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El diputado Jaime Enrique de la Garza Martínez presentó una iniciativa por la que propone reformar la Ley de Operaciones Inmobiliarias para el estado de Veracruz, en materia de certificación a los asesores inmobiliarios de la entidad.
De acuerdo con el planteamiento, emanado de la iniciativa privada, a los asesores inmobiliarios que cumplan en tiempo y forma con los cursos de certificación y actualización en la materia el Gobierno del Estado les expediría una certificación que legitime la eficiencia de sus servicios. Asimismo, prevé la creación de un Padrón Único Estatal que estaría integrado por los asesores acreditados en capacitación constante en las operaciones inmobiliarias.
La iniciativa contempla también modificar el organismo regulatorio de estas actividades, pasando de la Secretaría de Gobierno (Segob) a la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), al considerar a ésta más acorde con las operaciones inmobiliarias en materia económica. En cuanto a derechos humanos, propone derogar la referencia de antecedentes penales, por considerar que puede constituir actos de discriminación contra la persona.
Durante la exposición de motivos, el legislador señaló que el sector inmobiliario aporta en el estado miles de empleos directos e indirectos, dejando una importante derrama económica, por lo que juzgó imperante prever su profesionalización, toda vez que, dijo, dicha actividad conlleva una gran responsabilidad.
“No se trata de una simple labor de venta, sino que tiene alcances significativos como los jurídicos, legales y de transparencia y que, de no ser considerados adecuadamente, puede repercutir en la vida de los involucrados que compren o renten un inmueble, un terreno o cualquier tipo de propiedad, poniendo en duda el patrimonio de las familias veracruzanas”, finalizó.
Tras la adhesión de los Grupos Legislativos del PRI y del PAN, de las diputadas Citlali Medellín Careaga y Maribel Ramírez Topete y de los legisladores Othón Hernández Candanedo, Hugo González Saavedra y Fernando Arteaga Aponte, la iniciativa fue turnada a las comisiones permanentes unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Corredor Interoceánico, Zonas Libres y Desarrollo Económico.
