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La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura (PJEV), Isabel Romero Cruz, afirmó que el próximo titular del Poder Judicial deberá rescindir los contratos de las ciudades judiciales "si quiere a la institución", donde ella estuvo a lo largo de 3 años y no hizo nada al respecto.
A un mes de jubilarse del cargo junto con la Administradora General (Joana Marlene Bautista Flores), refirió que en el tiempo que le queda no podrá cancelar las construcciones de la ciudades judiciales que están por hacerse.
"No creo lograr la rescisión de los contratos, pero creo que la persona que ocupe mi lugar sí lo va a hacer. Si quiere al Poder judicial, si está comprometido o comprometida con el Poder Judicial no debe de aceptar que se construyan esas ciudades judiciales. Es una carga muy grande para el Poder Judicial", subrayó.
Para Romero Cruz no se debe destinar más dinero a dichos inmuebles "que se ven bonitos por fuera, pero que con el tiempo por dentro no funcionan", dijo para excusarse de no haber cumplido con su palabra en el tiempo que estuvo al frente del PJEV.
"Me sobraron ganas para rescindir los contratos, porque el Poder Judicial no va a poder con esa carga tan grande si se siguen construyendo esas ciudades judiciales. Yo no estoy de acuerdo; creo que la ciudadanía menos", expresó.
Hay que recordar que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) exhibió que, al cierre de la Cuenta Pública 2021, existían todavía 12 Ciudades Judiciales que no contaban con avance físico alguno la cuales son Orizaba, Tantoyuca, Huayacocotla, Perote, Coatzacoalcos, Zongolica, Poza Rica, Minatitlán, Chicontepec, Tierra Blanca, Ozuluama y Álamo Temapache.
Respecto a su jubilación, aseguró que ya está lista para concluir su cargo como magistrada presidenta, luego de que el Congreso del Estado le otorgó una prorroga para continuar en el cargo hasta el próximo 30 de noviembre.
Explicó que una vez que se jubile será el pleno del Tribunal Superior de Justicia el que defina a su sucesor y a los cargos cercanos a la presidencia, como el de la Administradora General, cargo que ocupa actualmente Joana Marlen Bautista Flores, polémica funcionaria que se ha visto inmiscuida en infinidad de señalamientos por corrupción, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, manejando a su antojo el millonario presupuesto del PJEV que supera los Mil 700 millones de pesos cada año, y estuvo 3 en dicho cargo.
"Se convocará al pleno, todos los presidentes de Sala son ellos quienes eligen al nuevo presidente, por cuanto hace a mi salida no es necesario convocar al pleno. Me voy contenta; me hubiera gustado hacer más todavía, pero creo que el tiempo ya no me lo permitió, sin embargo, estoy muy contenta por lo que hice, sobre todo combatir la corrupción", dijo en tono sarcástico.
Romero Cruz pasa por alto que ella llegó en el año 2020 a la Presidencia del Tribunal luego de empujar para que su antecesora Sofía Martínez (quien reveló el gran fraude que significó la contratación vía Asociaciones Público Privadas, de compañías para construir dichas ciudades judiciales ligadas al ex gobernador Yunes Linares y al ex presidente del PJEV Edel Álvarez Peña) fuera removida del cargo, por lo que Isabel Romero tuvo 3 años (2020-2021-2022) para actuar, pero no lo hizo, se dedicó a saquear al Poder Judicial junto con sus cómplices con temas como aviadores, salarios excesivos, empresas fantasmas, contratos millonarios a dedazos y una severa crisis financiera nunca antes vista que orilló a pedir al Congreso Local un "millonario rescate financiero" del organismo autónomo durante los dos últimos años.
