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El 4 de diciembre de 2020 la Cancillería mexicana provocó desconcierto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando sostuvo, en nombre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que Ernestina Ascencio Rosario había fallecido en febrero de 2007 por una gastritis, y no a consecuencia de ser violada brutalmente por cuatro soldados en el municipio de Soledad Atzompa, en la Sierra de Zongolica, Veracruz.
Seis días más tarde, el 10 de diciembre, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, descalificó la postura oficial del gobierno: denunció que era la misma argumentación "inaceptable" que el expresidente Felipe Calderón había utilizado para exculpar al Ejército en la muerte de la mujer indígena de 73 años, semanas después de declarar la "guerra contra el narcotráfico".
En la conferencia matutina de López Obrador de ese día, Encinas aseveró que la postura "no representa las instrucciones que el presidente nos ha dado para atender estos asuntos".
En realidad, ante la CIDH, el representante de la Cancillería, Christopher Ballinas Valdés, leyó la versión de la Sedena, plasmada en un oficio que la Dirección General de Derechos Humanos (DGDH) de esa dependencia le envió en septiembre de 2019, firmado por su titular, el general de brigada Aníbal Trujillo Sánchez.
El oficio aparece entre decenas de documentos de la DGDH y de la Subsección de Asuntos Internacionales de la Sedena, extraídos junto con millones de correos electrónicos de la institución por el colectivo Guacayama. Estos archivos muestran cómo la institución castrense ha usado su influencia para rechazar el monitoreo internacional sobre violaciones a derechos humanos –al que México se comprometió cuando firmó tratados y acuerdos internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos– e imponer su versión sobre las acusaciones que involucraron sus elementos.
En el oficio dirigido a Ballinas, la Sedena negó la violación a Ascencio, que atribuyó a un error en la traducción y a un trabajo deficiente de los médicos peritos de Veracruz; la institución ni mencionó los testimonios de sus familiares, quienes encontraron a la mujer tirada en el piso, y oyeron sus acusaciones directas contra los militares.
La Sedena sostuvo que Ascencio falleció por una "anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas", y aseveró que los militares desplegados en la región actuaban "con pleno respeto a los derechos humanos de la población".
Las irregularidades cometidas por los gobiernos de Calderón y del exgobernador veracruzano Fidel Herrera Beltrán para encubrir al Ejército en la muerte de Ascencio e imponer la versión de la muerte por gastritis fueron ampliamente investigadas por Proceso, especialmente por Regina Martínez, la corresponsal de Proceso en Veracruz, asesinada en abril de 2012.
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