos funcionarios que los visitaron para que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes., que se enteren todos aquellos incrédulos que continúan intentando sorprender a presidentes municipales.


De acuerdo a Vicente Aguilar, “esos actos ya no suceden y se terminaron con la cuarta transformación.


Los panistas aún no aceptan que “se terminaron las corruptelas con la Cuarta Transformación”, y remató diciendo que el PT se une a las manifestaciones del Diputado Juan Javier Gómez Cazarín quien declaró que el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Vigilancia, cumple su responsabilidad de fiscalizar los recursos públicos y su correcta aplicación y no tolera actos de corrupción.


No Debe desaparecer prisión preventiva como pretende Suprema Corte de Justicia


El Partido del Trabajo se manifiesta a favor de que se mantenga la prisión preventiva como medida cautelar aplicable a presuntos delincuentes, siempre y cuando esté relacionada con los delitos graves, los cuales deben ser revisados y evaluados nuevamente.


Dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pretende derogar la prisión preventiva reformando el artículo 19 de la Constitución. Lo cual según Vicente Aguilar sería contraproducente; toda vez que existen delitos cometidos donde el infractor es atrapado in infraganti; como son, los asaltos a medios de transporte en donde los delincuentes quedan grabados.


Otro ejemplo son aquellos delitos en los que se presume actos de corrupción efectuados por funcionarios; con la existencia de indicios suficientes de culpabilidad, los infractores deben sufrir la medida cautelar, con ello, se evita la fuga y la sustracción de la justicia.



Destacar que será el próximo lunes 05 de septiembre, cuando la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN) discutirá el futuro de la prisión preventiva oficiosa,
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el máximo tribunal discuta sobre si esta medida cautelar debe o no permanecer en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la figura jurídica que ha sido criticada por organizaciones defensoras de los derechos humano y especialistas en la materia.



El proyecto del ministro Luis María Aguilar, considera que la medida es violatoria de derechos humanos previstos en los tratados internacionales.



“No hay ningún argumento a favor de la existencia de esta figura, que no se encuentre ligado al uso arbitrario del poder punitivo, argumentar en favor de su vigencia sólo puede hacerse a la sombra de los derechos humanos y de forma ajena a la realidad imperante en este país”, dice la propuesta.


En respuesta, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, pidió a la Corte que no se elimine esta figura ya que se considera fundamental en la procuración de justicia en algunos delitos.


La prisión preventiva oficiosa se aplica en automático por el juez cuando un acusado es vinculado a proceso por alguno de los 16 delitos previstos en el artículo 19 de la Carta Magna.


Entre los delitos que contemplan esta medida, se encuentran el abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, robo al transporte de carga, robo de combustible huachicol, entre otros.