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En una jornada de 24 horas, la 4T en la Cámara de Diputados desapareció el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y lo sustituyó por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
La nueva ley prioriza a los investigadores de universidades públicas para otorgar becas. Fue avalada con 257 votos a favor, 208 en contra y dos abstenciones pese al llamado de científicos para no apresurarla. Se envió al Senado.
Diputados de oposición criticaron que la reforma contempla la centralización y control de los proyectos de investigación y promociona un adoctrinamiento de la ciencia.
Aunque el nuevo organismo tendrá autonomía técnica y de gestión, la reforma no obliga al gobierno a asignarle una inversión progresiva anual.
En otro albazo, Morena y sus aliados extinguieron a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
El argumento fue que este organismo descentralizado no contribuía más al desarrollo del campo y se había convertido en un espacio de deuda y de “reciclaje del dinero público hacia el privado”. El petista Benjamín Robles aseguró que los beneficiarios de los créditos devolvían “nada o muy poco” al Estado.
La oposición criticó que la propuesta haya salido adelante violentando el proceso legislativo.
Concretan la desaparición del Conacyt
Lo sustituirá el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación; dará prioridad a becas para los investigadores de universidades públicas.
Por Ximena Mejía
El bloque oficialista de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista en la Cámara de Diputados aprobó la eliminación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y crear en su lugar el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Conahcti).
Con 257 votos a favor, 208 en contra y dos abstenciones, la mayoría parlamentaria en la Cámara baja se impuso, pese al llamado de miembros de la comunidad científica y de la oposición por no apresurar su discusión de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que desaparece al Conacyt.
La ley aprobada, y que aún debe pasar por la ratificación en el Senado, prevé que en la asignación de becas se priorizará a investigadores de universidades públicas.
Durante el debate de la jornada maratónica de 24 horas, diputados del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano criticaron que la reforma contempla la centralización y control de los proyectos de investigación.
La oposición en San Lázaro manifestó que se atenta contra la libertad de investigación y se promociona un adoctrinamiento de la ciencia por parte de Morena.
El diputado del PAN, y exdirector del Conacyt, Juan Carlos Romero Hicks, acusó a Morena y sus aliados de desperdiciar una oportunidad de consenso con la comunidad científica para generar una Ley de Ciencia que realmente impulsara la innovación. Visualizó una serie de futuros litigios en la materia.
“Una ley que no tutela la innovación, la propiedad intelectual, los centros públicos, no puede ser el proyecto al que estamos esperando”, expresó.
La diputada por el PRI, Cynthia López Castro, acusó al bloque mayoritario de aprobar una Ley que viola la libertad de investigación.
“Es vergonzoso que lo único que pedía la comunidad científica es que se le dieran el 1% del presupuesto y ni eso pudieron darle”, señaló la legisladora a tribuna.
Su compañero de bancada, Brasil Acosta Peña hizo un llamado a la comunidad científica a hacer un frente a favor de la ciencia, luego de que se acusara por parte de la oposición de que el proyecto no pasó por el debido proceso.
La diputada del PRD, Olga Luz Espinosa, señaló a la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, promotora de la ley, de impulsar el conflicto de intereses al integrar al sistema nacional de investigadores a su mamá y al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
En favor del dictamen, la diputada del PT, Ana Karina Rojo Pimentel, aseguró que el dictamen destaca que el dictamen reivindica el carácter humanista y el quehacer científico y tecnológico.
Contrario a la queja de la comunidad científica, la petista dijo que se escuchó a las minorías argumentando que hubo 276 modificaciones, incluso, aseguró que tuvo el consenso de la comunidad. Minimizó la postura en contra de la oposición y advirtió que, como grupo mayoritario harán uso de sus votos.
El dato
Operación
El director del nuevo organismo sería designado por el titular del Ejecutivo y los recursos destinados al fomento de actividades en la materia se entregarán sin intermediarios.
Diputados ponen fin a la Financiera Rural
Argumentan Morena y aliados que el organismo ya no contribuía más al desarrollo del campo y además tiene una elevada cartera vencida de créditos.
Por Ivonne Melgar
La mayoría de Morena y sus aliados concretaron la mañana de este miércoles la iniciativa presidencial que extingue la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, abrogando su Ley Orgánica.
El dictamen, enviado a los senadores para continuar con el proceso legislativo, fue aprobado con 254 votos de representantes de Morena, PT y PVEM, mientras la oposición sumó 209 en contra.
El argumento de la mayoría es que el este organismo descentralizado no contribuía más al desarrollo del campo y se había convertido en un espacio de deuda y de “reciclaje del dinero público hacia el privado”, de acuerdo con las palabras del diputado Benjamín Robles Montoya (PT).
Según el legislador petista, los beneficiarios de los créditos devolvían “nada o muy poco” al Estado.
Ejemplificó Robles Montoya que “10 de sus clientes concentran el 50 por ciento del total de la cartera vencida”. Y que, en el 2021, “colocaron un total de 48 mil millones de pesos, de los cuales 21 mil 500 se los pasaron a los intermediarios ¡Vaya negocio!”.
Por Morena, la diputada Paola Tenorio Adame sostuvo que la Financiera presenta un grave desequilibrio financiero y una cartera vencida de 8 mil 454 millones de pesos, porque en su administración faltó eficiencia, eficacia, transparencia y honradez, por lo que su extinción resultaba necesaria. “Los créditos no eran para impulsar el desarrollo agrario, sino para el compadre, el amigo y el aliado, a cambio de una cuota”, resumió.
Elaborado por las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Desarrollo y Conservación Rural, y de Ganadería, el dictamen experimentó sólo un cambio, a propuesta del jefe de la mayoría de Morena, Ignacio Mier Velazco, para que se aclarara que las personas trabajadoras jubiladas y pensionadas del Sistema Rural continuarán a cargo del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural, operado por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y no afectarán los derechos adquiridos por la entrada en vigor del presente decreto.
La extinción y liquidación quedará a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y habrá de realizarse en un plazo de 180 días, una vez que entre en vigor el decreto.
Se precisa que ese proceso estará a cargo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el cual tendrá amplias facultades para actos de administración, dominio, pleitos y cobranzas; además, suscribir u otorgar títulos de crédito, y realizar cualquier acción que coadyuve a una eficiente liquidación.
En representación del PAN, el diputado Salvador Alcántar Ortega criticó la falta de cobranza anual que se dio en el actual sexenio, porque mientras en 2017 era del 95.9% 2021 fue de 89.3%.
Por su parte, el diputado del PRI y ex dirigente del sector campesino de ese partido, Augusto Gómez Villanueva, preguntó: “¿Quién es el responsable de que la Financiera se encuentre en la situación actual?”. Y reiteró su advertencia de que esta desaparición pondrá “a los campesinos en manos de los traficantes de drogas”.
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