La auditora del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos, informó que algunas denuncias presentadas a dicho órgano de fiscalización por presunto desvío de recursos en municipios se han presentado sin concluir la fase de fiscalización, pero se hacen por temas “obvios” de posible desvío de recursos públicos.
Al dar respuesta a los cuestionamientos de los legisladores locales, en su comparecencia en el congreso local de Veracruz. Destacó que, de esas, el 80 por ciento tiene seguimiento de la fiscalía general del Estado, con la idea de sancionar a los funcionarios que incurrieron en daño patrimonial, y, recordó, corresponde al Poder Judicial determinar si hay castigo o no.
“Las sanciones penales a las que los servidores y ex servidores públicos pueden ser acreedores, de las denuncias, son impuestas por el Poder Judicial y puede consistir en sanción pecuniaria, multa, destitución, inhabilitación para desempeñar cargos, entre otras”, comentó. Dijo que, derivado del procedimiento de fiscalización, de 2007 a la fecha, el ORFIS ha interpuesto 293 denuncias penales por más de 35 mil 570 millones 397 mil pesos.
Cuestionada sobre el avance de la atención, mencionó que en noviembre y diciembre del 2022 y enero del 2023, se han estado presentando nuevas denuncias penales a las que se les da seguimiento.
“Hemos presentado denuncias en virtud de la manifestación que la comisión de Vigilancia nos ha hecho, respecto de la necesidad que, en territorio, tiene las personas que saber qué está haciendo el Orfis, de qué manera está combatiendo la corrupción en casos que son tan evidentes y obvios”.
Justificó la inmediatez de las denuncias con el argumento que las nuevas autoridades, al asumir el cargo, se dan cuenta de irregularidades administrativas, “ha habido una insistencia, que asimilamos, advertimos y queremos responde a la comisión, para que de los casos que tenemos no esperemos (a concluir el proceso de investigación y sustanciación)”. Y sin concluir la investigación relativa al procedimiento de fiscalización se presentan denuncias por hechos que podrían ser constitutivos de delitos,
“fuimos viendo y buscando en los casos que ya sabíamos que había hechos probablemente constitutivos de delito e incumplimiento de un deber legal”.
En esos momentos, dijo, se ha acudido a la Fiscalía con la idea de poder recuperar una parte del dinero que posiblemente haya sido desviado, “estamos yendo a casos específicos, que quizá no representaran todo el monto de la responsabilidad por daño patrimonial, pero que sí permiten evidenciar que el trabajo de fiscalización tiene resultados.
Delia González | Orfis |