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La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) calcula que al cierre de este año se habrán regularizado más de un millón 200 mil autos usados provenientes principalmente de Estados Unidos, cifra que es superior a las ventas esperadas de autos nuevos, afectando con ello el mercado formal y beneficiando directamente a la delincuencia organizada dedicada al contrabando de estas unidades.
Pese a esto, el gobierno federal anunció ayer que ampliará la vigencia, del 1 de enero al 31 de marzo de 2023, del decreto que permite la legalización de los llamados autos chocolate, el cual se esperaba terminaría el 31 de diciembre de 2022.
Para finalizar este año, se regularizarán e importarán más vehículos extranjeros que nuevos vendidos en el mismo lapso: hasta un millón 200 usados contra un millón 70 mil nuevos, regresando a los peores tiempos de este fenómeno en 2005”, dijo Guillermo Rosales, presidente de la AMDA.
El directivo insistió en que este decreto no beneficia a las familias más pobres como lo argumenta el gobierno federal, sino a la delincuencia organizada que se dedica a introducir al país de manera ilegal los autos usados que en Estados Unidos ya son considerados basura.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, informó que se llevan regularizadas un millón 47 mil 142 unidades de contrabando.
No obstante, siguen entrando miles de vehículos de contrabando principalmente por la delincuencia organizada que controla a quienes operan el tráfico, la venta y distribución de estos vehículos”.
Dichas unidades ya no cumplen con los estándares básicos de calidad y seguridad.
Antes del Decreto de regularización el problema se limitaba a los estados fronterizos, ahora el país se está inundando con estas unidades de desecho”.
La AMIA impulsa eléctricos
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) está participando con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la elaboración de las normas que permitirán el desarrollo de la red de electrolineras y para la fabricación de baterías que usarán los autos eléctricos.
Fausto Cuevas, director del organismo, dijo que la autoridad debe tomar en cuenta una serie de factores, principalmente técnicos y de tecnología, para lo que será la nueva infraestructura que permita en México la evolución hacia la electromovilidad.
Es importante destacar que hay diferentes tecnologías y cargadores, conectores para la recarga de los vehículos y habrá que tomar en consideración estas características”.
Aseguró que, para poder acelerar la transición hacia la electromovilidad, es necesario hacer una planeación sobre el desarrollo de una amplia red de estaciones de carga, así como de su ubicación estratégica.
Se requiere de “un modelo de negocio que permita que quienes adquieran un vehículo eléctrico pierdan el temor de que pudieran quedarse parados en una región o en un lugar donde no tuvieran forma de recargar la batería de sus vehículos. Es algo que se debe tomar en cuenta y estaremos participando en estos procesos para la emisión de las normas”, dijo el director de la AMIA.
Actualmente la CRE ya está trabajando en la creación de una normatividad que permita regular e impulsar la instalación de electrolineras, así como las tarifas que se cobrarán para la recarga de autos.
Cabe mencionar que en 2019 se emitió una regulación para que los centros comerciales pudieran vender, en este caso electricidad, tanto a los locales como a los centros de carga de algunas empresas y lo que se está discutiendo es si este esquema se ampliará para las electrolineras o si se creará un nuevo modelo, pues el objetivo de esta regulación es dar certeza a las inversiones.
Según información de la CRE, en México ya se han instalado mil 189 electrolineras que en total tienen dos mil 193 cargadores. Sin embargo, el objetivo es poder ampliar esta red en todo el país.
