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Con 466 votos a favor, uno en contra y 27 abstenciones de Movimiento Ciudadano, el pleno de la Cámara de Diputados disminuyó de 50% a 25% el tope de reducción de las transferencias públicas que reciben los partidos políticos cuando deban pagar una multa.
Se trata de un cambio que disminuye a la mitad las penalizaciones que aplica y sancionan los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Al defender la reforma, los morenistas aprovecharon para cuestionar al árbitro electoral.
La actual regulación que permite al INE retener por el pago de las sanciones impuestas hasta un 50% de las ministraciones que reciban los partidos, es imposible para que sea efectiva la equidad política entre los partidos”, sostuvo el diputado Hirepan Maya (Morena).
El dictamen, enviado a los senadores para que continúe el proceso de aprobación, modifica los artículos 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 23 de la Ley General de Partidos Políticos.
Propuesta por el diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna, quien ha sido representante de ese partido ante el INE, la reforma fue considerada por la coalición oficialista como el inicio de la ruta de cambios legislativos que en la materia habrán de impulsar en lo que resta del año.
Avalado en la Comisión para la Reforma Política Electoral de San Lázaro, el dictamen estableció que la reducción de los descuentos en caso de multas no aplicará cuando éstas sean por haber incurrido en algún tipo de violencia por razón de género, por lo que continuarán siendo de 50% sobre las ministraciones que mensualmente reciben los partidos.
Seguimos siendo conscientes de la necesidad de sancionar las conductas en contra de las mujeres y salvo ese caso, en todos los demás, la idea es que pueda reducirse este margen de descuento. No es una reforma de aplicación retroactiva, es una reforma hacia futuro”, expuso el promovente.
El diputado Gutiérrez Luna agradeció el acompañamiento de las bancadas del PAN, PRI, PVEM, PT y Morena por acompañar esta reforma.
La propuesta permite que la imposición de sanciones por la autoridad electoral no afecte el patrimonio de las instituciones políticas, la cual tenga como efecto la limitación u obstaculización de la representación popular”, expuso la diputada Graciela Sánchez Ortiz (Morena), presidenta de la Comisión de Reforma Político-Electoral.
Al justificar la necesidad de la reforma, el vicecoordinador del PT en San Lázaro, Benjamín Robles Montoya, planteó que el monto actual de 50% que establece la ley rompe la equidad, porque se deja un partido atado de manos cuando se le quitan la mitad de sus prerrogativas. “Y deja de haber piso parejo, lo cual resulta totalmente desproporcionado”, señaló.
En defensa de la reforma, el parlamentario petista arremetió en contra de los consejeros electorales: “No debemos perder de vista el abuso también y la parcialidad con que el INE aplica esta disposición en perjuicio precisamente de aquellos partidos que no hemos actuado como sus comparsas”.
Al exponer el dictamen en la tribuna, Pedro Vázquez González, enlace legislativo del Partido del Trabajo en el INE, habló de la necesidad de “dotar al árbitro de elementos claros y precisos en la aplicación de la ley, sin que con ello se violenten los derechos humanos y políticos” que la Constitución preserva.
No podemos ni debemos de dejar a interpretaciones parcializadas o con algún grado de subjetividad, la imposición de sanciones a los actores políticos y que por otra parte pongan en riesgo su deber constitucional de ser promotores de la participación del pueblo en la vida democrática”, justificó el legislador del PT.
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