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En cumplimiento a la sentencia dictada por el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la LXVI Legislatura del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave aprobó por unanimidad la reforma a los artículos 2 y 4 de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia de derechos de personas de talla baja.
El dictamen de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, presentado durante la Sexta Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, que registró 40 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, da cuenta del procedimiento realizado desde que el máximo tribunal del país declaró procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad 204/2020, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La instancia dictaminadora integrada por las diputadas Anilú Ingram Vallines y Ana Miriam Ferráez Centeno y por el legislador Gonzalo Durán Chincoya, presidenta, secretaria y vocal, respectivamente, dio cumplimiento a dicha sentencia en lo relativo a la celebración de una consulta y el seguimiento a las propuestas que en ésta presentaren.
El dictamen indica que la consulta debía ser: previa, pública, abierta, regular, accesible, informada, significativa y transparente, dirigida a personas con discapacidad, particularmente a las de talla baja o gente pequeña, incluidas las niñas y los niños con discapacidad, sus familias, personas que las cuidan o apoyan, así como organizaciones e instituciones de y para personas con discapacidad.
La consulta constó de cinco etapas: preparatoria, informativa, deliberativa/consultiva, de integración y de resultados. A su vez, la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables emitió dos documentos para normar el proceso de consulta: el Protocolo y la Convocatoria.
Con la presencia y participación de las y los representantes populares de esta legislatura, autoridades estatales, representantes de la academia y de asociaciones y organizaciones civiles, en el foro consultivo, celebrado el 26 de mayo de 2023 en el Palacio Legislativo, en diálogo con la Comisión Permanente, las personas participantes recibieron todas las facilidades para presentar sus opiniones, consideraciones y propuestas.
De lo expuesto por las y los participantes, se concluyó que existe consenso respecto de que la talla baja o cualquier otra alteración de talla sí es una discapacidad física, que debe llamarse “personas de talla baja” o “gente pequeña” a quienes la viven y eliminarse el concepto “trastorno de talla” por tratarse de un “lenguaje prejuicioso de la discapacidad”, como lo resolvió la SCJN.
Asimismo, están de acuerdo en que la talla, la condición económica, el embarazo, la identidad política, la lengua, la situación migratoria o las preferencias sexuales de las personas con discapacidad no sean motivo de discriminación y que así se considere en la Ley.
Estas demandas están contenidas en la Iniciativa, turnada a la misma comisión permanente, y vertidas en los textos plasmados en el dictamen, aprobado este día por el Pleno, para la fracción XI del artículo 2 y para el primer párrafo del artículo 4 de Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del estado.
En la presentación de este dictamen hicieron uso de la palabra desde la tribuna los ciudadanos Jacob Zayas García y Austreberto García Benítez.
En los posicionamientos, el legislador Gonzalo Durán Chincoya, del Grupo Legislativo de Morena, el diputado Miguel David Hermida Copado, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), y la legisladora Anilú Ingram Vallines, del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), manifestaron el sentido de su voto. Participó también el diputado Jaime Enrique de la Garza Martínez.
