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En cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el marco del 21 aniversario de la muerte de Digna Ochoa y Plácido, el Estado Mexicano ofreció una disculpa pública a la defensora de derechos humanos y a su familia con el anuncio de nuevas acciones para reivindicar su memoria y trayectoria, que incluyen la designación de una calle que llevará su nombre, frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
A nombre del Estado Mexicano y en presencia de 10 de los 12 hermanos que en vida tenía la joven veracruzana, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, cumplió con el mandato de la CIDH como parte de la reparación integral del caso.
”Ofrezco una disculpa pública a Digna y a su familia porque el estado mexicano no pudo garantizar su seguridad y su integridad personal y porque tampoco garantizó su acceso pleno a la justicia”.
“Ofrezco una disculpa pública por las fallas en la implementación de los protocolos especializados para la investigación de su caso, las faltas al debido proceso y a las debidas diligencias. Ofrezco una disculpa pública porque su lucha y su memoria no pueden ser discriminadas ni estigmatizadas por su pertenencia de género ni social o cultural”, dijo.
El funcionario comprometió nuevas acciones para que las investigaciones del caso, reabierto a este año, sean diligentes a fin de esclarecer plenamente los hechos y determinar las circunstancias de su muerte.
Sobre este punto, la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que la unidad especial para dar continuidad al caso está conformada mayoritariamente por mujeres y contará con el respaldo de otras áreas de la institución.
“El grupo de trabajo se ha ocupado de diseñar un plan estratégico de investigación que ha considerado en su perfilamiento los esquemas de investigación ministerial propuestos por la ONU, así como documentos y protocolos que enfaticen que, con la debida diligencia, con perspectiva de género y en un plazo razonable ese equipo interdisciplinario se aboque al esclarecimiento de los hechos e identificar a los responsables”, advirtió.
En el Complejo Cultural Los Pinos, el subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, anunció el acuerdo de la Comisión de Nomenclatura para cambiar el nombre de la vialidad que durante muchos años atestiguó la demanda por parte de familiares y colegas de Digna Ochoa frente a la entonces Procuraduría de Justicia.
“El Acuerdo señala: Primero, la Comisión de Nomenclatura de la Ciudad de México modifica la nomenclatura de la calle General Gabriel Hernández en el tramo comprendido entre Doctor Lavista y Doctor Río de la Loza por calle Digna Ochoa y Plácido en la colonia Doctores de la Alcaldía Cuauhtemoc”
Digna Ochoa y Plácido fue encontrada sin vida en su despacho de la colonia Roma, el 19 de octubre de 2001.
Pese a los tres impactos de bala que tenía en el cuerpo, las investigaciones de las autoridades capitalinas determinaron luego de 10 años que la abogada veracruzana de 37 años que laboraba para el Centro PRODH, se había suicidado, situación que no convalidaron sus familiares y quienes la conocían y hoy lo volvieron a dejar en claro, particularmente Jesús Ochoa y Plácido, quien acusó a los entonces responsables del caso.
“Otro momento doloroso e indignante fue cuando Renato Sales Heredia, hoy flamante fiscal de Campeche escenificó en la propia procuraduría como se había supuestamente suicidado Digna Ochoa, aunque la parte más ruin y cobarde fue cuando las autoridades para justificar la absurda tesis del suicidio enlodaron la imagen y memoria de mi hermana.
“A Digna Ochoa la asesinaron por sus ideales y defender los derechos humanos, y precisamente por esos ideales estamos para decirte querida hermana que no vamos a parar hasta encontrar la verdad y castigar a los que te arrebataron la vida.
“Digna Ochoa no está muerta, está más vida que nunca y exige justicia”, sostuvo.
Previo a su muerte, Digna Ochoa había recibido amenazas en varias ocasiones y fue víctima de dos secuestros, debido a sus investigaciones que involucraban a algunas autoridades y líderes comunales por casos como la matanza de Aguas Blancas y los asesinatos de los campesinos ecologistas,
Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, detenidos y torturados por elementos del Ejército mexicano.
