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Por la descarga eléctrica que sufrió una persona con cables propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Distribución, contiguos al domicilio donde se encontraba la víctima, en Veracruz, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a esta empresa pública reparar el daño, brindar atención médica al afectado y otorgarle una compensación justa.
En su recomendación 182/2022, dirigida al director general de la CFE Distribución, Guillermo Nevárez Elizondo, la CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos a la integridad personal y de petición de la víctima, quien como consecuencia de la descarga, en 2021, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 25 por ciento de su cuerpo, la amputación del antebrazo izquierdo y afectaciones en otras partes.
Explicó que la investigación del caso permitió documentar la inobservancia de la normativa que prevé la separación de inmuebles con las líneas aéreas de media tensión de la CFE. “El análisis técnico realizado sobre la instalación eléctrica arrojó que ésta no cumplía con la distancia mínima establecida para evitar un riesgo a las personas que habitan en el domicilio, ya que la separación vertical con respecto a la vivienda debe ser de 4.10 metros y la instalación en cuestión solo tiene una separación de 2.85 metros, y una transición de 4.21 metros, cuando ésta debe ser de 4.97 metros”.
Indicó que aun cuando la empresa estatal argumentó que la línea de media tensión fue instalada en 1997 y la construcción del inmueble donde sucedió el percance fue posterior a esa fecha, este hecho no la exime de responsabilidad, pues su personal realiza anualmente inspecciones y mantenimiento a la instalación, por lo que las personas servidoras públicas debieron percatarse del peligro que existía y que aún persiste.
Por otro lado, la CNDH expuso que la CFE Distribución vulneró el derecho de petición de la víctima, ya que, el 26 de abril de 2021, solicitó la reclamación administrativa correspondiente, pero la respuesta que recibió se emitió de forma negativa, después de más de siete meses, sin que la autoridad hubiese manifestado los impedimentos jurídicos o administrativos que ocasionaron dicha dilación.
Ante ello, la Comisión Nacional también solicitó a Nevárez Elizondo colaborar en el seguimiento de la denuncia administrativa que se presente ante la Unidad de Responsabilidades en la CFE; obtener un dictamen sobre el estado físico y de seguridad de las instalaciones aéreas y demás equipo asociado a la Red de Energía Eléctrica ubicada en el lugar de los hechos, y emitir una circular en la que se instruya implementar medidas de prevención y supervisión de las instalaciones eléctricas, a fin de garantizar la seguridad de las personas.
